Uno de los sectores más golpeados por la Cuarta Transformación en Baja California es la seguridad pública y la procuración de justicia. La “súper fiscalía” que vendría a resolver todos los problemas de violencia que se viven en la entidad, estuvo más ocupada en gozar la opulencia, pasearse con escoltas y lucirse en todas las fotos posibles, que en obtener resultados exitosos en el combate a la inseguridad y la violencia. Ha quedado más que claro que la dignificación de policías, fiscales y peritos por parte del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, quedó en palabras, o bueno, solo benefició a su selecto grupo de amigos y súbditos. El primero de mayo, “El Titi” Ruiz citó a todos los mandos en las oficinas del World Trade Center (WTC) en Tijuana para presumirles un incremento salarial sustancial a todos los elementos operativos de la institución. Promesa que llevan 10 años esperando, pues desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán, no se les incrementa el sueldo. Mientras los subalternos de Ruiz Hernández aplaudían, los mandos y fiscales de bajo nivel permanecían escuchando incrédulos, incluso molestos, pues tal incremento salarial fue prometido para la primera catorcena de junio, es decir, una semana después de las elecciones. No tuvieron que analizar mucho la situación para darse cuenta que se trata de una medida desesperada por parte del fiscal para ganar la simpatía de sus subordinados, especialmente luego que el candidato del Partido Encuentro Solidario les había prometido exactamente lo mismo: un aumento de salario que ni Bonilla ni “El Titi” les cumplieron. Hoy en día, la tropa no cuenta con combustible para traslados en tiempo y forma, al grado que han dejado de acudir a algunos incidentes por no disponer de gasolina en las unidades; tampoco tienen equipo de calidad ni uniformes suficientes. Aparte, el fiscal aún no reconoce la antigüedad de los policías, peritos y ministerios públicos, misma que perdieron con la reforma de la nueva Ley de Seguridad Pública, por lo que agentes con 25 años de servicio están preocupados por su futuro. A pesar de esto, dicen los trabajadores de la Fiscalía General del Estado, su titular aún cree que puede ganarse a sus subordinados con un anuncio de este tipo, el cual no cuenta con sustento y condicionado una vez pasadas las elecciones.
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