Una reforma a la Ley de Notariado del Estado enviada por Jaime Bonilla Valdez al Congreso de Baja California -de mayoría morenista-, pretende otorgar aún más facultades al Poder Ejecutivo para repartir notarías a placer, incluso sin la necesidad de que realicen exámenes para alcanzar el nombramiento. Argumentando “justicia social”, la actual administración ya “regaló” varias notarías a amigos y allegados, incrementando el poder notarial a familiares de Xicoténcatl Leyva Mortera, ex mandatario y padrino del actual gobernador
El gobernador Jaime Bonilla Valdez se encuentra ya en el ocaso de su gobierno. Su frenético declive se dio a partir del 11 de mayo de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio palo a su intentona de perpetrarse en el poder por tres años más por los que fue electo. A partir de ese momento, el mandatario se desbocó.
A escasos meses de concluir su gobierno y con una gobernadora electa de su partido, el mandatario alista su salida, no sin antes repartir uno de los últimos botines políticos: las notarías.
Tal y como lo hiciera su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, a quien tanto han criticado, Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, enviaron una iniciativa al Poder Legislativo con fecha de recibido del 7 de junio -un día después de la elección- para modificar una serie de artículos a la Ley del Notariado de Baja California, la cual permite al titular del Poder Ejecutivo estatal, otorgar discrecionalmente el permiso de fe pública a cualquier licenciado en Derecho.
Además, reduce el número poblacional a un notario por cada 30 mil habitantes, lo cual, según el abogado Guillermo Rivera Millán, del despacho De la Peña-Rivera, le permitiría distribuir libremente poco menos de 130 sellos notariales en BC y abre la posibilidad de que funcionarios “compren” las patentes por medio de un soborno.
De igual forma, permite “burlar” a los actuales aspirantes a notario que hicieron su primer examen y esperan se abra una nueva patente para competir de manera objetiva.
Víctor Lujano, quien fue subsecretario jurídico de “Kiko” Vega y autor de la reforma a la Ley de Notariado de 2015, aplaudió -a medias- la iniciativa, pues finalmente se le otorga la razón al reconocer la urgencia de una mayor cantidad de patentes, lo que se traducirá en un menor costo de los servicios.
Sin embargo, reconoce que la modificación podría impactar de manera negativa al reducir los criterios de selección de titulares de patente, hecho que desdibuja algunas de las propuestas que son positivas.
ZETA buscó una entrevista con el presidente del Colegio de Notarios de Baja California, Xavier Ibáñez Veramendi, para la realización de este reportaje, y pese a que la reforma podría afectar a su gremio, decidió no emitir posicionamiento; también se buscó una opinión del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, pero indicaron que antes de expresarse, conversarían con el representante del colegio local, lo cual, hasta el cierre de esta edición -jueves 24 de junio-, no ocurrió.
En el mismo sentido fue buscado el diputado Juan Manuel Molina, quien tampoco brindó algún comentario al respecto.
LA REFORMA NOTARIAL DE BONILLA
El 7 de junio de 2021, Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado para modificar artículos en la Ley de Notariado de Baja California, el Código Civil de Baja California y la Ley de Registro Civil de Baja California. El documento dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Eva Gricelda Rodríguez, consta de 25 páginas.
Aunque es una reforma a varios artículos que otorga facultades a los notarios para auspiciar matrimonios y simplificar los procesos de divorcio, además de obligar al notariado a brindar servicios gratuitos 30 días al año, el trasfondo de la iniciativa es otorgar facultades para facilitar el otorgamiento de la función notarial.
El Artículo 17 de dicha reforma establece: “En el Estado de Baja California habrá el número de notarías que el servicio de la población amerite a razón de un Notario por cada 30 mil habitantes”.
Y agrega: “El Ejecutivo Estatal podrá nombrar titular de una Notaría de Nueva Creación a cualquier profesional del derecho con experiencia, capacidad y eficiencia para desempeñar la función Notarial atendiendo a la Equidad de Género, la necesidad de los grupos sensibles, vulnerables y de escasos recursos económicos y a sus antecedentes curriculares; quienes estarán obligados a brindar servicios sin costo alguno a las personas de vulnerabilidad económica durante un periodo de 30 días por año”.
Dicho párrafo también indica que, para ello, el aspirante a notario designado por el gobernador deberá cumplir con los primeros tres requisitos del Artículo 26 de la misma Ley:
- Ser mexicano por nacimiento y tener 27 años cumplidos.
- Ser Licenciado en Derecho con título profesional registrado en la Dirección de Profesiones del Estado.
III. Estar en ejercicio de sus derechos civiles; haber observado y observar buena conducta; no pertenecer al estado eclesiástico; y en caso de haber litigado gozar el buen nombre en el medio judicial y con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio del derecho, en cualquiera de sus ramas.
Con ello, la reforma deja fuera todos los requisitos relativos a la experiencia notarial, realizar un examen y aprobarlo; no contar con una enfermedad que afecte sus facultades intelectuales o físicas; tener residencia en el Estado al menos por cinco años y no haber sido condenado a una pena privativa de la libertad, por lo que si el mandatario estatal decide elegir a una persona con antecedentes penales que reside en otra entidad y sin experiencia notarial, salvo por tres años de ejercicio en el Derecho, puede hacerlo.
“El candado que elimina es contundente, es para que el Ejecutivo, específicamente para el secretario general de Gobierno, entregue de manera directa las notarías, y eso quiere decir que se brinca el concurso de oposición, prácticas notariales que se deben analizar por los colegios de notarios donde se verificaba el conocimiento y veracidad de los notarios”, refirió el abogado, el cual reclamó que el Poder Ejecutivo no presentó un estudio de viabilidad que justifique el otorgamiento de una notaría por cada 30 mil habitantes, lo que significa que al contar con una población de 3 millones 360 mil habitantes, se requerirían 125 notarios, a diferencia de los 94 que actualmente refiere la Ley.
Para Víctor Lujano Sarabia, abogado del Partido Acción Nacional, de concretarse la reforma, la patente notarial se volvería un chiste que ni en la época de los años 70 y 80 se vivió, e hizo una comparación con la película mexicana la “Ley de Herodes”.
“Esta iniciativa, si bien pareciera que lo hacen para esconder el verdadero motivo, cuando los faculta para realizar matrimonios, cuando los obliga a una labor social, está reconociendo algo que siempre se ha dicho, tenemos un notariado de élite, fifí, arrogante, caro, aunque lo nieguen; y el gobierno hace estos esfuerzos para acercar el servicio a la población, ‘no te bajo el arancel porque pegas de gritos, no nombro más porque hay más competencia’”, refirió el ex abogado electoral del PAN, quien aseveró que cuando la administración kikista otorgó notarías, lo hizo en zonas en las que era urgente un espacio para ello, como Palaco, Los Algodones y Virreyes, con la finalidad de no concentrar el cuerpo notarial en la colonia Nueva de Mexicali, comunidad económicamente favorecida.
La iniciativa también restringe las aspiraciones a las notarías, toda vez que, argumentando la “equidad de género”, limita la posibilidad de registrarse como aspirante a notario, a solo diez personas por año, las cuales se dividirán de manera equitativa entre hombres y mujeres, cuando actualmente se recibe un registro libre de interesados a realizar un examen.
Entre las reformas, la Secretaría General de Gobierno también tendría más facultades para nombrar a notarios sustitutos en caso de una ausencia de 30 días, e impide a los empleados de los notarios que hagan una diligencia; se indica que tendrá que precisar nombre y apellido de la persona y su firma, de lo contrario no podrá autorizarse tal diligencia.
LA UIF DE PATENTES
En opinión de Guillermo Rivera, el Archivo General de Notarías prácticamente se convertirá en una “UIF Notarial”, haciendo referencia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evaluar la labor de los titulares de las patentes.
El Artículo 76 de la Ley de Notariado, abre una nueva figura de suspensión para los notarios, permitiendo al Poder Ejecutivo suspender temporalmente a un notario mientras se lleve a cabo una diligencia en su contra por una falta administrativa, lo que para Rivera es una violación al debido proceso y la presunción de inocencia.
De igual manera, establece los motivos para perder la patente de la notaría, donde precisa la muerte, conclusión del plazo de duración de la misma, renuncia expresa, enfermedad que impida su función por más de dos años, edad avanzada que ocasione lo mismo y una sentencia ejecutoria.
Los artículos 169 y 186 otorgan estas facultades para ejercer visitas ordinarias y extraordinarias para determinar si se cumple con la Ley del Notariado: el Poder Ejecutivo decide cuándo y cómo se llevan a cabo estas diligencias.
En caso de incumplir con alguna Ley, estarían facultados para suspender temporalmente su función notarial y designar -luego de 30 días- a alguien que el propio Ejecutivo determine. Y de existir negativa para permitir el ingreso a revisar los libros, la patente será revocada de manera inmediata.
Mientras el abogado Víctor Lujano Sarabia aplaudió la medida, pues otorga herramientas a los ciudadanos para suspender o revocar patentes en caso de alguna irregularidad, para Rivera es una advertencia del Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es amedrentar al gremio fedatario.
“Qué pasará si está de forma discrecional, que vayan a hacer notificaciones: va a ser una tipo UIF para notarios, que cualquiera que no se alinee a los intereses del Estado, que no convenga a algún acto de autoridad, tendrá esta debilidad que tendrá esta UIF a verificar actos de notarios y los pondrán contra la pared”, ejemplificó.
Aseveró que los titulares de las patentes creen que todo se trata sobre ellos y sobre lo que van a perder, pero olvidan que su función es social y no de un grupo de élite, al que calificó como “hipócrita”, ya que durante años se le ha pedido un mayor acercamiento a la sociedad, pero no lo han hecho.
EL DOBLE DISCURSO DE BONILLA
En noviembre de 2019, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su secretario general Amador Rodríguez Lozano, ordenaron revocar las patentes de notarios que otorgó su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, al señalar que hubo actos de corrupción y tráfico de influencias para favorecer a Ricardo Padilla Leyva, hijo de la ex procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva; a Javier Mayoral Murillo, ex secretario del Registro Público de la Propiedad y el Comercio; Javier López López, abogado de Vega de Lamadrid; Rafael Angulo Cebreros y Liliana Rubio Padilla, pero protegiendo a Luis Leyva, pariente del protector político de Bonilla, Xicoténcatl Leyva Mortera.
Jaime Bonilla se envolvió en la bandera del combate a la corrupción hasta que en febrero hizo exactamente lo mismo que su antecesor, beneficiando directamente al ex gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, para crear la Notaría 39; de su sobrino, José Román Leyva Castro, hasta ese momento notario adscrito de la Notaría 5, titulada por su padre, José Ramón Leyva Mortera y ahora propietario de la patente 38; y de Tirso Adolfo Liévano Hernández, quien por unos meses fungió como director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.
Los otros cuatro beneficiados son allegados a conocidas familias de notarios:
* Ricardo del Monte Madrigal, hijo de Ricardo del Monte Núñez, titular de la Notaría 8.
* Guillermo González Castañeda, de la Notaría Pública Número 9 en Tijuana, cuyo titular es su padre, Guillermo González Herrera.
* Víctor Manuel Díaz Cuadras, abogado de notarías.
* Elsa María Novoa Foglio, quien fuera notaria adscrita y hoy abogada de la Notaría 8; le fue regalada la Notaría 29.
La mayoría de ellos eran opositores a la entrega discrecional de notarías, sobre todo Del Monte Madrigal, hasta que el gobernador en turno le regaló su propio sello a su hijo, lo que evidentemente explica el silencio del gremio fedatario.
LOS POCOS BENEFICIOS
Según los abogados Rivera y Lujano, la reforma no es totalmente desastrosa, pues existen algunos elementos rescatables, como el hecho de otorgar facultades a los notarios para auspiciar nupcias y divorcios, lo que desahogaría labor al Registro Civil y a los Juzgados.
También establece mecanismos para revisar la función de los notarios, pero Rivera considera que es una excesiva intromisión a la labor fedataria.
Otro de los puntos a favor, es obligar a que los notarios otorguen un servicio gratuito 30 días al año, por encima de los que ya establece el Poder Ejecutivo, como los testamentarios en el mes de septiembre, lo que ambos abogados consideraron positivo, ya que acercará su labor a la ciudadanía.
Coincidieron en que, si bien son buenas medidas, la intención es ocultar el verdadero interés: beneficiar a sus amigos e incluso hacer “compra de notarías”, aseveró el abogado del despacho De la Peña-Rivera.
La iniciativa del gobernador para cambiar la Ley del Notariado, fue enviada el 17 de junio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside su aliado, el abogado Juan Manuel Molina, quien declinó conceder a este Semanario una entrevista al respecto.
