Inmunidad a García Cabeza de Vaca

Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Edición Impresa lunes, 31 mayo, 2021 12:00 PM

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuenta con suspensión provisional para no ser detenido en el proceso que se le sigue por los delitos dE delincuencia organizada y lavado de dinero. Polémica sobre si aún cuenta con fuero o está desaforado, será analizada por Juez de Amparo. Se le acusa de adquirir 12 propiedades en México y Estados Unidos. Senador José Luis Lavalle Maury sigue preso por el soborno a legisladores para aprobar la Reforma Energética en 2014, y FGR integra carpeta contra ex Presidente Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray

Mientras que un juez federal otorgó una suspensión provisional que permite al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no ser detenido, independientemente del fuero constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de haber integrado una asociación delictuosa que canalizó aproximadamente 100 millones de pesos en sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética en 2014.

El mandatario tamaulipeco, con orden de aprehensión dictada por un Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, es imputado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuenta con la protección de una medida cautelar por lo menos hasta el 7 de junio, un día después de las elecciones, para no ser capturado.

El Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, concedió la suspensión provisional a García Cabeza de Vaca a cambio de la exhibición de una garantía de 100 mil pesos que tendrá efectos hasta la celebración de la audiencia incidental, en la que se resolverá sobre la concesión o negativa de una suspensión definitiva que permita al gobernante gozar de libertad en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo 669/2021.

Con este fallo judicial, la FGR no pudo asestar un golpe importante para el gobierno de la nación con vistas al periodo electoral, como sí se consumó en el caso del ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, detenido durante una audiencia realizada el 9 de abril del año en curso en el Juzgado de Distrito de Control adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en Ciudad de México. Le fue decretada la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En los considerandos de su resolución, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, quien dictó auto de vinculación a proceso en contra de Lavalle Maury por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero -derivados del caso Odebrecht-, estimó que existen pruebas para enjuiciar a otros ex funcionarios y ex legisladores por el esquema de corrupción que desarrollaron para entregar casi 100 millones de pesos, producto de sobornos de la compañía constructora brasileña a legisladores federales.

Los ex funcionarios mencionados en la denuncia que formuló ante la FGR Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y testigo colaborador, son el ex mandatario Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, además de cinco ex senadores, entre los que se encuentran José Luis Lavalle, Francisco García Cabeza de Vaca y un diputado federal; así como otros políticos involucrados en el reparto de dinero para que fuesen aprobadas las reformas estructurales del sexenio anterior, sobre todo la Energética, en los años 2013 y 2014.

FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM.- Enrique Peña nieto, presidente de la República, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, y José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante la ceremonia de Reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano.

INMUNIDAD

La suspensión provisional concedida por el Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas al gobernador García Cabeza de Vaca, es tan relevante como el fuero constitucional mismo que aún ostenta el funcionario, pues el juzgador Faustino Gutiérrez concedió la medida cautelar “para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no sea privado de la libertad”.

Para resolver sobre la suspensión, el juez que conoce del juicio de amparo primero entró al estudio del acto reclamado, que en esencia es una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, “sin cumplirse el requisito de procedibilidad relativo al desafuero o retiro de inmunidad procesal”, puesto que el promovente de la demanda de amparo tiene la calidad jurídica y política de gobernador de Tamaulipas.

Aunque el 30 de abril último, el pleno de la Cámara de Diputados erigido en Jurado de procedencia determinó en votación mayoritaria 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, que sí procede desaforar al gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Congreso del Estado de Tamaulipas no homologa la declaración de procedencia emitida por los diputados federales y preserva la inmunidad del mandatario.

La falta de coincidencia entre ambos parlamentos, federal y estatal, desató una serie de manifestaciones a favor y en contra sobre si García fue desaforado o no, pues para el titular del Poder Ejecutivo federal y sus allegados en el gabinete, así como legisladores del partido Morena, el gobernador no tiene fuero; mientras que, para autoridades de Tamaulipas y legisladores de oposición, existe un solo fuero y el funcionario en cuestión lo conserva. La situación amerita una controversia constitucional que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El juez de amparo consideró que, si el Congreso local no aprobó el desafuero, subsiste la inmunidad y el funcionario conserva su derecho hasta que concluya el periodo para el que fue electo. “Por lo mismo, se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, lo que acontecerá hasta el 7 de junio.

 

ANTECEDENTE

García Cabeza de Vaca está implicado en dos asuntos. Uno de estos, vinculado a la carpeta de investigación de Emilio Lozoya Austin y los presuntos sobornos de Odebrecht en la Reforma Energética en el sexenio anterior. Y el otro, que lleva la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), especializada en crímenes trasnacionales, por presuntos delitos en Estados Unidos y ya se ha acercado al gobierno mexicano para solicitar información.

En el caso de Odebrecht, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, señaló a diversos ex senadores de la República y ex diputados federales, entre ellos al ahora gobernador de Tamaulipas, que como secretario de la Comisión de Energía en el Senado, le extorsionaba y presionaba. Con base en dicho testimonio, la FGR judicializó el asunto, solicitando órdenes de aprehensión en contra de Francisco García y otros ex senadores, como José Luis Lavalle.

Al trascender la solicitud del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el 24 de febrero de 2021, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la transparencia del procedimiento estaba garantizada y no se trata de ninguna venganza o revancha política de ninguna naturaleza. Esa misma tarde, García Cabeza de Vaca se presentó en la Cámara de Diputados para acusar una persecución directa desde Palacio Nacional, y desde la sede del Legislativo, aseguró “nunca he violado la Ley”, y advertiría, “se orquesta una embestida política” en su contra.

El 26 de febrero, elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (UEIORPIFAM), de la FGR, entregaron seis cajas de cartón con los presuntos datos de prueba que sustentaban la solicitud de desafuero del mandatario estatal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El 1 de marzo, la Cámara de Diputados notificó al tamaulipeco el inicio del proceso del juicio de procedibilidad.

Francisco García Cabeza de Vaca aseguraba que la imputación formulada por lavado de dinero derivaba de la venta de un departamento, cuya propiedad “había sido previamente reportada en mis declaraciones patrimoniales”. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que adquirió por lo menos 12 propiedades en México y Estados Unidos con triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres. La compra de seis residencias y un terreno en una exclusiva zona de Texas, generaron una alerta en el sistema financiero por presuntos vínculos con empresas “fachada”.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados el 19 de marzo, el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, explicó que denunció al gobernador por operaciones financieras inusuales, que incluyeron la compraventa de diversos inmuebles en México y EU a través de empresas familiares, e incluso algunas relacionadas con el crimen organizado. “Las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la Sofol (Sociedad Financiera de Objeto Limitado), han sido utilizadas por el crimen organizado”, enfatizó el zar antilavado.

En dos ocasiones posteriores, la UIF amplió la denuncia contra García Cabeza de Vaca, tras presuntas nuevas evidencias para acreditar delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. Entre los datos de prueba destacan denuncias presentadas por grupos empresariales de Tamaulipas, así como asociaciones y ciudadanos de McAllen que acusaron malos manejos en la adquisición de inmuebles en Texas.

 

PEÑA Y VIDEGARAY

Tras el encarcelamiento del ex senador José Luis Lavalle Maury, y el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control en el Reclusorio Oriente, Marco Antonio Fuerte Tapia, el portal de noticias Animal Político accedió a documentos generados durante la audiencia de imputación del ex legislador, en los cuales se presume la probable responsabilidad penal de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray en el caso Odebrecht.

Foto: Cuartoscuro.com.- Jorge Luis Lavalle Maury

El juez hizo suya la teoría del caso de la FGR al señalar: “El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”.

Esta asociación criminal, añade el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray Caso, trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, provenientes de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas, destaca la nota de Animal Político.

De acuerdo con la publicación, las pruebas de la FGR para formular imputaciones se sostienen en tres declaraciones (no una, como se conocía hasta ahora) que ha rendido el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. A lo anterior se suman declaraciones de ex directivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.

Durante la audiencia, los fiscales argumentaron al juez que para facilitar la aprobación de la Reforma Energética, Peña y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista Penchyna, quien lideraba la Comisión de Energía del Senado; y el panista Lavalle Maury, quien era integrante de la misma. Este último, designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero destinado al grupo de legisladores panistas.

“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces Presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, era concretar la Reforma Energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación”, dijo el juez al resolver la situación jurídica de Lavalle.

Con estos datos, la FGR integra las imputaciones en contra del resto de los implicados, lo que podría acontecer en semanas o meses próximos.

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