El ex dirigente del PAN en Baja California, José Luis Ovando Patrón, no acudió a la audiencia de inicio para la lectura de imputación por su presunta participación en delitos electorales, al retener el 2% de su salario a militantes del PAN que fueron funcionarios durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, ante lo cual se le giró orden de aprehensión. Panistas acusan “persecución política” por parte del gobernador Bonilla
El jueves 18 de marzo se giró orden de aprehensión contra el ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, José Luis Ovando Patrón, al no acudir a la lectura de imputación en la audiencia de inicio por su presunta participación en delitos en materia electoral, según los artículos 14 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Desde entonces, para la Fiscalía General del Estado (FGE), el panista se encuentra en carácter de prófugo de la justicia.
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La denuncia que recae sobre Ovando Patrón data desde el 29 de agosto de 2019, cuando el actual secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, acudió a la Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), que posteriormente recayó en la fiscalía estatal, a denunciar la retención de recursos vía nomina de trabajadores de los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Playas de Rosarito y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California a favor de la asociación civil Centro de Estudios y Análisis Humanistas que presidía Ovando Patrón, con la cual retenía el 2% del salario de funcionarios panistas en la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
En un principio, Ovando Patrón iba acusado de coalición de funcionarios públicos y abuso de poder, pero al no haber ostentado un cargo público, se le acusó de violar los artículos 14 y 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El Artículo 14 refiere que los funcionarios partidistas que aprovechen fondos, bienes o servicios al apoyo de un precandidato, partido político, coalición agrupación política o candidato, podrían alcanzar de dos a nueve años de prisión. Mientras que el 15 refiere que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión a la persona utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello.
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ORDEN DE APREHENSIÓN, MECANISMO PARA QUE OVANDO SE PRESENTE A LA AUDIENCIA
En entrevista con Hiram Sánchez Zamora, fiscal central del Estado, explicó que cuando se interpone una denuncia, lo primero es presentar los hechos de lo que se está denunciando y a partir de ahí se define el tipo de delito. Sobre el caso de Ovando Patrón, detalló que, al no ser un funcionario público, no entraba en los delitos de coalición de funcionarios públicos ni en el de abuso de autoridad, pero sí en el de delitos electorales.
Sánchez Zamora detalló que Ovando Patrón no asistió a la audiencia de inicio en la que se haría la lectura de imputación, en su lugar presentó un justificante médico a través de su abogado, pero al no cumplir con una serie de lineamientos legales, no fue aceptado, por lo que se emitió la orden de aprehensión en contra del ex dirigente del PAN.
El Agente del Ministerio Público solicitó este mecanismo para asegurar que el imputado asista a la audiencia inicial, que se había establecido como presencial y no virtual.
“Estamos en un sistema de justicia adversarial, en el que el imputado puede hacer valer lo que considere oportuno, sin embargo, el Ministerio Público, con base en este sistema adversarial, emite los argumentos respecto de un justificante que llevó o que hizo llegar Ovando Patrón, con el objetivo de que se le tuviera por injustificada su inasistencia; el Ministerio Público consideró que no era suficiente, ofreció los argumentos para ello, la contraparte pudo argumentar a favor del imputado y el juez tomó una determinación, que consideró que no era suficiente para justificar la inasistencia, y en consecuencia se le tiene por sustraído”, argumentó el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“El Ministerio Público, en ese caso pide una audiencia privada, expone los datos para obtener este mandamiento judicial en su contra, que lo único que busca es un mecanismo de conducir a la persona que es requerida ante el Juez de Control a esta misma audiencia a la que se le había citado. Si se cumplimenta la orden de aprehensión en su contra, será conducido y a final de cuentas se hará lo mismo que se buscaba: formular la imputación, que escuche los datos de prueba con los que sustentan la acusación en su contra”, refirió el fiscal central.
Además, destacó que era una audiencia inicial, la que se inicia cuando el Ministerio Público formula imputación a los sujetos requeridos, estos escuchan la información y, dependiendo de lo que ofrezca en esa audiencia, en ese momento se puede resolver su situación jurídica o puede pedir 72 horas para ello o la duplicidad de 144 hora. De ser ese supuesto, se suspende la audiencia, después de que se escuche la imputación y los datos de prueba que van en la carpeta de investigación.
Dado que en la actualidad Ovando Patrón se desempeña como consejero electoral en Puebla, Sánchez Zamora indicó que en esos casos se envían oficios de colaboración en las entidades donde se sospecha que puede estar la persona que se busca, y que sean las autoridades estatales, las encargadas de aprehender y poner a disposición de la fiscalía al imputado, para que sea trasladado y se ponga a disposición del Juez de Control.
OVANDO PATRÓN CON PARADERO DESCONOCIDO; ABOGADO DEFENSOR, EN ESPERA DE UN MEJOR ESCENARIO
Jorge Pizano Mora, abogado defensor de José Luis Ovando Patrón, informó a este Semanario que por el momento su cliente ha decidido no dar alguna postura acerca de esta orden de aprehensión que lleva su nombre, ya que están en espera de un mejor escenario para el ex dirigente panista.
“Hablé con mi cliente y no quiere que demos ninguna declaración, probablemente la próxima semana que esté el panorama un poco más de nuestro lado, con mayor seguridad él se pone en contacto, pero por el momento nos reservamos. Desconocemos los argumentos que tuvo el fiscal, sabemos que es por una inasistencia, pero se manejan delitos electorales y estamos revisando el tema, por lo que en los siguientes días estaremos interponiendo los recursos correspondientes”, indicó Pizano Mora.
Respecto al justificante médico que no se les hizo valido, comentó: “El comprobante médico no reunía los requisitos que establece la Ley General de Salud, en relación a cuando exhibes un justificante médico, este debe ser de una institución pública y no privada. En este caso era un comprobante de un doctor privado. Además, hubo argumentos de la fiscalía para que el juez no lo tomara en cuenta ni le diera el valor que le debe”.
Y amplió:
“En el caso de Ovando fue una valoración, una nota médica con una receta de medicamentos y el comprobante donde se surtieron, en razón a eso, el fiscal le hizo ver al juez que esa nota médica había sido expedida un día antes por la tarde, entonces, argumentando que tuvo tiempo suficiente para demostrar de otra forma su inasistencia médica por una gastroenteritis aguda”.
Aunque Ovando continúa desempeñándose como delegado electoral del PAN en los comicios de Puebla, personal de Acción Nacional en Baja California y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, no pudieron localizarle, asegurando desconocer su paradero.
CLARO MANEJO POLÍTICO DEL GOBIERNO DE BONILLA: ENRIQUE MÉNDEZ
Para el actual dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez, la situación legal que envuelve a su homólogo, tiene que ver más con una cuestión política por parte del gobierno de Jaime Bonilla Valdez y sus funcionarios, a quienes señaló de realizar acciones para distraer la atención a los pocos resultados de la actual administración.
“Me parece que es una acción más del gobierno estatal por distraer la atención por la falta de resultados, creo que se están dando un claro manejo político a esta situación, por un lado; por otro, siempre lo hemos dicho, si alguien cometió un error, cometió alguna falta o algún delito, que tenga un proceso apegado a derecho y, si se le comprueba que actuó fuera de la Ley que se sancione. Pero a nosotros nos parece un claro manejo político del gobierno estatal de esta situación”, opinó.
Aunque Méndez niega tener relación cercana con Ovando Patrón, de quien solo sabe se encuentra fuera de BC realizando actividades apegadas a su carrera política, aseguró que en el partido respaldan lo que establece el Estado de Derecho, y aunque no respaldan ni juzgan al ex dirigente, saben que se ha convertido en un perseguido político del actual gobierno.
“En estricto derecho corresponde, que agote el proceso al que está sujeto, en este caso Ovando y una vez que la autoridad correspondiente determine su responsabilidad o no, entonces ya se tomarán las decisiones al interior del partido, pero por lo pronto, él tiene sus derechos políticos a salvo”, respondió Méndez Juárez ante la pregunta si Ovando perdería sus derechos dentro de la militancia del partido.
Asimismo, aprovechó para negar de forma categórica que en Acción Nacional hayan recibido recursos de manera ilegal, lo anterior a partir de los procesos de fiscalización que tanto el Instituto Estatal Electoral de Baja California como el Instituto Nacional Electoral (INE) les hacen de manera constante, y en los que hasta la fecha se han detectado recursos indebidos.
“El INE tiene procesos muy estrictos de fiscalización, permanentemente estamos siendo sujetos a revisiones por parte del INE y qué bueno, que las autoridades electorales revisan constantemente el destino que se le dan a los recursos de los partidos, porque son del pueblo, de todos los mexicanos, y puedo decir que en el PAN hemos tenido un manejo muy sano de los recursos que recibimos y no tenemos ninguna observación que los funcionarios de Morena dicen que fueron desviados al PAN. Que lo prueben, porque hasta ahorita ha sido su dicho, pero no han podido comprobar esta situación. A las arcas del PAN, ese recurso que dicen ellos que se generó, no ingresó”, sentenció.
Aceptó que en 30 años que tiene militando dentro del partido blanquiazul, los estatutos establecían dos tipos de aportación. Cuando un militante lograba ser funcionario por elección popular estaba sujeto a darle al partido el 10% de sus ingresos, y si eran funcionarios de designación, tenían que dar el 2% del salario, hasta que cambió la Ley en 2014.
“Creo que hay varios perseguidos políticos por los gobiernos de Morena, prácticamente cualquier persona que cuestione la falta de resultados y los malos gobiernos que están resultando ser los gobiernos de Morena están siendo perseguidos, señalados y criticados. Estamos ante un gobierno intolerante y autoritario que no acepta la crítica, desde empresarios, medios de comunicación y sus propios compañeros de partido, como el ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y la (alcaldesa) de Tecate, Zulema Adams u otro funcionario que no se alinee con el gobernador”, concluyó Méndez.
