Luego del desalojo de más de 80 familias que se suscitó el lunes 15 de marzo, al sur de la ciudad de Mexicali en el fraccionamiento Villa Margarita, representantes del movimiento Antorcha Campesina aclararon que ellos no motivaron a los desalojados a “invadir” los inmuebles.
Alfonso Villagrán, representante de la agrupación en la entidad, se entrevistó con ZETA para responder a las acusaciones de los afectados en el desalojo, los cuales durmieron a la intemperie, en un terreno baldío adyacente al fraccionamiento que se encontraba totalmente abandonado.
Villagrán Contreras negó que su agrupación incentivó estas prácticas y aseguró que fueron “invasores” los que se acercaron para intentar regularizar su situación, a lo cual les advirtieron que era una situación complicada.
“Nosotros nos enteramos de cuando se dio la invasión del lugar, que fue aproximadamente en el mes de julio del año pasado. Posteriormente de los tres meses que habían llegado aquí, la gente nos buscó”, refirió.
Respecto al cobro de dos mil 500 pesos por persona para tramitar un amparo, por un lado negó que se tratara de un cobro, pero por otro aseguró que se trató de una aportación que no fue cubierta por todos, y que la finalidad era cubrir los gastos que se generarían por la asesoría legal del abogado Juan Carlos Tirado Fausto, el cual se encargó de la representatividad.
El representante antorchista reconoció que el documento del amparo estaba mal hecho, pues en el inicio del texto decía “cuaderno de investigación” en vez de “carpeta de investigación”, lo cual -indicó- le preocupa si se trató de un accidente o de un acto intencional por parte del juez que emitió el amparo, el cual negó que fuera falso, tal y como residentes entrevistados por ZETA lo establecieron debido a comentarios hechos por la actuaria.
También habló del abogado Tirado Fausto, el cual -dijo- no tuvo contacto con las familias hasta el 7 de marzo, es decir, una semana antes del desalojo y no durante el mes de junio. Sin embargo, reconoció que fue él quien realizó un apoyo jurídico a las familias.
También denunció que las personas fueron sancionadas por “despojo”, cuando ellos ingresaron a domicilios sin ningún tipo de restricción como cercos perimetrales, puertas, entre otras cuestiones, por lo que no encuadraría en esta figura jurídica. La orden de desalojo fue firmada por el juez de Control Fernando Serrano.
Del mismo modo denunció que una mujer de nombre Alicia se ha hecho pasar por representante de Antorcha Campesina, y particularmente en este caso, tuvieron conocimiento de su intervención, al grado que el mismo propietario del fraccionamiento abandonado, Rubén Saldaña, interpuso la denuncia en su contra y de otras tres personas, dos fueron identificadas como los nombres de Enrique y Alberto Trejo Lira.
Villagrán Contreras indicó que a raíz de este incidente, se iniciaron las gestiones por parte de Antorcha Campesina con el titular del INDIVI, Abraham Ávila Delgadillo, mismas que resultaron en la reubicación de una veintena de familias en inmuebles propiedad de la institución.
Al final, 20 de las 80 familias -las que no consiguieron otro lugar donde vivir- fueron reubicadas, lo que generó reclamos por parte del resto de los que se retiraron del lugar, e incluso hablaron mal de la agrupación.
