Cambiar la Carta Magna como desea el Presidente Andrés Manuel López Obrador para aplicar su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, provocará una crisis constitucional sin precedentes en México, y exhibe cómo ha ido escalando la ilegalidad de un decreto de Rocío Nahle, bajo la premisa de que “si el decreto es ilegal, se hace la Ley”, señala el abogado Juan Marcos Gutiérrez González
El 17 de marzo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará una iniciativa para modificar la Constitución Política si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inválidas las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica propuestas por él y aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión a inicios de este mes.
“Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Qué necesitamos, dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional?, pero que lo decida el pueblo”, dijo el mandatario en alusión a los comicios de junio próximo.
En opinión del abogado Juan Marcos Gutiérrez González, de prosperar la intención de AMLO, se creará un “conflicto grave” en el que competirán las modificaciones constitucionales del Presidente con los tratados internacionales suscritos por México, y que según el Artículo 1 Constitucional, contienen derechos que son insumo y parte de la propia Carta Magna.
También se pondrán en colisión principios constitucionales, como el derecho a la salud y el no monopolio, contra las modificaciones del Presidente, y “eso, para decirlo en el lenguaje de Carlos Castillo Peraza, serían puras chingaderas”.
El litigante aseguró que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO son inconstitucionales, toda vez que contravienen los artículos 4, 14, 16, 27 y 28 de la Carta Magna.
La reforma violenta el principio constitucional otorgado por la Reforma Energética -publicada el 20 de diciembre de 2013-, que permite al sector privado participar en la generación de energía, particularmente de electricidad mediante energías limpias, toda vez que las modificaciones a la Ley impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación, tienen un “efecto monopolizante” a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas plantas tendrán prioridad en el despacho eléctrico, pese a producir energía con combustibles fósiles y a un costo mayor.
Esto contradice el Artículo 4, “de que todos los mexicanos tenemos derecho a un ambiente sano”, explicó el abogado. Además, se violan los artículos 14 y 16, ya que la Ley de AMLO “carece de una fundamentación constitucional”, al contravenir los principios de legalidad, de no retroactividad y de debido proceso, los cuales forman parte de las garantías individuales.
Entonces, “no está fundado y motivado que de la noche a la mañana” cambien las reglas del juego con las que las empresas comprometieron inversiones, compraron terrenos, equipos y desarrollaron tecnología. En suma, “viola derechos adquiridos y en pleno ejercicio de empresas”, al provocarles en algunos casos, una franca imposibilidad de operar, y en otras, deficiencias que las hacen inviables.
33 SUSPENSIONES CONTRA LEY; PRESIDENTE ARREMETE CONTRA JUECES
Hasta el jueves 18 de marzo, los jueces especializados en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa, habían otorgado 33 suspensiones provisionales contra la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador.
La Secretaría de Energía había impugnado el fallo -del 10 de marzo- del Juzgado Segundo de Distrito a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía, en el que Gómez Fierro frenó la aplicación de la Ley de AMLO, al establecer que la suspensión provisional sería de carácter general y aplicaba a todas las empresas del sector, con el fin de “no afectar la competencia y el desarrollo de la industria eléctrica”.
Ante ello, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, declaró que la administración de la 4T iría contra del juez, de quien dijo, “no tiene ni idea”, acusándolo de emitir un fallo “de facto” sin tener conocimiento técnico y de servir a intereses. Tales declaraciones provocaron que el abogado Miguel Carbonell tuiteara: “¿Es una amenaza directa, Rocío Nahle? Su hermano es un honorable magistrado, debería hablar con él para que se informe de lo que significa la independencia judicial. Vea Arturo Nahle”.
El propio López Obrador afirmó que acudiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se analizara el proceder de Gómez Fierro. Entonces, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que los jueces federales actúan con independencia y autonomía.
El lunes 15, AMLO reiteró su solicitud para que se investigue el actuar de Gómez Fierro, y envió una carta a Zaldívar para que el CJF “determine e informe” si al juzgador le correspondía aplicar la suspensión provisional a quienes no la solicitaron. El mismo día, el ministro presidente respondió que la queja del Ejecutivo federal sería remitida a la Judicatura, y de existir elementos, se abrirá una investigación contra el juez.
Ayer, el Presidente señaló que diez días antes de que Gómez Fierro concediera la suspensión contra la Ley de la Industria Eléctrica, magistrados le “habían corregido la plana”, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba.
“Entonces es interesante lo que hizo este juez, fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Vamos a enviar como complemento de pruebas al CJF, esa resolución que fue resuelta por unanimidad. Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos a quienes no hayan acudido al juicio de amparo y le modificaron la sentencia. Pero esto lo tiene que revisar la Judicatura, solo lo expongo porque se rasgan las vestiduras hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir”, añadió.
En su carta, López Obrador señala que en este caso “actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo”, afectando la Hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres.
Entre otras personas, acusó al ex ministro José Ramón Cossío Díaz de legalizar “injusticias de grupos minoritarios” o de guardar “silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”. Afirmaciones que el ministro en retiro lamentó por “el franco desconocimiento del Derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en donde debieran hacerlo: el recurso (procesal)”. Defendió su actuar en la Corte y consideró necesaria la discusión pública sobre la división de poderes.
La carta del mandatario federal, finalizó manifestando que “sería lamentable” que se siga “permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de Derecho”. Expresión que fue criticada por el abogado Juan Marcos Gutiérrez González, calificándola como “la peor bajeza en la que puede caer un hombre de Estado.
“Esa declaración del Presidente exhibe dos cosas y no sé cuál es más grave: su ignorancia y su prepotencia”, consideró.
Asimismo, acusó que la iniciativa enviada esta semana por el titular del Poder Ejecutivo federal al Senado para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial, denota el autoritarismo de AMLO, “empodera sobremanera al presidente de la SCJN y lo único que ocupa el Ejecutivo es precisamente un presidente (de la SCJN) cuya conducta personal sea la de plegarse al Ejecutivo. Entonces, se pretende empoderar al presidente de la Corte para poder controlar y correr jueces, y hacer una sarta de tonterías.
“Es muy grave esta Ley que están planteando, y vuelvo al punto de esta bajeza en contra del Estado de Derecho. Estamos hablando de AMLO diciendo, con otras palabras, ‘al carajo con las instituciones’”, remató.
En la Cámara de Diputados, Morena presentó una iniciativa para modificar el Artículo 129 de la Ley de Amparo, en aras de evitar que se otorgue la suspensión contra leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado y contra disposiciones sobre remuneraciones de servidores públicos.
Al respecto, Gutiérrez González indicó que limitar a unos el amparo sin una racionalidad la haría también inconstitucional. Observó que la Ley de Amparo ya tiene excepciones en las que no se conceden suspensiones, como en los casos en que se atenta contra el interés público.
“El balance de los gobiernos de la 4T federal y estatal es usar la Ley de manera torcida, y si no, de plano torcerla para poderla usar. Esa reforma de la Ley de amparo pretende, contra toda doctrina y tradición de derechos humanos, limitar la emisión de este tipo de suspensiones”, arguyó.
Los comicios del próximo 6 de junio representan una oportunidad para quitarle a Morena la “excesiva mayoría” en la Cámara de Diputados, y de esa manera lograr balances que “no le permitan automatizar las ocurrencias, y las arbitrariedades”.
El ex diputado federal en la Legislatura LXVII (primera en la que el PRI perdió su mayoría) puntualizó que, veinte años después de ese hecho histórico, “tenemos un Presidente que manda iniciativas con la orden de que no le muevan ni una coma, y se cumple. Eso es un retroceso terrible, la automatización del capricho del Presidente”.
SENADORES DE OPOSICIÓN PREPARAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
La senadora panista Xóchitl Gálvez indicó que la oposición ya recabó las firmas para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO ante la SCJN, y agregó que comprar “energía cara y sucia” en el futuro, como es la aspiración de la 4T, no beneficiará a los mexicanos.
“Si hay un plan para que el gobierno genere energías limpias, me parece bien, nada más que diga de dónde vamos a sacar el dinero, ¿va a suspender Dos Bocas o el Tren Maya para invertir en energía? Lo que va a pasar es que tarde o temprano habrá apagones”, anticipó.
En su opinión, el país debe retomar el camino de las energías limpias, “México no puede quedar fuera de eso, si no lo hacemos de manera voluntaria, nos lo van a imponer con aranceles, va a empezar a haber sanciones y no va a haber dinero para invertir en proyectos relacionados con el petróleo”, sentenció Gálvez.
El Presidente ya se está dando cuenta de eso, por ello está enojado con las calificadoras, ya que el riesgo país va a empezar a subir justo por las decisiones que se han tomado, debido a “gente bastante ignorante, con poco conocimiento del tema”, como Rocío Nahle.
Gálvez dijo coincidir con AMLO en la idea de castigar a las empresas que hayan cometido corrupción y revertir contratos leoninos, pero el gobierno tiene que presentar denuncias, pruebas y no afectar a todo el sector eléctrico, “todo se dice nada más en una mañanera, pero no se sustenta nada”.
La legisladora blanquiazul denunció que al ex Presidente Enrique Peña Nieto, su sucesor “no lo toca ni con el pétalo de una rosa”. También está el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que llegó de una cárcel de España “a su residencia en Lomas de Bezares, que de verdad es un palacio”, aseveró Gálvez a ZETA.
RUTA DE REVESES
28 de octubre de 2019. La Secretaría de Energía (Sener) publicó cambios en lineamientos para otorgar Certificados de Energías Limpias que desincentivarían a inversionistas de energías limpias. Medida que fue impugnada y quedó sin efectos por la suspensión provisional otorgada por un juez federal.
29 de abril de 2020. El Centro Nacional de Control de Energía emitió un acuerdo para no permitir la interconexión de 28 centrales eléctricas solares y eólicas. Un mes después, el juez De la Peza López Figueroa otorgó suspensiones provisionales y la dejó sin efectos.
15 de mayo de 2020. La Sener publicó un acuerdo sobre Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema para favorecer a las plantas de CFE. El 3 de febrero de 2021, la SCJN declaró inconstitucional una parte de dicho acuerdo por obstruir la competencia del mercado.
28 de mayo de 2020. La Comisión Reguladora de Energía aprobó un acuerdo con el que incrementó en hasta 775% las tarifas que las centrales renovables deben pagar a la CFE. Un mes después, un Juzgado federal otorgó suspensiones provisionales contra la medida.
1 de febrero 2021. AMLO envía como su primera iniciativa preferente las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que pretende beneficiar a la CFE. El día 23 del mismo mes fue aprobada en la Cámara de Diputados y el 2 de marzo en el Senado.
