“No importa cuántas dependencias cierres, no hay dinero que alcance para financiar una tasa de reemplazo del 100% en las pensiones”, puesto que la población mexicana cada vez envejece más y el porcentaje de ahorro que cada trabajador hace para su retiro es muy bajo, señaló el economista Jorge Fonseca.
Lo más preocupante es que el país tiene 55% de sus ocupados en la informalidad, quienes en el futuro engrosarán a la gente que nunca aportó para su jubilación y requieren una pensión no contributiva, presionando más las finanzas públicas del país.
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Estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que habrá 33.4 millones de personas de 60 años y más en México en 2050, más del doble de la población de ese rango de edad registrado en 2022.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 5 de febrero presentará varias iniciativas legislativas para reformar la Constitución. Una de ellas pretende eliminar diversos organismos autónomos, para que el gobierno aporte más recursos al sistema de pensiones para quienes están afiliados al IMSS y al ISSSTE, con el fin de que al jubilarse reciban el mismo ingreso que cuando estaban trabajando.
Según lo esbozado por el mandatario federal, se eliminarían organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyo presupuesto en 2024 es de mil 097 millones de pesos (mdp); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, mil 680 mdp) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece, 687.8 mdp), a los que se refirió como organismos “facciosos” y “antipopulares”.
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Jorge Fonseca señaló que, si bien es cierto actualmente quien se retira alcanza en promedio una pensión con una tasa de reemplazo de menos del 50% de su último salario, en ningún país del mundo se logra el 100%. En España, que tiene una de las más altas, la tasa de reemplazo es superior al 70%, con un porcentaje de ahorro para el retiro que ronda el 27% del trabajador y el patrón, mientras en nuestro país el porcentaje de ahorro es menor al 15%.
En opinión del especialista, la mejoría del sistema de pensiones tendría que implicar crear incentivos para que reduzca la informalidad laboral y de esa manera incremente la base de contribuyentes, además de crear un plan donde “todos pongamos”, en el que eventualmente el trabajador haga un esfuerzo para su retiro mediante esquemas que hagan más atractivo ahorrar, así como incentivos fiscales para que los patrones hagan aportaciones extraordinarias.
“Eso es mucho mejor a que el gobierno se endeude para poder pagar o subsidiar una pensión, porque sabemos que eso es sostenible en el corto plazo, pero no en el largo plazo”, expuso el entrevistado.
El planteamiento presidencial podría implicar que el gobierno tenga que captar más recursos, lo que generaría una reforma fiscal que presione más a los contribuyentes que ya están aportando. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) con la reforma a las pensiones de 2020, en las que disminuyeron las semanas cotizadas y se estableció un aumento paulatino de la aportación patronal se logró que 72 mil personas obtuvieran una pensión. Sin la reforma se habrían pensionado 5 mil 233 personas. Con la Ley vigente, los pensionados alcanzaron una tasa de reemplazo de 72%, “mayor a la pensión del 49%” que se habría tenido sin la reforma.
