Un grupo de activistas de Baja California pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Educación federal, Delfina Gómez Álvarez, vetar la recientemente aprobada Ley General de Educación Superior al considerar que incumple con mandatos constitucionales y compromisos básicos que adquirió la llamada Cuarta Transformación.
Luego de que el 9 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta que previamente había sido avalada en el Senado, el Ejecutivo federal estaría por publicarla en el Diario Oficial de la Federación.
En un escrito -firmado por el abogado Daniel Solorio y 37 ciudadanos más- pide que la minuta de la Ley General de Educación Superior sea devuelta a la Cámara de origen para que los legisladores tengan “la oportunidad de reconsiderar las omisiones políticas y faltas constitucionales que contiene esta ley”.
Señala que, pese al compromiso del mandatario mexicano dado el 4 de enero de 2021 para que los diputados revisaran el dictamen antes de su aprobación, en San Lázaro no se hizo tal labor.
“Usted afirmó la necesidad de reconsiderar el dictamen del Senado e introducir en la Ley General de Educación Superior algunos principios básicos que con pleno respeto a la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, constriñan a los Congresos estatales y órganos normativos de las universidades públicas, a establecer formas democráticas de los gobiernos universitarios; nada de esto ocurrió: el decreto es totalmente omiso”, reprochan los activistas y acusan que con ello seguirá la oligarquía en las instituciones de educación superior.
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Acusó que la legislación aprobada es omisa en cuanto a la austeridad que pretende la 4T, y en cuanto a la gratuidad de la educación, como lo mandata la Constitución. “Esta norma choca directamente con la Constitución federal, que no habla de establecer “progresivamente” la gratuidad, sino de establecerla y que el Estado se haga cargo de su costo”
“Tal como aparece en este decreto, bien puede pasar otros veinte o treinta años antes de establecer la gratuidad, en espera de que vengan otras reformas que de nueva cuenta autoricen los cobros”, indica.
Agrega que la iniciativa aprobada deja en manos de los rectores de las universidades públicas la admisión o rechazo de estudiantes, con lo que se incumplirá el compromiso de López Obrador de que no habrá más rechazados.
“Es muy sabido que en torno al examen de admisión hay grandes intereses económicos que los sostienen, por más que carezca de fundamentos académicos sólidos. Si esa disposición queda vigente seguirá habiendo exámenes de exclusión”, indica el documento dirigido al titular del Ejecutivo federal, que fue entregado el 25 de marzo en Palacio Nacional.
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