Por unanimidad, con 108 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó la noche de ayer 9 de diciembre, la nueva Ley de Educación Superior, en la que se establecen las bases para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar el derecho de los mexicanos a la instrucción universitaria gratuita de manera gradual, a partir de 2022.
En la nueva Ley reglamentaria a la reforma educativa en materia constitucional -cuyo dictamen fue enviado por el Senado a la Cámara de Diputados para completar el proceso legislativo-, se establecen criterios para el financiamiento a la educación pública, así como la obligación de las instituciones privadas de destinar el 5 por ciento de su matrícula a becas de estudiantes sin recurso.
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Asimismo, garantiza el respeto la autonomía universitaria ya que “ningún acto legislativo podrá contravenirla”, además de que brindar el servicio, las instituciones deben contar con el reconocimiento de validez oficial.
En el artículo 64 de la iniciativa de la Ley se destaca que en el Proyecto y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, en términos del artículo 3 de la Constitución.
En el proyecto para expedir la nueva legislación, se establece que el “objetivo es formar profesionistas con un alto compromiso social, que contribuyan al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país”.
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La nueva Ley establece las bases para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la enseñanza de este nivel. Además, reconoce la autonomía que la ley otorga a las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos.
Asimismo, la nueva legislación aprobada por la Cámara alta, establece un registro nacional de opciones que dará a conocer a la población los espacios disponibles en este nivel de enseñanza, así como los requisitos para su ingreso.
Además, “vincula a las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico” y “promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes”.
También “prioriza a la comunidad estudiantil cuyos intereses y necesidades son el centro del Sistema Nacional de Educación Superior”, y fomenta la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares.
Por otro parte, la nueva Ley establece un Sistema para la Evaluación y Acreditación de dichas instituciones y regula la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en su financiamiento.
