En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la Secretaría de la Función Pública (dependencia encargada de combatir la corrupción en México) “mostró resistencias y en algunos casos, negación” para el desarrollo de operaciones de fiscalización. Además, incurrió en diversas irregularidades.
La Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, manifestó desde el inicio de la fiscalización que “no ofrecería las facilidades para que el equipo auditor pudiera asistir a sus oficinas para realizar entrevistas o recorridos de prueba”, bajo el argumento de la suspensión de actividades en las instalaciones gubernamentales a propósito de la pandemia del coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), detalla el Informe de la ASF.
Escucha: El Valle de Guadalupe, “foco rojo” del narcotráfico: Podcast.
El documento -dado a conocer el 19 de febrero de 2021- indica que entre la información requerida que la Secretaría de la Función Pública no remitió se encuentra la documentación de 24 Órganos Internos de Control (OIC) seleccionados sobre expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas presentadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
En respuesta, la SFP le dirigió el oficio número CGOVC/113/849/2020, del 18 de noviembre de 2020, manifestándole que el número de expedientes y de los informes de presuntas responsabilidades administrativas era de 30 mil, por lo que se “encontraba impedida materialmente para remitir la documentación, además del breve término que fue concedido para la atención del requerimiento de 11 días hábiles, siendo imposible llevar a cabo el escaneo de toda la documentación requerida”.
Otro requerimiento no atendido por la SFP fue sobre las investigaciones realizadas a un líder sindical por presuntas inconsistencias, anomalías e incongruencias en su patrimonio, sobre el cual la SFP argumentó que el expediente fue remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma secretaría, a fin de que se procediera con sus atribuciones, por lo que no se encontraba en el acervo físico o electrónico.
“Es importante señalar que las respuestas y propuestas que la SFP planteó a la ASF fueron notificadas al vencimiento de los plazos legales concedidos -específicamente en el décimo día hábil posterior a la fecha de emisión de los requerimientos-, con lo que se presume la existencia de bases para sustentar que la negación y la falta de entrega de la información y la documentación podrían ser constitutivos de actos de simulación, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente”, señaló la ASF.
Además de la negativa a entregar información, la ASF determinó que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad (PNCCIMGP) 2019-2024 no estuvo vigente en 2019, dado que la SFP no realizó ninguna actividad, arguyendo que dicho plan se encontraba en la primera fase de implementación.
El PNCCIMGP 2019-2024 fue aprobado el 30 de agosto de 2019, con el fin de erradicar la corrupción e implementar acciones en las entidades y dependencias de la administración pública federal.
Además, la ASF identificó que durante 2019 50 servidores públicos ocuparon las 29 plazas de la estructura de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC); de los cuales se identificó que un servidor público ocupó la plaza de Coordinador General, 11 servidores públicos 7 plazas de delegados y comisarios públicos propietarios, y 38 servidores públicos ocuparon las 21 plazas de subdelegados y comisarios públicos suplentes.
“Esto reflejó una deficiencia de la SFP para desarrollar y retener profesionales competentes que coadyuvaran al logro de los objetivos de la institución”, apuntó la ASF.
Expuso que la SFP proporcionó 49 curriculum vitae de los 50 servidores públicos que ocuparon las plazas en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, sin embargo, la ASF validó que 21 de los 49 curriculum vitae “no contaron con la información actualizada de las personas designadas en los cargos”.
La plaza del titular de dicha Coordinación fue ocupada por un servidor público que a la fecha de su designación, el 1 de diciembre de 2018, “contaba únicamente con 9 de los 14 años de experiencia requeridos en el perfil del puesto”. Y del total de los años de experiencia del servidor público 5 años fueron como Subdirector de Área en la Contraloría del Poder Judicial de la Federación.
Otros servidores públicos tuvieron menos de los 12 años de experiencia requerida para su encargo, indicó la ASF.
“El puesto más significativo de la Delegada y Comisaria Pública Propietaria del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social fue el de Subdirectora de Evaluación Normativa de la Secretaría de Educación Pública y en el Órgano Interno de Control de esa dependencia, ya que permaneció ahí 3 de los 10 años que manifestó en su hoja de vida; asimismo, se identificó una trayectoria laboral errática, debido a que mencionó que laboró en 12 entidades y dependencias, en las cuales ocupó los puestos de Consultora y Directora General con un periodo de permanencia que osciló entre los 6 y los 21 meses”, abundó la ASF.
La ASF también observó que tres servidores públicos que ocuparon el puesto de Titular del OIC en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la Administración Portuaria Integral Dos Bocas S.A. de C.V. y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “no cumplieron con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos”.
Entre éstos destacó la titular del OIC en la Administración Portuaria Integral Dos Bocas, S.A. de C.V., en cuyo curriculum vitae manifestó tener experiencia en cargos de secretaria de gerente, asistente ejecutiva de gerencia y auxiliar particular del ministerio público, “cargos que distaron de lo definido y requerido en el perfil” para ser el titular de OIC. (Julieta Aragón)
