Las más de 60 mil firmas recabadas por representantes del PAN y PRD, las cámaras empresariales y agrupaciones de la sociedad civil, no fueron importantes para el Instituto Estatal Electoral (IEE), el cual se encamina a dar “palo” a la solicitud del referéndum de la “Ley Gandalla”.
Es la segunda ocasión que el IEE -ente encargado de promover la participación ciudadana- rechaza la posibilidad de someter a algún tipo de consulta la posibilidad de actos trascendentales de la vida pública de Baja California.
La tarde de este 29 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, conformada por los consejeros Olga Viridiana Maciel, Abel Muñoz Pedraza y Graciela Amezola Canseco, aprobaron por unanimidad el dictamen que declarar trascendente, pero improcedente solicitud del referéndum constitucional.
Sin embargo, aún falta que el dictamen sea presentado ante el Consejo Electoral para que se emita la última valoración.
Entre los puntos importantes para declararlo improcedente, según la misma consejera Olga Viridiana Maciel, es que aprobarlo violaría los derechos político-electorales de los aspirantes a reelegirse en un cargo de elección popular, los cuales son considerados Derechos Humanos, por lo que una restricción de este tipo trastocaría sus garantías individuales.
Del mismo modo, refieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, contempla que el referéndum constitucional no podrá aplicarse cuando se lleven a cabo modificaciones al artículo que pretende someterse a consulta.
El dictamen establece precisamente que en septiembre del 2020, el Congreso del Estado llevó a cabo una serie de modificaciones legales a los artículos contravenidos en la solicitud de procedencia, con motivo de la homologación de las leyes electorales en materia de paridad y violencia política de género previstas a nivel nacional.
El principal inconforme de esta medida fue el representante del Movimiento Ciudadano, Miguel de Loera, el cual reclamó que este tipo de acciones contravienen a la participación ciudadana y que los consejeros tienen la intención de buscar “cómo no” aprobar la solicitud de referéndum constitucional.
Agregó que los artículos por los que se inconformaron no fueron afectados en el fondo, por lo que no debería representar un problema.
Luego de una serie de justificaciones y reclamos sobre la urgencia de modificar la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, los consejeros avalaron el dictamen y se dirigen a declarar improcedente la herramienta de participación ciudadana.
