El “blanqueo” de langosta en Ensenada

Edición Impresa lunes, 30 noviembre, 2020 1:00 PM

El tráfico es en los puertos de Campo Nuevo y San Carlos, se documenta a través de los permisionarios para pasar filtros de revisión; la mayoría del producto es para el mercado de exportación y se cotiza entre los 35 y 50 dólares el kilogramo; la cantidad de captura no coincide con las cifras de la pesca ilegal. El cuerpo jurídico de la Cooperativa Ensenada S.A. de R.L. inició acciones legales en contra de quienes acusan al empresario Francisco Arauz Espinoza de mandar asesinar al dueño de la Comercializadora Jimnar S. de R.L, Diego Jiménez Aguilar, alias “El Plomo”

 El cuerpo jurídico de la Cooperativa Ensenada S.A. de R.L., inició una serie de acciones legales en contra de quienes acusan al empresario Francisco Arauz Espinoza de mandar asesinar al dueño de la Comercializadora Jimnar S. de R.L, Diego Jiménez Aguilar, alias “El Plomo”.

Cuestionados por Semanario ZETA, los abogados de Arauz solo se limitaron a informar que están tomando las medidas legales necesarias para demostrar la inocencia de su cliente, que históricamente ha tenido la concesión de las zonas de captura de langosta.

El 6 de noviembre la diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES), María del Carmen Cabrera Lagunas, hizo fuertes señalamientos ante el Pleno, donde acusó directamente a Francisco Arauz de homicida.

“Hago responsable de su asesinato a la Cooperativa Ensenada, una narcocooperativa que trae una narcoempresa de seguridad; lo amenazaron de muerte (a Diego Jiménez) y cumplieron su cometido”, señaló en una disertación la legisladora.

De manera simultánea el dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), Marco Antonio Ortiz Salas, hizo el mismo señalamiento en contra del propietario de la Cooperativa Ensenada.

“Hacemos responsables de este artero crimen a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ensenada S.C.L., a Francisco Arauz Espinoza, quien ha alentado la violencia en las comunidades pesqueras, y públicamente señalamos nuestro temor por la integridad de la familia de nuestro compañero Diego Jiménez y demás compañeros de la Coduc, quienes también han sido amenazados de muerte”, mencionó en rueda de prensa.

Familiares y amigos de Diego Jiménez han pedido justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE) por lo que el fiscal regional Víctor Miguel Guerra Enríquez envió la primera semana de noviembre a una comitiva de policías de investigación a la delegación Vicente Guerrero, donde está la sede de la empresa Jimnar.

En respuesta, el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández se mostró despreocupado por que los pescadores en el sur de Ensenada circulen armados sin ningún control.

“Son grupos que están en disputa por concesiones o permisos de la pesca, es problema de Conapesca y no de un territorio. Vamos a detener a aquellos que llevaron a cabo el crimen y lo vamos a hacer porque lo tenemos muy avanzado”, indicó el fiscal en entrevista el 5 de noviembre.

Diego Jiménez junto a su familia manejaban empresas comercializadoras de pescados y mariscos, así como concesiones en las zonas de captura.

“El Plomo” también era dirigente del PES en Baja California, y la mañana del 3 de noviembre -cuando fue acribillado- se dirigía a una reunión política en el poblado de Maneadero, acompañado de dos escoltas ex militares, quienes recibieron heridas que no ponían en riesgo su vida.

Entrevistado sobre los avances de la investigación, el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, advirtió a los medios de comunicación que no darían información sobre el proceso “por respeto a la familia”.

CONFLICTO ENTRE GRANDES DE LA PESCA EN BC

En el 2013 se presentó un periodo de crisis entre las empresas creadas para comercializar langosta de Diego Jiménez, “Jimnar”, con la cooperativa de Francisco Arauz.

Debido a que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) renovó el título de concesión de la Cooperativa Ensenada para la captura de langosta, suspendiendo la extracción por casi cinco años.

Fue en ese momento cuando otros grupos de pescadores ingresaron a la zona para iniciar con la actividad, retando la seguridad de la Cooperativa Ensenada en la polémica Zona II.

Los antecedentes periodísticos revelan la violencia que se ha vivido en los campos denominados San Carlos y Campo Nuevo de la delegación de El Rosario, 250 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Ensenada.

 

LA RUTA DE LA LANGOSTA

En Baja California hay tres zonas de pesca: I, II y III, desde El Sauzal pasando por El Rosario hasta el Paralelo 28, pero la más conflictiva por la capacidad de producción de langosta es la Zona II; en las tres opera la Cooperativa Ensenada, de Francisco Arauz, fundada en 1988.

En total, en Baja California hay 18 concesionarios con 115 lanchas autorizadas para llevar a cabo el proceso de pesca de langosta; algunos de estos permisos han sido tramitados por las mismas familias.

La Zona II, donde se da la mayor cantidad de extracción de langosta, tiene dos puertos de desembarque: Campo Nuevo y San Carlos y está vigilada por diferentes grupos las 24 horas del día.

El proceso de “blanqueo” de langosta consiste, según oficios de la Fiscalía, en sacar la langosta por uno de estos puertos de desembarque; se documenta, legaliza y comercializa a través de las empresas permisionarias.

Para trasladar la mercancía es necesario acreditar la legal posesión en el puesto militar de El Rosario y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con la investigación en poder de la FGE, Fiscalía General de la República (FGR) y Comisión Nacional de Pesca, cada una de las empresas reporta por temporada desde 400 kilogramos de langosta hasta 70 mil.

La mayoría de las langostas son para el mercado de exportación y se cotiza entre los 35 y 50 dólares el kilogramo.

La langosta se reproduce en zonas de piedra, y muchas de las concesiones que el gobierno federal ha autorizado para extraer cientos de kilogramos corresponden a zonas arenosas.

 

IRREGULARIDADES HISTÓRICAS

Uno de los ejemplos marcados en una denuncia de las que hay decenas en los juzgados federales, refiere que el polígono de extracción de la empresa Mortera de Leyva se le concedió un área de captura detrás de la Zona II con un sitio de descarga.

En el oficio RJL/INAPESCA/DGAIPP/2018 la empresa Asociación Pesquera Mortera de Leyva solicitó una ampliación de su capacidad, pero a versión de pescadores, por la profundidad de la zona es imposible que haya captura.

De acuerdo con la Ley General de Pesca, cuando una empresa intente aumentar su capacidad de captura e introduce una trampa, un pescador o una lancha al área, deberá realizar un trámite burocrático.

En el 2018, Mortera de Leyva intentó incrementar su equipo a 420 trampas y 14 barcos, pero la Comisión Nacional de Pesca se lo negó tras un dictamen.

“Se comprueba la hipótesis que sugiere que los datos presentados por la agrupación son inverosímiles y atípicos al rancho de rendimiento del CPUE kilogramos / trampas, presto a las zonas de mayor producción de rangos cercanos al promovente”, refiere el documento del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).

En los últimos años, el Instituto Nacional de Pesca, a través de la Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Pacífico, había resuelto que, por ejemplo, en el 2012, 2014 y 2017 los niveles de captura de langosta aumentaron de manera “exponencial”.

Para los investigadores era imposible que los permisionarios puedan extraer esa cantidad de langosta en un polígono donde, además de reducido, no es factible para el desarrollo de esta especie.

Ante la incongruencia de la cantidad de captura con la capacidad instalada, redujeron en el oficio RJL/INAPESCA/DGAIPP/670/2014 más de una ocasión que existía la “alta captura proviene de actividades de pesca ilegal realizadas en la denominada Zona II”.

Las empresas a las que se les hicieron señalamientos en su momento, de acuerdo con distintos dictámenes del instituto, fueron a Mortera de Leyva y Grupo San Gerónimo.

Los resultados estaban basados en una comparativa hecha con otras empresas que tienen gran capacidad de captura.

 

COOPERATIVA ENSENADA EN INVESTIGACIÓN

Semanario ZETA documentó en el 2016 un par de denuncias penales de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada “El Consuelo” de Valle Tranquilo, zona pesquera ubicada entre San Quintín y El Rosario.

La querella con Número Único de Caso (NUC) 0201­2016­06846, aún se encuentra en investigación por el delito de Daño en Propiedad Ajena, porque le prendieron fuego a una embarcación que pescadores de El Consuelo que usaban para vigilar en el mar.

Los ejidatarios de Valle Tranquilo estaban en contra del monopolio de la Cooperativa Ensenada, a quien incluso los acusaron de ejercer pesca furtiva y que les impedían pescar enfrente de sus terrenos.

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