Desde la silla del águila, la del hombre más poderoso de México, durante 22 meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha invertido parte importante de sus conferencias en insultar a la prensa que le exige datos y transparencia, más allá de los informes propagandísticos de su conferencia mañanera.
Asegura que se trata de un diálogo y del uso legítimo de su derecho de réplica. El problema es que mientras los textos, notas, reportajes o preguntas que lo enfurecen, se arman con argumentos -que él puede considerar validos o no, e incluso interpelar por la vía legal-, decide responder con calificativos peyorativos.
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Primero asevera que no insulta, que no estigmatiza, que actúa con respeto, y después declara que los periodistas que cuestionan su forma de gobierno o la falta de resultados, no tienen escrúpulos ni ética, no son profesionales y actúan de mala fe por intereses creados.
Desde su tribuna y su posición de poder, los califica como chombada (carroñeros), zopilotada, amarillistas, protectores del hampa, alarmistas, boletín y halcones del conservadurismo, “fifís”, corruptos, calumniosos, fantoches, “sabelotodos”, hampa del periodismo, manipuladores y “chayoteros”. Este último adjetivo se usa para describir al reportero que recibe dinero u otro tipo de sobornos para favorecer al grupo en el poder, y en este caso Morena es la que controla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al tiempo que expresa que no hay odios ni rencores, el Presidente decidió llamar al periódico capitalino Reforma “pasquín inmundo”.
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Los comunicadores tampoco se han escapado de las referencias zoológicas: “¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’, eso no se lo perdonaron nunca, por eso se ensañaron con él”; y “lo de mi expresión no tenía ese propósito, no era igualar a los periodistas con algún animal, y además les tengo hasta respeto a los animales”.
“La calumnia cuando no mancha, tizna”, ha dicho el mandatario que ha decidido usar la estrategia de la que se queja y tiznar a base de insultos.
Como resultado natural de esta incitación a la violencia, se cumple la amenaza que AMLO no calificó como tal: “Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede” (abril 2019), en referencia a la defensa de sus seguidores en redes sociales, quienes de acuerdo con el ejemplo de López, hacen despliegue de calificativos, algunos peores que los del inicialista, que van desde arrabaleros, golpistas, vendidos, mentirosos, títeres, hipócritas; hasta perras, putas, marrana floja y demás insultos altisonantes documentados en trabajos de la prensa nacional.
Con 47 periodistas asesinados durante la administración de Enrique Peña Nieto, México ya era el país más inseguro para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos del mundo. Ahora, el discurso de odio de López Obrador está agravando la situación de los comunicadores.
“El sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios, puede motivar a aquellos individuos que solo necesitan una excusa para generar violencia y atacar físicamente a los periodistas”, advirtió Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, en un comunicado de mayo de 2020.
Particularmente a partir del hecho que en su administración ha crecido el número de periodistas cuyas muertes violentas están relacionadas con su labor informativa. En menos de dos años, 17 asesinatos conforme al conteo de Artículo 19, organización que también registran más de mil agresiones contra comunicadores en el mismo período de tiempo.
Ciertamente el Presidente de México no es culpable de los homicidios de reporteros, editores y directores, pero sí es responsable del clima hostil y de la sensación de impunidad que perciben los criminales. Ven un Estado que no protege a los periodistas, y con ese antecedente, a un grupo de sicarios les pareció fácil y oportuno exhibir el cuerpo decapitado del periodista Julio Valdivia en Veracruz el 10 de septiembre.
Cierto, también hay casos de éxito como la reciente sentencia de 50 años contra uno de los asesinos de Miroslava Breach; la investigación de los autores intelectuales del ataque a Lydia Cacho; o la liberación del periodista Pedro Canché y el procesamiento del juez que lo encarceló injustamente, pero son mínimos. La impunidad histórica en asesinatos de periodistas no ha bajado del 97% en el gobierno de la 4T.
Si no es capaz de reducir la violencia, mínimo está obligado a no promoverla con discursos de odio, en un clima enrarecido y violento. No puede generalizar, y menos cuando tiene la posibilidad de combatir a los periodistas corruptos o difamadores por la vía legal; como autoridad está obligado a denunciar los delitos y faltas, porque las echadas no resuelven nada.
En una democracia existe diversidad de opiniones, los periodistas no reciben órdenes del Presidente, no es su función defender al grupo en el poder, las versiones oficiales se someten al escrutinio público, existe la libertad de expresión, el derecho a la información y a disentir. Efectivamente se enriquece con la polémica y el debate, pero cuando este se da a través de ideas y argumentos, no con calificativos peyorativos, y eso es algo que AMLO no termina de entender.
Su diálogo con la prensa no es solo circular, también es vertical. Él está arriba, él tiene todo el poder, la relación es desigual y su retórica “aumenta los niveles de riesgo y vulnerabilidad” de la prensa -como desde el año pasado advirtió ante los oídos sordos del mandatario Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras-, cuando su obligación constitucional es brindarles seguridad.
