Prácticamente todas las corporaciones policíacas
sufren carencias en Baja California. Desde
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incertidumbre por falta de la seguridad social digna,
de equipamiento, condiciones salariales que no se
han modificado en 10 años, hasta la falta de servicios
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de salud. A raíz de la COVID-19, representantes de
cuerpos policíacos radicalizaron su postura y han
presionado con protestas y amparos para que se
cumpla una disposición establecida en la Ley desde
2018. Alejandro Monreal Noriega, uno de los
representantes de las trece agrupaciones policíacas
unidas, dio a conocer que el gobernador Jaime
Bonilla Valdez envió una nueva Ley de Seguridad
Pública para ser evaluada ante el Congreso, pero
quedó algo corta en el apartado de seguridad social,
por lo que pidió participar en mesas de trabajo para
aportar ideas que tienen trabajando desde hace tres años
Hace aproximadamente 10 años, Baja California llegó a tener corporaciones policíacas top a nivel nacional, en las cuales se brindaban abundantes beneficios, sueldos competitivos y equipamiento de primer nivel, al grado que se lograron adquirir hasta helicópteros para el patrullaje policial. Sin embargo, las condiciones de seguridad social no eran las mejores.
Algunas corporaciones -como la de Mexicali- definieron esquemas como fideicomisos, con el objetivo de generar aportaciones quincenales para complementar salarios para pensionados y jubilados, pues les pareció insuficiente el dinero otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En 2020, las corporaciones de seguridad del Estado sufren todo tipo de carencias, desde equipamiento, servicios de salud, falta de esquemas de seguridad social y condiciones salariales adversas, dependiendo la institución que se analice.
Desde hace tres años, policías de toda la entidad han trabajado para definir mejores mecanismos de protección del gremio, independientemente de la corporación a la que se defienda. A raíz de la contingencia derivada de la enfermedad COVID-19 -que ha cobrado la vida de más de veinte agentes en Baja California- se ha vuelto más urgente la necesidad de llevar a cabo modificaciones legislativas y creación de reglamentos que brinden una mayor certeza jurídica a los oficiales, para que sus patrones reconozcan y atiendan las necesidades de la corporación.
Alejandro Monreal Noriega
El 20 de julio, el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó ante el Congreso del Estado una nueva Ley de Seguridad Pública que pretende sustituir a la vigente, en la cual se definen nuevos puntos, entre estos la seguridad social. Sin embargo, a juicio de uno de los voceros de la Unión de Policías, Alejandro Monreal Noriega, existen muchas áreas de oportunidad, por lo que pidieron formar parte de las mesas de trabajo para garantizar la protección de los policías.
Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) Juan Manuel Hernández Niebla, criticó que en BC se ha dejado solos a los policías para enfrentar problemáticas más complejas.
“Se requiere que parte de esos recursos sean para capacitar policías en el tema de Derechos Humanos, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está ya el programa de Ley de Justicia Cívica, el Plan Nacional de Policía, donde hablan de la proximidad policial; no existe la Ley de Abuso de la Fuerza, tampoco implementada y la Ley de Registro de Detenciones. No acompañamos a los policías, les exigimos y no les proporcionamos, los usan a los policías como herramienta política y los dejan morir solos cuando se meten en un incidente”, reclamó el empresario tijuanense, quien anunció una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) para que los ayuntamientos reglamenten los esquemas de seguridad social que tienen pendientes desde 2018.
Monreal Noriega, de la Unión de Policías, recabó las quejas de cada corporación para definir sus principales problemáticas, reconociendo a la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) y Policía Municipal de Tecate como las más rezagadas.
MEXICALI NO REPORTÓ 45 MDP AL IMSS DE CUOTAS DE POLICÍAS
Desde 2016, cuando la Capital del Estado era gobernada por el panista Gustavo Sánchez Vázquez, se cometieron dos omisiones en contra de los policías: el nulo interés de crear el reglamento policial y no entregar las cuotas completas de policías al IMSS.
A diferencia de la mayoría de los municipios, en Mexicali los agentes reciben protección del IMSS y no del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de Gobierno y los Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
Juan José Pons, oficial mayor del gobierno municipal, dio a conocer que durante la administración pasada se recibieron quejas ante el IMSS y el propio Ayuntamiento, las cuales terminaron por estallar en el actual gobierno a raíz de un amparo interpuesto por 167 policías que denunciaron que las cuotas que otorgaba el gobierno no correspondían a las establecidas por Ley, por lo que al jubilarse o pensionarse, su percepción era menor.
En total se dio a conocer que -por estos agentes- el adeudo alcanzaría los 21 millones de pesos entre el adeudo, primas, multas y recargos. Por ello, el IMSS inició una investigación más profunda y el 28 de julio notificó formalmente al gobierno municipal que descubrió falta de aportaciones por 45 millones de pesos solo de los agentes amparados.
Esta situación resulta grave debido a que se mantuvo la misma conducta en toda la corporación y el adeudo podría fácilmente alcanzar los 160 millones de pesos, situación que sería catastrófica para el Ayuntamiento, por lo que ya iniciaron los procesos para regularizar la situación de los agentes, además de abonar 3 millones de pesos a la deuda total.
El problema radica en que, durante el gobierno panista, se reportaban por cada agente 7 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al IMSS, cuando el esquema de los agentes requería un total de 9. Este error en el cálculo generó un adeudo muy grave que la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda convirtió en una denuncia ante la Sindicatura Municipal por el delito de daño patrimonial.
Aunque no se niega el servicio a los agentes, la situación se complica cuando solicitan su pensión o jubilación correspondiente.
Respecto a si se trata de una omisión o un acto de desvío de recursos, el funcionario no quiso brindar una opinión, pero aseguró que el dinero pudo presupuestarse y gastarse en otro rubro.
Otros temas que deben analizarse en Mexicali es que no hay certeza de dónde se ejercen programas como el de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); el Ayuntamiento no aporta al aumento salarial de los policías, solo se da con base al recurso federal; hay déficit de patrullas, chalecos, balas y baterías de radios portátiles; y el 60% de las cámaras no funciona.
Además de ello, el Fideicomiso para Policías (Fidepol) tiene un déficit de 14 millones de pesos que se generó durante la administración de Francisco Pérez Tejada, del cual no se han podido recuperar y que repercute en la entrega de aportaciones a policías jubilados o pensionados.
Tanto Monreal Noriega como Pons, comentaron que han sostenido algunas reuniones de trabajo para atender las quejas, entre estas considerar a las enfermedades profesionales -es decir, las que se contraen durante actividades policiales- como un riesgo de trabajo, y con ello, gozar de una incapacidad con sueldo íntegro.
POLICÍA DE TIJUANA, CON EXIGENCIAS CLARAS
La Policía Municipal de Tijuana tiene pleno conocimiento de sus carencias y áreas de oportunidad para el ejercicio profesional. Noé Ramírez Ibarra, presidente de la Asociación de Policías de Tijuana, estableció un documento claro al regidor José Refugio Cañada García, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, con quien sostendrá una reunión el 7 de agosto para requerirle:
- Seguridad social para hijos y padres de policías con problemas de discapacidad o enfermedades graves, que al cumplir la mayoría de edad, se les retira el servicio de Issstecali; de igual forma para los hijos que se encuentren estudiando después de la mayoría de edad.
- Atención psicología para los miembros policiales.
- Jubilación, pensión y/o retiro en todas sus modalidades.
- Tipificar las enfermedades profesionales, es decir, que se considere riesgo de trabajo contraer un padecimiento directamente por la actividad policial (COVID-19, hepatitis, SIDA, etcétera), lo que otorgaría sueldos del 100% a agentes incapacitados por contagio.
- Correcta reglamentación respecto al Artículo 131, fracción V (reglamentación de la seguridad social por parte del Cabildo).
- Sueldos efectivos de acuerdo a la función policial por medio de ascenso por antigüedad, actualizaciones y méritos.
- Asistencia jurídica derivada de las acciones en cumplimiento del deber.
- Cobertura del finiquito al oficial retirado.
- Aumento de personal operativo de acuerdo a las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 2.8 oficiales por cada mil habitantes. En Baja California es del .03 oficiales por cada mil habitante, el más bajo de todo el país.
El regidor José Refugio Cañada expuso a ZETA que ha recibido constantes quejas por falta de atención de Issstecali -ente al que el Ayuntamiento tijuanense adeuda aproximadamente 250 millones de pesos por cuotas no devengadas-, pese a que existe un convenio de atención y seguridad social con el cuerpo de seguridad municipal.
Pendientes el tema de seguridad social a policías
Aseveró que se trabajará en nuevos esquemas de pensiones y una homologación de todas las propuestas para establecer un solo documento que recabe todas las necesidades de los agentes, el cual comenzará a trabajarse a partir de la próxima semana y pretende incluir a la Policía Auxiliar y Comercial.
Cañada remató que los agentes también se quejaron de la entrega de vehículos compactos para el trabajo policial, los cuales no cumplen con las necesidades operativas diarias, por lo que se les ha dotado de nuevas patrullas tipo pick-up, más acordes a la función preventiva.
EN ENSENADA, SIETE AÑOS SIN AUMENTO SALARIAL
El municipio de Ensenada es quizá el más avanzado en torno a la reglamentación de la seguridad social para los policías, pues ya se cuenta con exhortos y trabajos dentro del Cabildo.
En la inconformidad de los sectores policíacos de Ensenada, según comentó Alejandro Monreal Noriega, se encuentra que no han recibido aumento salarial en siete años, lo cual es uno de los requisitos del otorgamiento del Fortaseg. También solicitan un bono único de aumento salarial. Curiosamente, por la extensión territorial de Ensenada se considera urgente que se otorgue un pago inmediato a compañeros que sean cambiados de comisión.
Policías ensenadenses también buscan que se contrate un seguro de vida, el pago de haber de retiro a jubilados y viudas, la exigencia que los recursos de Fortaseg lleguen a tiempo y apoyo a la vivienda Infonavit.
De igual forma, exigen un bono de riesgo de trabajo por cualquier contingencia y labor policial; atención psicológica y psiquiátrica por eventos relacionados al servicio; pensión de viudez a familiares designados al fallecimiento del elemento por cualquier cuestión; y apoyo de becas al 100% a descendientes y beneficiarios del elemento a la educación media superior y superior.
Los agentes de Ensenada también solicitaron se les otorgue permiso de portar armas fuera de sus horarios laborales, toda vez que se han suscitado ataques contra agentes policiacos y funcionarios de gobierno.
ZETA buscó una opinión del alcalde Armando Ayala Robles o de sus funcionarios, pero hasta el cierre de edición, no se emitió postura al respecto.
POLICÍA DE TECATE, EN LAS PEORES CONDICIONES
A decir del propio Alejandro Monreal Noriega y el presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, la peor policía -en cuanto a condiciones laborales- es la de Tecate, puesto que tiene los peores salarios de todo el Estado. Sin mencionar que se han visto obligados a pelear por la prestación de servicios de salud y seguridad social a través de amparos.
Hernández Niebla recordó la protesta simbólica realizada por policías tecatenses el 28 de mayo, mientras se despedía a los cuerpos de los compañeros caídos Rosalba Santillán y Pedro Gutiérrez, abatidos por delincuentes.
Ese día, los uniformados le dieron la espalda de las autoridades presentes, entre ellas el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, exigiendo mejores condiciones de trabajo y protección para llevar a cabo su labor de seguridad. Pese a tratarse de un acto importante, la alcaldesa Zulema Adams no se presentó, argumentando que sostendría una reunión en Tijuana con funcionarios del Issstecali para resolver la falta de seguridad social a los elementos del “Pueblo Mágico”.
Y es que desde el 1 de enero se suspendió el servicio en Issstecali a los policías de Tecate, debido al incumplimiento de pago por parte del gobierno municipal, el cual se viene arrastrando desde pasadas administraciones y ronda en los 140 millones de pesos por la burocracia en general.
Ante ello, fue requerida una demanda de amparo por parte de un gran número de policías, quienes recibieron una sentencia favorable y el Ayuntamiento se vio obligado a buscar esquemas de seguro de vida y prestaciones con una institución privada.
Hernández Niebla reclamó que la administración municipal intentó darles 9 mil 500 pesos a los familiares de los agentes caídos como indemnización por su pérdida, lo que resulta una verdadera burla. Además, los agentes se quejaron -al igual que todos- de la falta de equipo, patrullas, chalecos antibalas y armamento para cumplir con su función.
ZETA tuvo contacto con la presidenta municipal de Tecate, Zulema Adams, quien se limitó a responder vía mensajes de WhatsApp que actualmente se siguen buscando esquemas para otorgar beneficios de seguridad social a los policías.
FISCALÍA, EN EL LIMBO
El penúltimo lugar en la tabla de prestaciones se encuentran los elementos de la GESI, la cual históricamente ha sido rezagada, pero durante los últimos años de gestión del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y a lo largo de la de Francisco Vega de Lamadrid, la situación empeoró.
A la queja de tener 10 años sin un aumento salarial, se han sumado nuevas problemáticas, como no tener certeza del sueldo que se gana, puesto que se les retiene una parte por semana, de lo cual desconocen motivos.
También denunciaron daños en su historial crediticio y adeudos inesperados, ya que el gobierno no pagaba a las instituciones bancarias los préstamos solicitados por el usuario, pero sí descontaba de su sueldo.
En la misiva entregada a la Unión de Policías, se establece la falta de identidad, puesto que no se han entregados los nombramientos ni adscripciones de agentes ante su nuevo encargo en la Fiscalía General del Estado, al no dotarles de gafetes ni identificaciones policíacas actuales.
Otra de las quejas es que no tiene derecho a prótesis, un fondo de gastos funerarios ni seguro de vida, puesto que se incumplió con el pago a aseguradoras; tampoco un fondo de indemnización por muerte en cumplimiento del deber, y mucho menos tienen esquemas de ningún tipo para ser acreedor a una pensión, jubilación o retiro, salvo a través de la “pensión humanitaria” que se entrega de manera discrecional cuando existe recurso para ello. Dicha “prestación” no se transfiere a la familia.
Hace algunos meses, este Semanario denunció que esta pensión era para detectives y agentes del Ministerio Público, pero durante el gobierno de “Kiko” Vega se utilizó hasta para beneficiar a personas que no lo merecían, como el ex director de Servicios Administrativos, Armando Ríos Treviño, entonces funcionario de primer nivel.
Actualmente el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, sigue pagando la pensión a este individuo.
En la carta también explican que los exámenes para la portación de arma, certificados médicos, exámenes antidopaje, psicométricos, de no inhabilitación y antecedentes penales, corren por cuenta de los agentes. Además, desde el inicio de esta administración no se pagan viáticos a los 50 agentes adscritos fuera de su municipio de origen, por lo que cubren con todos los gastos de combustible, casetas, comida, entre otras cuestiones.
Monreal Noriega dio a conocer que la falta de reglamentación para un esquema de pensiones para los elementos de la GESI ya se encuentra en tribunales, por lo que próximamente podría obligarse a la fiscalía estatal para llevar a cabo este tipo de esquemas.
SISTEMA PENITENCIARIO, SIN NOMBRAMIENTO DE POLICÍAS
En la carta de peticiones del Sistema Penitenciario que recabó la Unión de Policías, los custodios perdieron su nombramiento de policías, por lo que no pueden hacer investigaciones de ingreso de droga ni ninguna facultad para ordenar los centros penitenciarios del Estado, aunado a la severa crisis de personal con la que cuentan, al grado que -según los mismos representantes de la Fraternidad del Sistema Penitenciario- se cuenta apenas con el 35% del personal trabajando a causa de diversas complicaciones, entre estas la contingencia sanitaria, lo que ha imposibilitado que el personal cubra todas las necesidades de los penales, además de impedir la oportunidad de vacaciones.
En la carta se precisa que no se cuenta con seguro de vida para los agentes que fallecieron a causa de la COVID-19; no se cuenta con uniforme y equipo, no existe un organigrama de escalafones y no ha habido aumento salarial en 10 años. Tampoco se ha dado mantenimiento a los centros penitenciarios en ningún rubro, ni pago de ayudantías de transporte a 43 agentes que trabajan fuera de su municipio.
NUEVA LEY ES INSUFICIENTE: MONREAL
El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, presentó una nueva Ley de Seguridad Pública para Baja California, la cual vendrá a sustituir la vigente. Entre las novedades incluye a la Fiscalía General del Estado en los esquemas de seguridad pública, lo que ya generaría un beneficio para agentes de la GESI.
De toda la Ley, solo dos artículos hablan de la seguridad social para policías, y en uno de ellos, el 160, establece algunos detalles para garantizarla, refiriendo que el Estado, la fiscalía y los municipios tendrán que definir sus respectivos reglamentos.
Además, obliga a los patrones a:
– Un sistema de seguridad social para ellos, sus familiares y dependientes.
– Prótesis en caso de perder un miembro en cumplimiento de su deber.
– Tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito.
– Otorgamiento a familiares y dependientes de un pago póstumo o seguro de vida en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber, independientemente de los estímulos económicos que se le otorguen.
– Concepto de apoyo de gastos funerarios.
– Licencia al agente con derecho a remuneración por accidente, enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad.
– Jubilación, pensión o invalidez para el agente y sus familiares designados.
– En caso de fallecimiento del miembro, garantizar acceso a educación básica, media superior y superior para sus hijos.
– Acceso a créditos de vivienda.
– Durante un proceso de separación del cargo de un agente, tanto el implicado como sus familiares gozarán de servicios de salud.
Alejandro Monreal expuso que se trata de un avance en materia de seguridad pública, pero adolece del mismo problema que la anterior, puesto que no establece los mecanismos que garantice el cumplimiento de estas responsabilidades.
Y es que el argumento de los gobiernos para no dotar de lo mínimo indispensable a los oficiales, es que no cuentan con recursos suficientes, lo que consideran, que será el mismo problema con esta nueva Ley.
Un análisis desarrollado por abogados de la Unión de Policías encontró las carencias de la nueva Ley, como que no establecieron las bases para crear un fideicomiso que sirva para soportar las prestaciones sociales de la Policía, y en lo que se encuentran en toda la disposición de hacer sus respectivas aportaciones. También falta una comisión de vigilancia que garantice que los recursos descontados de su salario se dirijan al pago correspondiente del préstamo o crédito solicitado.
Otra solicitud es la garantía de que en caso que un policía pierda alguna extremidad que le impida ejercer la labor policial, se le otorgue un trabajo en áreas administrativas de la misma corporación, con el fin de mantenerlo en activo, tal y como le ocurrió -luego de varios años de lucha- al agente René Ayón, quien perdió sus piernas en 2013 a causa de un accidente cuando vigilaba el tránsito en Mexicali.
Las solicitudes continúan. Los agentes nunca tienen conocimiento de los resultados detallados de sus Exámenes de Control y Confianza, y cuando son removidos del cargo por algún conflicto administrativo o penal, no son reinstalados, aunque resulten absueltos de las acusaciones.
La iniciativa de Bonilla no contempla garantías de incremento salarial anual o evaluación de desempeño, ni garantiza que las comisiones fuera del municipio o de su área de adscripción sean justificadas, y no como una herramienta para castigar agentes de manera discrecional.
En el mismo sentido, en caso de requerir sus servicios fuera de su área de adscripción reciban los viáticos correspondientes para llevar a cabo su función. Y es que las comisiones fuera de la adscripción históricamente han sido utilizadas por comandantes o jefe para castigar -discrecionalmente- a uno o varios elementos. Se han documentado casos en los que agentes de Mexicali han sido enviados al Paralelo 28, sin otorgarles viáticos correspondientes.
Por estos y otros argumentos, la Unión de Policías solicitó al diputado Juan Manuel Molina una reunión de trabajo el lunes 27 de enero, donde expusieron sus principales preocupaciones y pidieron participar en las mesas de trabajo para aportar los tres años de experiencia que tienen en el tema.
Cabe señalar que ZETA buscó tener contacto con la alcaldesa de Rosarito, Aracely Brown Figueredo y con alguna agrupación del municipio para recibir información del tema, pero la funcionaria no encontró espacio en su agenda para atender la entrevista.
Cuestionado al respecto, Monreal Noriega dijo que no hay mucha inconformidad por parte de los agentes rosaritenses, toda vez que sus esquemas de seguridad social están mejo definidos que los del resto de los municipios, al grado de establecer una jubilación a los 20 años de servicio. Además, por tratarse de una policía pequeña, no han sido tan evidentes sus necesidades específicas.
Pese a ello, Hernández Niebla declaró que en temas salariales y equipamiento sí existen algunas deficiencias en la corporación arriba mencionada.
