El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura de BC, quien impulsa la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla para reformar el Poder Judicial, contradice la versión oficial de la institución, referente a que el Consejo de la Judicatura debe permanecer; asegura que su desaparición constituye una demanda de magistrados, y argumenta, en el fondo pretenden evadir responsabilidades previstas con la pretendida enmienda constitucional
Mientras que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales, se ha pronunciado por la permanencia del Consejo de la Judicatura en vista de la pretensión de sustituirlo con una Junta Administrativa, el diputado Juan Manuel Molina García afirmó en entrevista con ZETA que los propios integrantes del TSJEBC solicitaron que el órgano colegiado desapareciera.
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“Ellos mismos, los magistrados, ellos mismos, inclusive el presidente, lo digo directamente, me pidieron la desaparición del Consejo”, sostuvo el legislador local, por cuyo conducto el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una iniciativa al respecto, la cual ya fue dictaminada para en su momento ser sometida a votación del pleno de la XXIII Legislatura.
En un video institucional difundido a mediados de julio, Ortiz Morales advirtió: “La eliminación del Consejo debilitaría la independencia del Poder Judicial, pues es sabido que la Ley Orgánica que nos rige, expresamente atribuye a éste la defensa de la autonomía del Poder Judicial estatal. Aunado a esto, es claro que si el Consejo se ocupa de tareas administrativas que en la propuesta de reforma son asignadas a magistrados, implicaría un perjuicio a los justiciables al distraer a los juzgadores de su principal responsabilidad, que es el estudio y resolución de los casos judiciales”.
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Dip Juan Manuel Molina
El presidente del TSJEBC agregó: “El Poder Judicial del Estado tiene el deber constitucional de defender su independencia”, de manera que se pronunció por entablar una “defensa irrenunciable” en aras de “preservar la independencia como presupuesto esencial de la imparcialidad”.
En alusión a las declaraciones que Ortiz Morales dio a este Semanario para la edición del 17 al 23 de julio, referentes a que veía preocupante que el Consejo de la Judicatura pudiera desaparecer, toda vez que con ello habría riesgo de que las ternas de aspirantes a magistrados se definieran sin examen de por medio, Molina aseguró que “antes de la presentación de la iniciativa” le consultó sobre qué pensaba de la posibilidad de que el órgano desapareciera, a lo que supuestamente el magistrado respondió: “Sería lo mejor que le podría pasar al Poder Judicial”.
El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) relató que incluso la magistrada María Esther Rentería se había expresado en el mismo sentido en el periodo en que ella fungió como presidenta del Tribunal y él era diputado de la XXI Legislatura (a la cual arribó con el cobijo de Movimiento Ciudadano).
En 2014, Rentería Ibarra se inconformó con una iniciativa tendiente a que los consejeros permanecieran en sus cargos por dos años adicionales e incluso fueran ratificados para un periodo de seis años más. En ese contexto, sugirió conveniente eliminar el Consejo y recordó que en 2006 los magistrados habían contemplado su disolución.
Sobre la posibilidad de que los miembros del Tribunal estén de acuerdo con que el Consejo se desintegre, un abogado consultado por este Semanario, quien guarda estrechos vínculos con el Poder Judicial del Estado, mencionó que a esta institución le convendría prescindir del órgano administrativo en razón de que en parte se compone de dos consejeros nombrados por el Congreso local y uno más designado por el Gobierno del Estado.
La presencia de semejantes integrantes, quienes comparten tareas con el presidente del Tribunal, dos magistrados más y un juez, representa un contrapeso para los miembros del Poder Judicial y repercute en la toma de decisiones (de carácter administrativo, escalafonario, disciplinario y académico), asumió el profesionista.
Previo a la instauración del Consejo, cuya creación a nivel estatal data de 1995, el poder de decisión recaía exclusivamente en la figura del presidente del Tribunal. Finalmente¨, el letrado infirió que la postura de Ortiz Morales en contra de que se pretenda anularlo tendría que ver simplemente con la posible presión que esté recibiendo de los demás magistrados en el sentido de que su deber es defender el Poder Judicial.
SALAS UNITARIAS
En opinión de Molina García, la renuencia a que desaparezca el Consejo constituye solo un pretexto, el cual le estaría sirviendo a Ortiz Morales para pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial planteada por Jaime Bonilla Valdez, pues en el fondo serían otros los motivos de rechazar la enmienda constitucional.
“Ellos (los miembros del Tribunal) están hablando de esa parte, pero en realidad lo que ellos no quieren es que se conviertan las salas colegiadas en salas unitarias, entonces hablan de la otra parte, de la designación (de magistrados a partir de ternas formuladas por el mandatario estatal), y ahora inclusive dicen que no se borre el Consejo, porque los magistrados no quieren ejercer en salas unitarias (como contempla el dictamen correspondiente, aprobado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por el legislador)”, dijo.
Bajo esa modalidad, “el magistrado unitario tiene la responsabilidad directa y su trabajo puede ser evaluado para bien o para mal”, en tanto que “en la sala colegiada, no”, circunstancia que se ha llegado a constatar cuando se presentan “quejas administrativas en contra del ponente y las resoluciones dicen que no es culpa del ponente, sino de la sala”, de modo que, si no se especifica que el recurso, va “en contra de la sala completa” y a final de cuentas “no procede”.
Según reiteró, los integrantes del TSJEBC no quieren comprometerse y conducirse a la usanza de los jueces, así como de los magistrados unitarios del Poder Judicial federal “porque la apelación en materia federal es en salas unitarias”, abundó. “No quieren asumir de manera directa la responsabilidad en la emisión de las sentencias y obviamente en la tardanza que pudieran tener en la emisión de esas sentencias, porque ahora sí va a haber nombre y apellido”.
De acuerdo con el entrevistado, “las apelaciones en salas unitarias de los tribunales unitarios de circuito salen rápido”, mientras que en el sistema judicial del Estado, un asunto en el tribunal puede tomar “hasta un año” para resolverse.
“Quienes sabemos cómo funcionan o han funcionado desgraciadamente las salas colegiadas, eso es una gran aportación a la tardanza de los juicios; los juicios se tardan por la existencia de salas colegiadas y porque se diluye la responsabilidad”, asentó.
A decir de Molina García, en el marco del acercamiento que dice haber tenido con integrantes del Tribunal en el ánimo de recabar sus opiniones sobre la intención de reformar el Poder Judicial, en ningún momento consideró que ellos pudieran sentirse preocupados de la posibilidad de convertir las salas colegiadas en unitarias, y sugirió que lo que cobró relevancia fue el tema del órgano administrativo, “porque el Consejo siempre ha sido una pugna entre consejeros y magistrados”.
Por lo tanto, “lo que me sorprende ahora es que quieran defenderlo, pero en realidad están viendo la parte que les preocupa y lo demás es una cortina de humo”.
A ese respecto concluyó: “No es correcto que (Ortiz Morales) maneje que el gobernador va a designar magistrados, y, por otro lado, es la parte importante porque el magistrado presidente fue uno de los que me pidió que quitáramos al Consejo””.
En la entrevista que otorgó a ZETA, Ortiz Morales se dijo anuente a la apertura de salas unitarias en Zona Costa para que “el justiciable tenga más rápida la tramitación de su apelación” como una medida adicional a las que operan en la modalidad de colegiadas.
FILTROS
Por otro lado, Juan Manuel Molina reclamó que el magistrado presidente haya declarado a este medio que en caso que el gobernador propusiera las ternas para ocupar las plazas en la magistratura, ello pudiera repercutir en la evaluación de los aspirantes, habida cuenta de que se excluiría al Consejo de la Judicatura de implementar el respectivo examen (evaluación actualmente contemplada en el Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California).
“A él le consta que esos filtros de los que habla no se han respetado cuando no han querido, cuando no ha habido voluntad por parte de diputados, y a él le tocó ser el segundo mejor evaluado y vio pasar por un lado de sí, si mal no recuerdo, era el segundo o el primero, pero vio pasar por un lado de sí nombrado al quinceavo evaluado”, y “ese número quince en la lista ahora es compañero de él. Son muchos que sí lo hemos visto, quienes hemos litigado, que los concursos los han manejado de manera muy subjetiva. Han bloqueado el ascenso en supuestos jurados de concurso, en entrevistas han reprobado a gente con capacidad, que da clases inclusive”.
Magistrado Salvador Juan Ortíz Morales,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
Y resumió: “Entonces esos supuestos concursos no han funcionado como filtro”.
Por motivo del modelo de evaluación en vigor, existen “suspensiones en contra de los concursos que nos tienen ahí vacantes cuatro y ya cinco espacios”, de la misma manera que “magistrados supernumerarios (suplentes) han tenido que durar hasta cuatro, cinco años” ante “los amparos que se promueven en contra de esos concursos”, prosiguió.
El 16 de julio, la votación del dictamen sobre la reforma al Poder Judicial quedó postergada, dado que el presidente del Tribunal había solicitado definir un plazo para la entrada en vigor de la modificación a la Ley en caso que llegue a aprobarse, ante la prevalencia de la contingencia por la propagación del coronavirus.
De forma tal que, para la definición de ese término, los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales se reunirían con Ortiz Morales.
En cuanto al estado actual que guarda el dictamen referente (número 49), Juan Manuel Molina adelantó que podría modificarse.
“Los esquemas deben de ir emparejados con posturas serias de los diputados más allá de la política, donde busquen designar a gente que valga la pena. Lo que estamos viendo todavía en el dictamen, es poder establecer que los requisitos para ser magistrado sean más precisos, que el ejercicio profesional no se cuente por la sola expedición de la cédula, sino que efectivamente acrediten que tienen ejercicio profesional y este se da en los tribunales, se da con litigios y sobre todo con resultados”, argumentó.
SIN CONDICIONES PARA UN CAMBIO: JUEZA
La jueza décima de lo Civil, María de Lourdes Molina Morales, dijo desconocer si los magistrados están de acuerdo con desaparecer el Consejo de la Judicatura. “Yo no puedo hablar por ellos y, la verdad, no tengo conocimiento de si ellos están a favor o en contra”, manifestó a pregunta expresa.
Estableció que acerca del tema solo conoce “el pronunciamiento que hizo el presidente del Tribunal en el sentido que no era el momento más oportuno precisamente por lo que estamos viviendo de la pandemia (COVID-19) y porque se iban a quedar muchos proyectos inconclusos”.
En lo particular se pronunció en coincidencia con esa visión: “No se dan las condiciones para un cambio brusco o dramático internamente en el Poder Judicial, que yo creo que, en esa parte, estoy de acuerdo con el presidente del Tribunal: no estamos ahorita para cambios dramáticos dentro de la estructura administrativa porque ni siquiera sabemos cómo nos va a ir con el regreso”, a propósito de que a partir del 3 de agosto se reabrirán los Juzgados de primera instancia familiar, civil y mercantil del partido judicial de Tijuana y el lunes 10 se procederá lo propio en Mexicali, a raíz de que con base a un acuerdo emitido el 17 de marzo se habían cerrado instalaciones por motivo de la pandemia.
“Si fueran otras las condiciones del ambiente social y político en el país, en nuestra ciudad (Tijuana), en nuestro Estado, a lo mejor se pudiera hablar de una reingeniería, pero una verdadera reingeniería en el Poder Judicial”, sentenció la juzgadora.
Por lo que respecta al planteamiento para que el gobernador formule las ternas de aspirantes a la magistratura, optó por reservarse su opinión. Sin embargo, admitió que “los concursos como se tramitan hoy por hoy para seleccionar magistrados son totalmente ilegales, porque el Consejo de la Judicatura hizo una mezcla con figuras previstas para el concurso para juez y las incrustó al concurso de magistrado”” de ahí que asegure que esos concursos “son ilegales”, al no estar “diseñados hacia la Ley Orgánica”.
Para Molina Morales, esa normatividad establece que “el concurso para magistrados es de méritos”, lo cual significa que, si el aspirante reúne los requisitos de la Constitución para ser magistrado, pasa a la siguiente fase, consistente en someterse a un examen psicométrico para cerrar con una entrevista pública.
No obstante, “la guía” de evaluación que aplica el Poder Judicial del Estado es una “copia de los índices del Código Civil, del Código Procesal Civil, del Código Penal, del Código Procesal Penal anterior al nacional y de la Ley de Amparo”, normativas que por separado no tienen “menos de mil artículos, y “de ese universo” de preceptos se formulan a los interesados “40 preguntas de opción múltiple que implican un ejercicio de memoria”, 12 de las cuales, denunció la jurisconsulta, contienen dos respuestas correctas (de un total de tres), lo cual genera confusión, pero a la par da margen para que los evaluadores califiquen a consideración.
La jueza refirió que el Consejo de la Judicatura no necesariamente debe desaparecer, pues “el trabajo no da para distraer a los magistrados en el tema de la administración del Poder Judicial (de lo que en buena medida se encarga el órgano colegiado)”.
En dado caso, el Consejo merece “una reestructura y una reingeniería de cimientos”, con miras a optimizar recursos al igual que las funciones del personal y poner a disposición de los jueces diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, entre otros ajustes”, remató.
