En días pasados, la señora Catalina Devandas, Relatora Especial de la ONU, comentó respecto a la Ley General de Salud Mental, que afortunadamente fue retirada del senado mexicano: “Observamos con preocupación que varios de los artículos propuestos entran en contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y otros instrumentos internacionales”. Esa frase sintetiza un gran debate que ha estado abierto y ha sido intenso en diversos sectores académicos y de sociedad civil, desde que la senadora coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentara la propuesta que estuvo a punto de avanzar en la cámara alta y ser aprobada el miércoles anterior a esta publicación.
Son muchas las críticas que se hacen a la iniciativa por representar grandes retrocesos en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad psicosocial y/o usuarios de servicios de atención a salud mental en México; por ejemplo, el Artículo 17 de esa ley dice: “En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de trastornos mentales y del comportamiento, y que se requiera del internamiento de la o el menor, dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores”, contemplando la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, lo que les hace propensos a ser víctimas de violaciones a diversos derechos como es el derecho de crecer en una familia y el de tener una vida independiente en determinado momento.
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La mencionada ley no sólo carece de un lenguaje incluyente, sino que contiene varios Artículos contrarios a los principios de la Convención que se explican de manera clara en el artículo 3 y son: “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también observó algunos artículos de la CDPD que estarían en riesgo de respetarse, como son los Artículos 5, sobre igualdad y no discriminación; el 12, que aborda el derecho a la capacidad jurídica; el 14, sobre libertad y seguridad de la persona; 17, de la integridad personal; y el 25, que habla del derecho a gozar del más alto nivel de salud. En lo particular, agregaría el 15, sobre el derecho a no ser sometidos a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; Artículo 19, del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; y el 23, del respeto del hogar y de la familia.
La Convención reconoce que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”; y tiene un lema básico: “Nada sobre nosotros sin nosotros”. Hace alusión a la importancia de la consulta plena y la participación de las personas con discapacidad en la elaboración de cualquier norma, reforma, política o acción que involucre o afecte a un grupo de la población que debiese ser de atención prioritaria, y que ha sido discriminado y excluido desde los orígenes de la mayoría de las culturas.
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Aplaudo a la senadora Geovanna Bañuelos, quien ha retirado el documento que pudo haber afectado a miles de personas que se enfrentan a barreras que les impiden gozar de sus derechos y estar en igualdad de condiciones con los demás; pero más aplaudo a todas las personas que, valientes y aguerridas, manifestaron su inconformidad y lograron que esta vez no se den pasos para atrás en el reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad.
Esperemos que no se vuelvan a elaborar leyes sin tomar en cuenta a las personas interesadas. En materia de salud mental, sigue haciendo falta una nueva ley basada plenamente en los derechos humanos y el respeto a la dignidad.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
