A cuatro meses de decretada la pandemia por coronavirus, Baja California suma 11 mil 239 personas infectadas y 2 mil 247 muertos por COVID-19, cifras que demuestran la fallida predicción del titular de Salud, Alonso Pérez Rico, quien, a cargo de delinear la estrategia para atender la contingencia de salud en el Estado, había pronosticado a principios de marzo que un promedio de 140 personas contraerían el virus. Sin una política de salud y social que contenga la proliferación del patógeno, BC sigue sumando contagios y permanece en el tercer lugar de letalidad a nivel nacional
Publicidad
Para el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus pandemia global, varios estados de la República Mexicana como Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chiapas, ya registraban casos positivos a COVID-19.
Publicidad
No así Baja California, entidad federativa que confirmó el primer caso de coronavirus el 17 de marzo, detectada en Mexicali, municipio que el día 30 del mismo mes registró la primera persona fallecida por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.
A excepción de CDMX y Estado de México, a cuatro meses de pandemia el resto de las entidades que antecedieron a Baja California en el registro de personas infectadas presentan menos casos positivos y su registro de defunciones es aún menor.
Muestra de ello es Nuevo León, que al miércoles 15 de julio registró 10 mil 575 personas infectadas y 584 decesos por coronavirus, mientras BC contabilizó a esa fecha 10 mil 975 casos positivos y 2 mil 221 fallecidos por el patógeno.
Ocupar los primeros lugares en letalidad y casos positivos, ha sido una constante durante el periodo de pandemia para BC, con todo y que en el discurso oficial el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, sostienen haberse preparado desde enero para atender la contingencia sanitaria. La realidad demostró la falsedad de la retórica del gobierno bajacaliforniano.
A sabiendas del rezago histórico que arrastran los hospitales públicos de la entidad, no se preocupó por adecuarlos y dotarlos de equipo e insumos suficientes para recibir a los primeros pacientes contagiados. Herramientas básicas como los ventiladores fueron comprados hasta la Fase 2, no obstante, la limitada cantidad con que se contaba de este material: 150 para todo Baja California.
Más aún, puso en riesgo al personal médico, situado en primera línea para dar la batalla, al no capacitarlo lo suficiente para enfrentar la pandemia.
Tampoco se ocupó de dotarlo de Equipo de Protección Personal (EPP) para atender a los pacientes de una enfermedad altamente infecciosa como es el coronavirus, por lo que el personal de Salud se incluyó en la estadística temprana de la contingencia.
A la fecha, Alonso Pérez Rico no ha querido dar cuenta exacta de la cantidad de trabajadores de la salud que se infectaron de COVID-19, en su imprecisa información da cuenta de 380 empleados afectados, cifra que no actualiza desde hace más de un mes.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
Contratar y certificar laboratorios para la realización de las pruebas PCR que detectan el virus SARS-CoV-2 también fue una tarea en la que se ocupó tarde, por ello en la mayor parte de los primeros pacientes, el examen médico se limitó a la muestra de tomografías.
“No hay más casos porque no se hacen las pruebas suficientes, esa es la razón más importante, lo ideal sería que tuviéramos la capacidad de que a los sospechosos se les hiciera la prueba”, reclamaron directivos y personal médico de los nosocomios reconvertidos.
Las tomografías no determinan la presencia de coronavirus, solo certifican el registro de neumonía, padecimiento que se disparó durante el periodo de pandemia, como en su momento lo reconoció el propio gobernador Bonilla.
Pero si en materia de salud la autoridad estatal mostró impericia para hacer frente a la pandemia, en política social no fue lo contrario.
Afanado en una política populista, más que de prevención para la protección de la salud y la vida de los bajacalifornianos, Jaime Bonilla Valdez no solo no frenó en forma temprana la realización actos masivos, sino que él mismo los promovió.
A diferencia del alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien optó por cancelar las jornadas comunitarias al declararse la alerta de pandemia, Bonilla siguió asistiendo a las colonias.
A principios de abril, ya en Fase 2 de la pandemia, mientras las autoridades de Salud, incluido el secretario Pérez Rico, llamaban a la población a resguardarse para evitar la creciente propagación de contagios, el Ejecutivo estatal convocó a la población de las colonias marginadas a conglomerarse en puntos estratégicos para recibir una despensa de apenas cien pesos. Conformada entonces por nueve artículos alimenticios, la dádiva no incluyó ni gel antibacterial o cubre bocas para la población de escasos recursos.
“Esperar lo peor, es la única manera en la que un Estado se puede prevenir, pensar en lo que se puede salir de nuestras manos, sabemos que vamos a una Etapa 3, ignorarla sería un gran error, por eso estamos todas las cabezas trabajando en tratar de superar este tsunami. Es tiempo de ponerle distancia, si nosotros no lo hacemos como estrategas, las consecuencias las va a pagar el pueblo; es la responsabilidad que tengo en mis hombros”, planteó Jaime Bonilla Valdez a inicios de abril, cuando el Estado que gobierna contabilizaba tres decenas de casos positivos y una persona fallecida por coronavirus.
Pero el tsunami se le vino encima al improvisado gobierno bajacaliforniano, muestra de ello es que, a cuatro meses de iniciada la contingencia de salud, la entidad ha acumulado 11 mil 239 casos positivos y enfrentado la muerte de 2 mil 247 personas infectadas de COVID-19, sin considerar a las personas fallecidas en casa, en el trayecto a un nosocomio o en las puertas de un hospital. Sub-registro que no entra en la estadística oficial porque, aunque presentaron sintomatología asociada a coronavirus, no se les practicó una prueba PCR, como lo determinan los lineamientos para el manejo general y masivo de cadáveres de personas que mueren fuera de hospital por causas respiratorias durante la pandemia, publicados el 21 de abril por la Secretaría de Salud federal.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
BC, SIN CAMBIO DE ESTRATEGIA
El 11 de marzo, seis días antes de que se confirmaran los primeros dos casos de COVID-19 en Mexicali, el secretario de Salud en el Estado pronosticó un escenario completamente distinto al que se vive actualmente, donde ya suman más de 11 mil 239 contagios confirmados en la entidad.
En aquel entonces, Pérez Rico dijo que en los primeros tres meses estaba contemplado atender a 140 pacientes en todo BC, de los que 63 personas -equivalente al 45%- serían atendidas por la Secretaría de Salud. Sin embargo, para el 17 de junio, tres meses después de los primeros casos confirmados, 7 mil 559 personas habían dado positivo al virus en BC; 3 mil 175 habrían sido atendidos por la Secretaría de Salud.
Las estadísticas presentadas echaron por tierra no solo el primer pronóstico de Pérez Rico, sino también lo dicho la última semana de marzo, cuando entrevistado por ZETA, el funcionario cambió la cifra dicha en un principio y subió la cantidad de infectados hasta 5 mil personas contagiadas, 500 serían de gravedad.
Otro dato errado, si se considera que hasta el miércoles 15 de julio había 11 mil 239 pacientes confirmados con prueba de laboratorio, entre los 2 mil 243 que han perdido la batalla por complicaciones con la enfermedad.
Cuestionado si prevé cambiar de estrategia, Pérez Rico respondió tajante: “No, creo que estamos haciendo lo que marcamos en el plan estratégico de Baja California con relación al COVID y lo hemos implementado al pie de la letra. Buscamos y atendemos mejores prácticas de otros estados y de otros países, y en el momento en que la información médica y la bibliografía se actualiza, la actualizamos nosotros, para precisamente brindar salud en el Estado”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
MARZO: IMPROVISAN ATENCIÓN DE PANDEMIA
A mediados de marzo, mientras la población aglomeraba los supermercados para hacer compras de pánico que en cuestión de días agotaron principalmente insumos como papel higiénico, alcohol, gel sanitizante y cubre bocas, el desabasto de equipo médico prevalecía en los hospitales públicos de Baja California.
Las frenéticas compras contrastaban con la pasividad de las autoridades, actitud que generó incertidumbre entre directivos y trabajadores de salud de las unidades de Salud del sector público. Así arribó Baja California a la Fase 1 de la pandemia.
Para evitar la saturación de pacientes en hospitales aún sin adecuar, Alonso Pérez Rico pidió a la población aplicar el distanciamiento social y puso a disposición números de Emergencia que nadie atendía.
El 17 de marzo se reportaron los primeros casos de infectados en Mexicali; para entonces la Federación había enviado 200 test PCR para detectar la presencia de SARS-CoV-2, pruebas que en los hospitales públicos no tenían en su stock.
El 22 de marzo, México entró en la Fase 2 de la pandemia, etapa que en BC se decretó dos días después, entonces Pérez Rico y el gobernador Jaime Bonilla anunciaron la reconversión de los principales nosocomios del Estado a hospitales COVID-19. Para desocupar esas unidades médicas, cancelaron las cirugías programadas no vitales, aplazaron la consulta externa y anunciaron el traslado de pacientes con patologías ajenas a padecimientos respiratorios a otras instituciones médicas.
“Allí vamos a tener a todos los médicos que van a manejar a los pacientes con la enfermedad, ahí vamos a tener la mayor concentración de insumos y a los que van a requerir ventilación”, ponderó Alonso Pérez Rico al referirse a los hospitales generales de Mexicali, Tijuana y Ensenada. También anunció la creación del Comité de Control COVID-19.
Hacia la segunda semana de abril, la reconversión no concluía y los hospitales de apoyo que atenderían a los pacientes no COVID, como ISSSTE e Issstecali, se negaban a recibir a enfermos no registrados en su padrón de derechohabientes, porque oficialmente la Secretaría de Salud del Estado no les había informado de tal medida.
El escrito oficial lo hizo llegar Pérez Rico en la segunda quincena de abril, a un mes de iniciada la pandemia, periodo en el cual BC alcanzó los 565 casos positivos y 72 defunciones.
El viernes 27 de marzo se dispusieron filtros respiratorios en estacionamientos, salas de espera o áreas de ingreso a los hospitales hacia donde se canaliza a todo paciente con enfermedades respiratorias, donde la atención no ha sido oportuna y pacientes que han acudido no han sido canalizados a los hospitales, sino que se les ha despachado a sus casas con tratamiento para la tos. Atención inadecuada que ha derivado en decesos, como el caso de Ramón Ricardo Ramos Hernández, documentado por ZETA.
Ese día, el gobernador reconoció que “inició el arribo de personas con neumonías atípicas”, al reportar once casos. Entonces, su secretario de Salud anunció que todos los pacientes con sintomatología respiratoria serían sometidos al test, ya que “si tienen neumonía atípica, aumenta considerablemente el riesgo (a registrar el virus)”.
No obstante, la restricción en las pruebas PCR, las cuales solo se aplican al 10% de los pacientes ambulatorios, ha derivado en la emisión de diagnósticos equivocados como el de una mujer de 49 años internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Issstecali el 20 de marzo por neumonía atípica, a quien, pese a tener insuficiencia respiratoria, se le dio tratamiento de influenza y resultó que estaba contagiada de coronavirus.
Marzo cerró con el registro de la primera persona muerta por COVID-19 en la entidad: José Manuel Hurtado Montaño, de 70 años, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mexicali.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
ABRIL: SE DISPARAN NEUMONÍAS ATÍPICAS POR FALTA DE PRUEBAS
Sin prueba de laboratorio para certificar como COVID-19, los casos sospechosos y reportes hospitalarios se plagaron de diagnósticos de neumonía atípica. Un promedio de 35 pruebas diarias se aplicaban en BC a principios de abril, en plena Fase 2 de la pandemia.
La limitación en los test no incluyó al gobernador Jaime Bonilla ni a su equipo funcionarios y colaboradores más cercanos, quienes en la primera de ese mes, se sometieron a la prueba “por cuestión de protocolo”, luego que Rigoberto Rodríguez, jefe de escoltas del equipo de seguridad del mandatario, diera positivo al virus. Falleció el 13 de abril.
La falta de coordinación entre autoridades de Salud y del Estado de Baja California para atender la contingencia sanitaria quedó de manifiesto cuando Jaime Bonilla aprovechó los señalamientos en redes sociales de personal médico del IMSS para acusar que era “el talón de Aquiles” del sistema de salud de la entidad, y al no proveer de EPP a sus médicos, “están cayendo como moscas”, dijo, sin mencionar que para entonces personal de Salud de los hospitales del sistema estatal también habían sucumbido al contagio por falta de equipo.
Tampoco mencionó que los hospitales reconvertidos a COVID-19 habían alcanzado su límite máximo en Tijuana, por lo que, a mediados de abril, las ambulancias que trasladaban pacientes esperaban hasta siete horas en las puertas de los nosocomios para que les recibieran a los enfermos.
Con este panorama, sin considerar la estadística que tanto reclamó a las autoridades de salud a nivel federal actualizar, la cual coloca a BC en segundo lugar de mortandad por coronavirus y el tercer lugar en número de infectados, Jaime Bonilla anunció a finales de abril el levantamiento de actividades que consideró importantes para el desarrollo de las esenciales., “no va a pasar nada si nos cuidamos como lo hemos hecho hasta ahora”, argumentaría.
Baja California concluyó abril con mil 577 personas infectadas y 223 defunciones por coronavirus.
MAYO: SE DESBORDA PANDEMIA EN TIJUANA
Por primera vez en su historia, en los primeros días de mayo el Hospital General de Tijuana cerró sus puertas en varias ocasiones, al no contar con espacio ni personal suficiente para atender a los contagiados por coronavirus.
La saturación de los nosocomios reconvertidos llegó a tal punto que carecían de espacios hasta para atender a los pacientes en sillas.
Pacientes con todo tipo de sintomatología eran regresados a sus viviendas sin recibir atención médica. En a estadística de Cruz Roja se registró un incremento exponencial en el número de fallecidos en domicilio y en trayecto a una unidad médica.
Ninguna de las unidades auxiliares anunciadas, se encontraba dispuesta a apoyar a los hospitales reconvertidos, de nuevo las autoridades no habían actuado con oportunidad.
En tanto, para cubrir el déficit en el Estado de 2 mil 400 plazas de médicos y enfermeras, las autoridades apenas iniciaban el programa de contratación de personal. A la fecha, alrededor de 350 médicos y enfermeras han sido contratados, de los cuales por lo menos un 10% ha renunciado.
Aun así, el gobernador pronosticó a inicios de mayo: “Siento que vamos a mesetear en seis, siete días, que significa que vamos a entrar a la Fase 4, que es la bajada”. Lejos de ello, se desató el caos.
Ante el incremento exponencial en el número de muertos, las funerarias incrementaron en 150% el costo de cremación de personas que fallecieron por COVID-19.
Aunque las autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo operativos de verificación y se sancionó a media decena de negocios, además de establecer un convenio para que solo se cobraran 7 mil pesos por tal servicio, las funerarias no solo no respetaron el acuerdo al seguir aplicando cobros de 35 mil hasta 50 mil pesos, sino que siguieron acumulando cadáveres en su depósitos y patios, difiriendo las cremaciones hasta por más de un mes.
Durante esa fase de la contingencia de salud por coronavirus, el registro de muertes asentadas en actas de defunción en Tijuana era de 2 mil 983 defunciones por diferentes causas, que significó un incremento del 72.3% con relación al mismo periodo de 2019, de acuerdo con las actas de difusión expedidas por las oficinas de Registro Civil de esta ciudad.
Mayo concluyó con 4 mil 990 casos positivos y 843 personas muertas por COVID-19 en Baja California.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
JUNIO: SEMÁFORO ROJO PERMANENTE
A partir del sexto mes del año inició la etapa de semaforización a nivel nacional, con Baja California en Rojo, color en el que se ha mantenido, al no lograr contener el número de contagios y conservar el tercer lugar en número de muertos a nivel nacional.
Aun así, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez permitió el reinicio de actividades no esenciales, como la operación de gimnasios, y amplió la operación de restaurantes.
Aunque el gobernador y los cinco alcaldes de BC firmaron el Acuerdo Estatal de Unidad contra el COVID-19, pactando homologar la reanudación de las actividades económicas y sociales en todos los municipios de la entidad de acuerdo con la colorimetría del sistema de semáforo, no así la implementación de medidas que contengan la pandemia.
En ese contexto, junio se convirtió en el mes más letal de la pandemia por coronavirus en Baja California, al perecer en ese periodo 930 de las mil 818 personas que hasta entonces, habían fallecido desde el inicio de la contingencia sanitaria. En cuanto a contagios, junio cerró con 8 mil 859 personas infectadas.
Con 4 mil 834 contagiados y 808 defunciones, Mexicali se convirtió en el epicentro de la pandemia, seguido de Ensenada, municipio que acumuló 705 casos positivos y 88 defunciones.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
JULIO: CUATRO MESES DE PENURIAS
Pacientes atendidos en Unidades Auxiliares Hospitalarias (UAH) de Baja California, han sido reingresados a terapia intensiva a los hospitales reconvertidos a COVID-19.
Algunas de estas unidades, como la UAH ubicada en el estadio de Zonkeys, carecen de personal médico suficiente para operar al 100%.
A cuatro meses declarada la pandemia, las autoridades de Salud del Estado no han logrado contratar el personal suficiente, argumentando que su convocatoria no ha sido atendida.
A la fecha continúa sin proveer el equipo médico suficiente, por lo que doctores y enfermeras siguen adquiriendo mascarillas y uniformes por cuenta propia.
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez tampoco ha transparentado el gasto de 940 millones de pesos del que ha dispuesto en los cuatro meses de pandemia, omisión que ha colocado a BC entre las entidades con focos de alerta por posible riesgo de corrupción, de acuerdo a Transparencia Mexicana y Tojil, organismos civiles que dan seguimiento a planes, fondos, programas y acciones del Gobierno de México y los estados de la República Mexicana.
A decir del secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, parte importante de esos recursos serían canalizados para la compra de insumos médicos, ventiladores y la aplicación de pruebas PCR, pero no se ha dado cuenta exacta de esas adquisiciones y por qué el EPP para el personal sigue siendo insuficiente. (Con información de Uriel Saucedo Ramírez)
Analizan aplicar multas mayores a 17 mil pesos a quienes no acaten medidas sanitarias por coronavirus en TJ
Ante la poca variación en casos activos por COVID-19 en Tijuana y el aumento en el número de defunciones, el Cabildo de Tijuana considera aplicar multas por más de 17 mil pesos a quienes incumplan con las medidas de seguridad sanitaria, como el no usar cubre bocas, el resguardo domiciliario en caso de contagio, no respetar la sana distancia o realizar y/o participar en reuniones de más de diez personas.
En abril, la regidora Mónica Juliana Vega Aguirre, presidenta de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, entregó la iniciativa a la Secretaría de Gobierno del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Carlos Murguía, pero no se subió al pleno.
Fue hasta que se presentó otra iniciativa en el mismo sentido, esta vez por el regidor Adrián González, cuando se turnó al pleno de la asamblea edilicia, decidiendo turnarla a Comisiones para que se analicen ambas propuestas y determinen su alcance en cumplimiento a los derechos humanos de las personas, anotó la regidora Mónica Vega.
Aunque se contempla la aplicación de multas de 30 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), el equivalente de 2 mil 606 a 17 mil 376 pesos, “se debe contemplar un tabulador para determinar cuál podría ser considerada falta leve o grave, analizar montos de multas, a quién se multa y quién tendrá la facultad de multar”, agregó.
De inicio se consideró un tope en la sanción administrativa de 50 UMA, pero se decidió elevar la multa a 200 UMA. Una vez definidos estos aspectos en Comisiones, se emitirá un solo dictamen para ser sometido al voto del pleno del Cabildo.
Para multar a quienes no acaten las medidas de seguridad sanitaria será necesario reformar el Bando de Policía y Buen Gobierno para Tijuana, adicionando los artículos 169 BIS y 169 TER, además de modificar el 193 “con el único propósito de proteger la vida y la salud de los ciudadanos de esta ciudad”, se lee en el punto de acuerdo analizado en la sesión extraordinaria de Cabildo del martes 14 de julio, tres meses después de la primera propuesta.
Mónica Vega lamentó que no se haya considerado desde el inicio de la pandemia por coronavirus, aunque subrayó que la medida de sanción se pensó no solo para esta emergencia sanitaria, sino en las que se pudieran dar en el futuro e incluso para un posible rebrote de COVID-19. Isabel Mercado Juárez
Secretario Salud, Alonso Pérez Rico
Contradicciones y errores de Pérez Rico
De manera poco clara e imprecisa, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, explica el manejo de la pandemia por coronavirus en la entidad.
En el poco acceso que da para responder los cuestionamientos de la prensa, no solo divaga en sus respuestas, sino que se contradice una y otra vez. Aquí unos ejemplos:
“El caso para la Secretaría de Salud en lo que tuviéramos que atender pacientes, serían 140 pacientes en el Estado en un periodo de tres meses, y de esos, la Secretaría de Salud tendría que atender el 45%, afirmó el 11 de marzo al hacer un pronóstico de la pandemia por COVID-19 para Baja California.
El 24 de marzo modificó:
“El estimado en todo el Estado son 500 pacientes que van a requerir hospitalización”. Ni uno ni otro pronóstico fue atinado.
“Baja California ya le dio en la espalda al COVID”, desde mayo, esta frase el secretario de Salud la repite una y otra vez en las transmisiones en las que da el reporte diario.
“Llegamos al ápice, disminuimos y ahorita ya estamos del otro lado, literalmente ya sobrepasamos la pandemia”, reitera a partir de junio, mes en que el número de muertos por coronavirus alcanzó el acumulado máximo.
“De las cifras parecidas a lo reportado en mayo y junio, en cantidad de casos confirmados si lo analizas en su totalidad, dices, pues son las mismas, está muy cercano a las mismas cantidades, pero no, cuando lo analizas y ves cada municipio y ves lo grueso de los pacientes, y lo más importante, si son ambulatorios u hospitalizados, es completamente, no es muy difícil de entender eso”, intentó explicar al ser cuestionado de por qué dice que va cediendo la pandemia si continúan reportando tantos casos confirmados.
“Ahorita estamos en una situación con el Estado de Sonora en la cual se van a retirar cierto número importante de pacientes, ya hablaron con el Estado de Baja California las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social”, informó al preguntarle el porqué de la diferencia en el número de decesos por COVID-19 presentados en las tablas catorcenales o mensuales, con la suma diaria del mismo periodo.
“Primero se te enferman los pacientes, se te infectan, luego se te enferman, van a los hospitales, requieren oxígeno, luego van a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), luego fallecen, esa secuencia tarda tiempo”, expuso al pedirle que explique a la ciudadanía la discordancia en los números de la tabla mensual de defunciones con el acumulado presentado a diario.
“El Registro Civil solamente registra lo que la Secretaría de Salud y las instituciones le reportan, en el caso concreto de COVID, el Registro Civil no puede llevar la numeraria de COVID”, anotó sobre el reporte proporcionado por las oficialías del Registro Civil de Tijuana y Mexicali, en las que se dio cuenta de un incremento de muertes por padecimientos respiratorios.
“El Registro Civil lo único que puede es llevar la numeraria de pacientes que han fallecido de neumonías atípicas y por COVID, y tiene la obligación de reportarnos todas esas muertes que vengan en ese sentido para que la Secretaría de Salud ratifique o rectifique en el Anexo 8”, indicó el funcionario estatal de manera posterior, subrayando que el Registro Civil sí puede llevar la numeralia de fallecidos por coronavirus. (Isabel Mercado Juárez)
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
