Héctor Félix Miranda, codirector fundador de ZETA, tenía 47 años cuando lo mataron. Sus asesinos, Antonio Vera y Victoriano Medina, han vivido 32 años más que él, cinco de estos gozando total de libertad, tras purgar 27 y 25 años de prisión, respectivamente.
Jorge Hank Rhon, adinerado empresario, integrante de una familia priista con poder político y jefe de los asesinos, no ha sido tocado por este tema, más allá de una declaración en 1988.
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El hombre de los caballos fue detenido y liberado por tráfico de especies en peligro de extinción en 1996 y 2011. También fue investigado en 1997 por la Fiscalía de Estados Unidos por lavado de dinero, actos de corrupción, evasión fiscal e involucramiento con el Cártel Arellano Félix. No procedieron en su contra, solo le quitaron el pasaporte en enero de 2009.
En Baja California, fue capturado en junio de 2011, al localizar en su propiedad 88 armas de uso exclusivo del Ejército, dos de estas involucradas en asesinatos perpetrados en 2009 y 2010. Además, su ex empleado, el testigo protegido Fernando Vázquez, declaró el involucramiento del empresario y sus escoltas en por lo menos siete homicidios, incluido el de la novia de uno de sus hijos. Igual fue liberado.
Durante más de tres décadas, ni Antonio Vera, Victoriano Medina o su jefe Jorge Hank, han mostrado arrepentimiento o remordimiento por el crimen de Héctor Félix, pero el contexto tampoco los ha presionado.
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“Tan de cerca como he vivido el Caso Félix, nunca creí, ni creo, ni creeré que los guaruras de (Jorge) Hank actuaron por su cuenta. Mi hipótesis la mantengo: Él, y, o su más que cercano Alberto Murguía, dieron la orden”, escribió en su columna en abril de 2005 el codirector fundador de ZETA, J. Jesús Blancornelas, respecto a los asesinos de Héctor Félix Miranda. Tesis que las evidencias le han permitido sostener a esta casa editorial durante 32 años de impunidad.
“Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?
Ing. Jaime Bonilla Valdez: Los ex gobernadores Lic. Xicoténcatl Leyva, Ing. Óscar Baylón Chacón, Lic. Héctor Terán, Lic. Alejandro González Alcocer, Lic. Eugenio Elorduy, Lic. José Guadalupe Osuna Millán, Lic. Francisco Vega de la Madrid no quisieron ordenar la captura de los que planearon asesinarme. ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen?”
Foto: Internet/Ernesto Ruffo
Estas son las preguntas que se han hecho en cada edición impresa semanal, a los funcionarios estatales y al jefe de los asesinos de Héctor Félix Miranda. Y siguen sin respuesta desde aquel 20 de abril de 1988.
La mañana de aquel lluvioso miércoles, Héctor “El Gato” circulaba sobre la calle López Velarde en su Ford sedán LTD, modelo 1980, rumbo a las oficinas de ZETA. Eran las 9:15 de la mañana cuando, seguido por delincuentes a bordo de una camioneta color crema, fue interceptado por los homicidas que iban en un Pontiac Trans-Am negro, último modelo (testigos mencionaron también la participación de un pick-up) y, en medio de ese operativo criminal, uno de los hombres le disparó la carga de una escopeta calibre .12 milímetros. Posteriormente todos huyeron y se resguardaron en los terrenos del Hipódromo Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon.
Los elementos de prueba permitieron a la Procuraduría del Estado, determinar que los autos, las armas y los matones pertenecían al dueño del hípico, y girar órdenes de aprehensión en contra de su jefe de guardia, Antonio Vera Palestina, y sus escoltas Victoriano Medina, detenido en 1988 y Emigdio Nevárez, detenido, liberado y asesinado.
Bajo la administración del gobernador Ernesto Ruffo Appel, la fiscalía estatal capturó al segundo asesino de Héctor, el entonces prófugo Antonio Vera Palestina, a quien se localizó el 1 de mayo de 1990.
Solo hasta el final de su sexenio, Ruffo retomó el tema para decir que, tratándose de los autores materiales del homicidio del codirector fundador de ZETA, “todos los caminos conducen al Hipódromo”, pero no hizo nada al respecto y se justificó, afirmando: “Es mejor tener todas las pruebas y no que Hank nos resulte un O.J. Simpson”.
El 11 de marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “El hecho de que la investigación se haya interrumpido luego de la captura de los autores materiales y no se haya investigado la instancia intelectual significa que hubo ‘tolerancia’ de parte del poder público, hecho que quedó reflejado que en los últimos años (sic), a pesar de que el caso permanece legalmente abierto, no se hicieron mayores avances para esclarecer el crimen”, reclamaron.
A lo que el 29 de abril de 1998, después de varios estira y afloja, el Estado respondió:
“… la investigación aún no ha sido cerrada”.
Dieciséis años después del asesinato de “El Gato” y siete años posteriores a la denuncia, en 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancias de la SIP y con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprobaron que un grupo independiente de peritos y abogados revisaran las más de 14 mil hojas del expediente, para encontrar una “falla” en la integración de la averiguación y reabrir el caso.
Entonces, el 22 de junio de 2004, miembros del Cártel Arellano Félix asesinaron a Francisco Ortiz Franco, editor general de ZETA y abogado que encabezaría a ese grupo, pero el asunto no ha tenido mayores avances en 16 años.
Bajo esas condiciones, por 32 años consecutivos, desde este Semanario reclamamos y exigimos justicia a los gobiernos morenistas del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, quienes prometieron limpiar el país de impunidad y corrupción. Que investiguen, se detenga y castiguen al o los autores materiales del asesinato de Héctor Félix Miranda.
