Hace una semana, o poco más, quizá, en uno de los actos informativos unilaterales que hace el gobernador Jaime Bonilla Valdez a través de su página de Facebook, para trasmitirlo a quienes le sigan en esa red social, cuando entró al tema de la inseguridad, reconoció lo innegable: el incremento en los asesinatos violentos en Baja California, y tuvo un momento de sensatez al aceptar públicamente que “eso no lo hemos podido controlar”.
Y efectivamente, los asesinatos están imparables. Tan solo este año, con todo y pandemia por COVID-19, acompañada de la cuarentena impuesta por los gobiernos, el cierre de empresas con labores no esenciales y la sugerencia oficial de quedarse en casa, el sector criminal no descansa. Lo prueban los cientos de miles dólares que se han decomisado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, o el descubrimiento en marzo de un narcotúnel con drogas equivalente a 26 millones de dólares, y por supuesto, los asesinatos de la mafia.
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Sin liderazgos criminales visibles en la entidad, con sicarios advenedizos y estructuras mafiosas diseminadas por todo el territorio bajacaliforniano, los cárteles Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix y de Sinaloa, mantienen un enfrentamiento en colonias, calles y avenidas de los cinco municipios.
Esta guerra entre la chiruza del narcotráfico ha engrosado las listas de ejecutados, hombres y mujeres asesinados por órdenes criminales que pelean un terreno, saldan una deuda ilícita o cobran venganzas.
A la llegada de Movimiento Regeneración Nacional al gobierno de Baja California, se creó la Fiscalía General el Estado, entidad en la que se fusionaron la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la intención de hacer más eficiente el combate a la criminalidad, conjuntando las labores de inteligencia, investigación y prevención en una sola entidad, pero el plan aun no da los resultados deseados.
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Las cifras de asesinatos hasta el jueves 30 de abril, se han registrado así:
Enero, 170 personas.
Febrero, 198.
Marzo, 163.
Abril, 253.
Total primer cuatrimestre 2020: 784 personas asesinadas.
Así, abril se convirtió es el mes más violento del año para Baja California en un contexto de contingencia sanitaria que, se supone, ha mantenido a gran parte de la población en el aislamiento, pero evidentemente no a los criminales organizados ni a los mafiosos de los cárteles de las drogas, que continúan con su ilícita conducta, ubicando al Estado en los primeros lugares de la inseguridad en México.
Ciertamente Jaime Bonilla se quedó sin una Policía en la estructura del gobierno estatal, pues fusionó PGJE y SSPE en la FGE, que se supone es autónoma. Sin embargo es sabido y evidente, que durante los dos años de su mandato, pretende continuar controlando la Fiscalía General del Estado a través de su compadre y amigo, Guillermo Ruiz Hernández, a quien llegó a persuadir para que acudiera como el resto de los funcionarios del Gobierno del Estado, a sus Jornadas por la Paz, actos masivos que realizaba durante el fin de semana en diversas colonias de los cinco municipios.
La línea divisoria entre la autónoma Fiscalía y el gobierno de Bonilla es tan tenue que se pierde. Todas las mañanas el gobernador suele reunirse, al menos eso dice, aunque no hay pruebas de ello al tratarse de encerronas privadas, con el “gabinete” de seguridad, donde integra elementos municipales, estatales autónomos y federales. Ahí se supone que el gobernador que no tiene Policía, es el coordinador, quizá por ello se abrogó la responsabilidad y admitió que los asesinatos no los puede controlar.
En efecto, al no controlar ninguna corporación policíaca, ni de investigación ni de prevención, Bonilla no tiene control sobre la estrategia de combate a la criminalidad más allá de lo que pueda influir-exigirle a su compadre para integrar los planes de la FGE en su plan de desarrollo. Lo que sí puede hacer y hace mal (de acuerdo a la entrevista que nos concedió el fiscal), es proveer de manera oportuna, eficiente y holgada, de recursos económicos para que las corporaciones del Estado estén capacitadas, equipadas y pagadas a la altura del compromiso que tienen para combatir a por lo menos tres cárteles que mantienen a BC como su zona de guerra y su región binacional de trasiego de drogas.
Jaime Bonilla Valdez está gobernando una de las entidades más inseguras del país, por ahora, una de las más contagiadas por COVID-19, y en las dos batallas va perdiendo. Los servicios del Sector Salud en el Estado se han visto rebasados por los pacientes del coronavirus, e instancias federales como el IMSS, a las cuales pretendió el gobernador enfrentarse y fue sometido, también carecen de la infraestructura para hacer frente a la ola de contagios.
En medio del mes más violento y la mayor ola de contagios, el morenista no puede controlar ni una ni otra. En la inseguridad lo admite, y en la salud trastabillea. Primero cierra empresas y después las reabre. Sugiere quedarse en casa y luego pide que si van a salir, lo hagan con protección, pero no recomienda el uso de mascarillas para que la sociedad no entre en pánico.
De continuar así, sin disminuir los índices de homicidios ni controlar el nivel de contagios con medidas dictadas desde la administración estatal, el ingeniero Bonilla será un mandatario rebasado por la inseguridad y por la pandemia.
