“Si sus funciones son de control constitucional desciende a la triste situación de convalidador de leyes y actos de autoridad, que vulneran el orden constitucional y legal… Su actitud provoca la desconfianza y el desprecio de la sociedad, cuando no alarma y zozobra, pues su asunción es la negación del estado de Derecho y un impacto contra el régimen democrático”.
-Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, Sobre el Simulador del Derecho
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Los simuladores del derecho alentados por Amador Rodríguez Lozano y Jaime Bonilla Valdés, secretario y gobernador del Estado de Baja California, respectivamente, sucumbieron ante las tres ministras y nueve ministros de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN); lo menos que les dijeron fue promover un Fraude Constitucional, con la sospecha de corrupción en dólares, sobre todo la mayoría de legisladores de Acción Nacional de la anterior legislatura bajacaliforniana; y también la actual legislatura dominada por “independientes” y la mayoría de “legisladores”(no juristas) del Movimiento de Renovación Nacional (Morena BC).
Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, presidente de la SCJN, al ser aprobado por unanimidad el proyecto presentado por el ministro José Fernando González Salas, declarando la invalidez de la extensión de mandato del actual Gobierno en BC., escuchados todos los 12 ministros y ministras; no se habló como los promotores de la “Ley Bonilla” con adjetivos, sino con principios, a decir de ministros como Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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Cada ministro de la SCJN, el pasado lunes 11 de mayo de 2020, coincidió a través de la tecnología digital, en que ambas legislaturas de Baja California -la actual de Morena y la anterior del PAN- se extralimitaron fraudulentamente en contra de la voluntad popular; paradójicamente, a la que juraron servir y proteger. Reconociendo la independencia y libertad de las legislaturas locales (estatales), los constitucionalistas abogados dignos de la Suprema Corte de Justicia de México argumentaron -todos ellos- que una norma local o estatal no puede violentar los sencillos artículos constitucionales sobre la voluntad del pueblo a votar y elegir en tiempo y forma a sus autoridades.
Incluso los magistrados advirtieron que la “Ley Bonilla”, promovida por personajes como Amador Rodríguez Lozano, Jaime Bonilla y Olga Sánchez Cordero, se trataba no solo de un fraude a la Constitución Mexicana, sino de un fraude post-electoral; toda vez que los bajacalifornianos ya habían -aunque tan solo un 11 por ciento- “votado” o “elegido” al candidato de Morena a gobernador, a pesar de que el 2 de junio no votó ni el 30 por ciento del electorado. Aprovechando incluso la pandemia y la confusión para lograr validar un fraude contra la misma elección por dos años, propuesta por los diputados locales desde 2014.
Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la SCJN, fue quien profundizó en el tema de la improcedencia fraudulenta de la pretensión de gobernar cinco y no dos años, al desenmascarar que ni si quiera aprovecharon los 90 días para hacer la “reforma”. Bien sabido es que el diputado Catalino Zavala (PRI 1992; PRD 2000; Morena 2019), “escondió” en unas cajas -eso dijo- la “Ley Bonilla” y la encontró para publicarla en el Diario Oficial “dos semanas antes” de la toma de posesión del nuevo gobernador. Es decir, casi se publica el 1 de noviembre.
La resolución de la Suprema Corte de México ha hecho prevalecer el estado de Derecho, incluso ante lo declarado por la secretaria de Gobernación, cuando abrazó y se rió a carcajadas con el gobernador Jaime Bonilla; ahora declara que aquello fue solo una “esgrima jurídica”, pero que ella -siempre sí- está con lo que resuelva la SCJN.
Jaime Bonilla Valdez hará historia. Sí, porque solo estará gobernando Baja California constitucional y legalmente como lo ha resuelto el máximo tribunal jurídico de la Federación, como es la SCJN; Bonilla gobernará, a lo mucho, 15 meses más.
La resolución de la SCJN en el caso de la “Ley Bonilla”, no dejó nada jurídicamente suelto; incluso, los ministros en pleno se manifestaron por la vigencia de la norma legislativa local aprobada en 2014 en BC, el artículo 8, relativo a hacer coincidir las elecciones locales y nacionales para el año 2021.
Germán Martínez, ex presidente del PAN con Felipe Calderón y ahora senador por Morena (ex director del Imss), se ha pronunciado por una investigación criminal para los promotores de la extinta “Ley Bonilla”. Mencionando que, si hubo o no dólares de por medio para presentarse de manera arbitraria y concurrente en Rosarito (no en Mexicali), para incurrir y promover un fraude postelectoral y un fraude constitucional, que se les investigue a los cínicos legisladores panistas y a los actuales morenistas.
Porque del cinismo de ellos, cinismo por ignorancia, muchos solo cobran y no conocen la Constitución; de su cinismo hablaron ministros como Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. Cinismo que los cegó, sin ver que la voluntad popular -expresada en la Constitución- está blindada y no puede alterarse, aunque provenga de un Poder Legislativo bien constituido, pero que a todas luces no puede ir contra esa misma voluntad de los bajacalifornianos que los eligieron por un tiempo determinado.
Como ha expresado uno de los ministros participantes: una República Democrática es una República Federal.
Germán Orozco Mora reside en Mexicali.
Correo: saeta87@gmail.com
