En el Ayuntamiento de Tijuana solo tres funcionarios portan escolta de seguridad. El secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ayón Monsalve, por obvias razones; el alcalde Arturo González Cruz; y la síndico procuradora María del Carmen Espinoza. A Esta última, a diferencia de la ex síndico Marcela Guzmán, quien era custodiada en dos camionetas con cuatro guardias de seguridad, le fue asignada una escolta de dos personas, austeridad cuatro té, pues. Pero resulta que ante la contingencia de salud que se está padeciendo, tanto a la escolta del presidente municipal como la de la síndico, les fue retirado un elemento para destinarlo a labores de seguridad y contención, luego que la propia síndico había requerido dos escoltas más, es decir, que entre cuatro la cuidaran: dos en su vehículo y otros dos abriendo paso. No sucedió así y entonces acusó violencia de género y humillación. Además, que se le había impedido el acceso al elevador de la Oficina de la Presidencia Municipal y al estacionamiento del sótano. Dicen en Presidencia que ella sigue teniendo su lugar de estacionamiento, que los espacios que sí le fueron retirados, fueron aquellos que había destinado para su personal de confianza. Los accesos de Sindicatura a Secretaría de Gobierno, y de ahí a Presidencia, están cerrados por ambos lados, tal cual sucedió cuando aquel enfrentamiento entre el síndico Arturo Ledezma y el alcalde Carlos Bustamante. Poco cambian las situaciones cuando lo que predomina es el dominio territorial y la notoriedad de una escolta holgada.
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