Autoridades municipales realizaron en el mes de enero jornadas comunitarias en la canalización del Río Tijuana, donde detectaron la presencia de menores de edad. Afirmaron que estos no viven en el área, aunque activistas aseguran que es común encontrar a adolescentes consumiendo drogas en ese lugar
Un total de 18 menores de edad fueron captados en las jornadas comunitarias que el Instituto Municipal Contra las Adicciones (Imcad) de Tijuana realizó durante el mes de enero del presente año, en el área conocida como “El Bordo”, informó la titular de la dependencia, Fernanda Tapia.
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Por su condición de ser menores de edad y porque acudieron en compañía de sus padres a estas jornadas, fue personal del Sistema DIF municipal los que trabajaron de cerca con ellos. Magdalena Bautista, directora de ese organismo, declaró a este Semanario que las familias con menores de edad no viven en condición de calle, sino en cuarterías que rentan o en albergues de migrantes ubicados en la Zona Norte de la ciudad.
Bautista también descartó que existan menores de edad viviendo, al menos esta área (cercana a la avenida Internacional, a la altura del desayunador salesiano); aunque activistas que trabajan con la comunidad de usuarios de drogas o migrantes, afirmaron que es muy común encontrarse con adolescentes que acuden a ciertos puntos a comprar y consumir sustancias.
En un recorrido realizado por este Semanario se pudo identificar a algunos adolescentes en el área, mezclados entre los adultos que cada día permanecen ahí. Los activistas -que por cuestiones de seguridad prefirieron omitir sus nombres- aseguraron que en distintos horarios llegan estos a las zonas que son conocidas por el acceso a las sustancias; pero cuando acuden las autoridades a realizar intervenciones, no se acercan al lugar.
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También han identificado a mujeres que acuden en compañía de niños, presuntamente sus hijos, a los que dejan sin supervisión de un adulto mientras realizan otras actividades con los hombres que permanecen en el sitio.
Intervenciones construidas desde la confianza: CEDH
En varias ocasiones, autoridades municipales de distintas administraciones han intentado desalojar a los residentes de El Bordo, canalizándolos a centros de rehabilitación o internándolos en la Estancia Municipal para Infractores, por cometer faltas administrativas en la vía pública.
Fueron captados 18 menores en las jornadas comunitarias
Miguel Ángel Mora Marrufo, ombudsperson de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), declaró que se requieren acciones de fondo para poder erradicar un problema casi histórico, como lo son los asentamientos humanos en la canalización del río; pero con especial atención en proteger a los más vulnerables, que son los menores de edad que podrían estar ahí.
“Esto solo nos retrata una deficiencia en los sistemas. Que una niña o un niño tenga acceso a estas situaciones de riesgo, a armas o a drogas, es un claro ejemplo de que es víctima del Estado. Somos, los representantes del Estado, quienes tenemos la responsabilidad de protegerlos”, señaló Mora Marrufo.
Reconoció el esfuerzo por parte de la nueva autoridad municipal por realizar intervenciones desde la paz, como lo son las jornadas comunitarias (con las que acercan servicios como corte de cabello, intercambio de jeringas para la reducción de daños e incluso programas de apoyo social), mismas jornadas a las que se sumó personal del organismo que dirige.
“Estas intervenciones se deben realizar desde la confianza. Si se acerca un elemento de la policía a este lugar, es muy probable que las personas huyan por temor a ser agredidas. Lo mismo con los menores que viven dentro de este tipo de ambientes; no es fácil que se acerquen con una autoridad para denunciar o pedir ayuda”, comentó.
“¿Cuánto tiempo tenemos hablando de El Bordo? ¿Cuántas estrategias se han hecho de intervención? Definitivamente hay una causa más profunda, que no se ha atacado. Es evidente que es un tema muy complejo, que requiere una intervención integral”, añadió.
“Menores no estaban en situación de calle”: DIF Tijuana
Por su parte, la directora del Sistema DIF Tijuana, Magdalena Bautista, declaró a ZETA que los menores captados en las jornadas realizadas en el mes de enero no viven en situación de calle; son parte de familias instaladas en cuarterías o albergues para migrantes en la Zona Norte, aunque sí detectaron algunas áreas de oportunidad para apoyar a las familias.
“Son familias que viven en las periferias de El Bordo, es decir, algunos en cuarterías; otros viven al día y rentan cuartitos de hotel; y otros más vinieron de albergues para migrantes”, explicó Bautista.
La principal preocupación fue detectar las necesidades que tenían los menores, la mayoría de condición migrante -dijo Bautista-, desplazados de otros estados de la República, de Centroamérica, o deportados de Estados Unidos. La falta de documentos y de acceso a la educación fueron el común denominador de este grupo.
Como la mayoría de los progenitores contaban con trabajos informales (también por la falta de documentos), DIF Tijuana les dio seguimiento para proveerlos de despensas y agilizar los trámites para que obtuvieran su documentación oficial. Compartió que, a una de las familias, que provenía del sur del país, se le ofreció apoyo económico para su retorno; sin embargo, a los días la familia les informó que preferían quedarse en la ciudad y recibir ayuda para integrarse.
“En el Bordo, durante las jornadas en las que nosotros estuvimos ahí, ninguna familia con menores vivía en esa zona. Vivían en las periferias, pero en un techo; y nos consta porque fuimos a visitar a varias de estas familias”, reiteró la funcionaria.
Adictos a la heroína y al cristal: Imcad
Sobre la población adulta que se captó en estas jornadas comunitarias, la titular de Imcad, Fernanda Tapia, comentó que en su mayoría fueron hombres, quienes se identificaron como usuarios de drogas; un 20 por ciento aceptó la ayuda y fueron canalizados a un centro de rehabilitación para combatir su problema de adicción.
“Muchos manifestaron ser adictos a la heroína (la gran mayoría), otros al cristal. También solicitaron ayuda para curación de heridas y tratamientos para infecciones, que son algunos malestares comunes entre las personas que viven en situación de calle”, detalló Tapia.
Otro de los rasgos que detectaron, fue que la mayoría dijo ser migrante, ya sea desplazado del interior de la República o deportado de Estados Unidos, y que por la falta de documentación oficial no les ha sido posible mejorar sus condiciones de vida.
Tapia comentó que estas jornadas se tuvieron que suspender por la contingencia provocada por el COVID-19, pero se contempla retomarlas en cuanto se de la indicación por parte de la autoridad municipal y llevarlas a otros puntos de la canalización; de esta manera, también continuar con el censo que están realizando de esta población y sus necesidades.
