“Secretario, en el asunto de los ‘moches’, ¿el Semanario ZETA lo señala como partícipe también de esto?”, preguntó el reportero Cosme Collignon en la conferencia que protagonizó Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, al mediodía del viernes 6 de diciembre, después de dos semanas consecutivas en las cuales esta casa editorial publicó información contenida en la investigación de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y de la Fiscalía General del Estado para integrar el expediente NUC 0202-2019-4471, sobre probables actos de corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
La primera aclaración pertinente es que ZETA no señala a Rodríguez. Estas acusaciones fueron hechas por Cynthia Gissel García Soberanes, ex secretaria de Bienestar, y su operador Rosendo Colorado, quienes implicaron ante las autoridades al secretario general de Gobierno en la entrega de 20 a 24 millones de pesos, por parte de empresarios a quienes funcionarios de la administración entrante les prometieron serían favorecidos con cuantiosas licitaciones.
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Con elementos de prueba que obran en investigaciones oficiales, el titular de la nota publicada en ZETA fue: “Implica García a Amador en moches”. La palabra que molestó al secretario significa, de acuerdo a la Real Academia Española: “Hacer que alguien se vea enredado o comprometido en un asunto. Hacer que alguien o algo participe o se interese en un asunto”.
A la pregunta expresa del comunicador Cosme Collignon, Rodríguez respondió con mera ficción, y con sus acciones faltó a su misión que, según la página electrónica del gobierno, es “establecer políticas claras con sólido sustento ideológico (…) y contribuir al desarrollo político y al fortalecimiento de la democracia”.
Amador también ignoró la visión de su función, que es mantener “con firmeza el rumbo humanista y democrático, conciliar eficazmente en los conflictos políticos” y contribuir “eficazmente a la cultura del Estado de Derecho”.
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En el proceso, el funcionario estatal atentó contra la libertad de expresión y el derecho a la información, en el afán de violentar con el descrédito a este medio y a su codirectora, Adela Navarro Bello. De ahí que, tres horas después de sus declaraciones, este Semanario interpuso una queja en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC). Este medio periodístico se reserva el derecho de emprender cualquier otro recurso judicial que legalmente corresponda.
Grabado en video, Rodríguez Lozano dijo: “El Semanario ZETA está enojado, primero porque no se le compra publicidad…”.
Primera desinformación y falsedad del secretario general de Gobierno. Lo cierto es que este Semanario aún no ha presentado su propuesta publicitaria al gobierno de Bonilla, a pesar de que persiste la posibilidad de hacerlo al igual que el resto de los medios de comunicación. De hecho, verbalmente el mandatario ofreció anunciarse en estas páginas, en el afán de no caer en los mismos pasos que su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, quien retiró la publicidad a ZETA como represalia por los trabajos que se publicaron, exponiendo corruptelas cometidas durante su gestión.
El segundo argumento mendaz de Amador Rodríguez Lozano incluyó violencia de género, porque sin derecho y sin pruebas, hizo referencia a la vida personal de Adela Navarro Bello con la intención de lo que se puede considerar una amenaza, al involucrarla con una supuesta investigación con la que no tiene relación.
En este punto es fundamental recordar que, en términos legales, la libertad de expresión solo puede ser sancionada bajo el estándar de “malicia efectiva”, cuando la información es falsa y se expone con la única intención de dañar, situación que en cierta manera Rodríguez aceptó en la disculpa que publicó en redes sociales el sábado 7 de diciembre, en la que reconoce que se equivocó, para luego intentar defender lo indefendible: “…este comentario podría tergiversarse y aparecer como un ataque machista a su persona”.
El hecho es que la admisión de culpa no exime a Amador Rodríguez Lozano. Y tolerar su mal comportamiento sería validarlo.
A poco más de un mes de haber iniciado el primer gobierno morenista en Baja California, no somos ajenos al malestar de la plana mayor en el Estado con la política editorial de ZETA, específicamente en el tema de la inconstitucional intención de extender el mandato de dos a cinco años. Sin embargo, esto no justifica la postura antidemocrática de Amador Rodríguez Lozano que penosamente se limita a habladurías.
En este Semanario agradecemos el apoyo y la solidaridad de reporteros, columnistas y editores bajacalifornianos, nacionales y estatales; la solidaridad mostrada por organismos pro defensa de periodistas tanto en México, como a nivel internacional.
En este contexto de nuevo destaca la falta de mano izquierda del gobernador Bonilla, quien primero envió un comunicado asegurando que respeta la labor de la prensa y pidiendo calma hasta esperar los resultados de las investigaciones por corrupción, para después declarar que no removerá -durante el proceso de investigación- a Rodríguez Lozano, lo que evidentemente pone en desventaja e incluso obstruye la investigación de Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de la Honestidad y la Función Pública, así como del fiscal Guillermo Ruiz Hernández.
Jesús Núñez Camacho, ahora ex oficial mayor, también negó los señalamientos de corrupción de manera reiterada, pero a diferencia del secretario general de Gobierno, tuvo la congruencia de pedir licencia para facilitar la investigación y evitar el desgaste en la administración estatal.
Sin embargo, Jaime Bonilla Valdez sigue con el corazón dividido. No quiere sucumbir ante presiones externas en su toma de decisiones, pretende combatir la corrupción por lo menos en el discurso y se aferra a un quinquenio en el poder. Pleito legal en el cual, para colmo de sus males, Amador Rodríguez Lozano lo representa.
