El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que, de 1999 a diciembre de 2017, México inició tres investigaciones en contra de empresas, sin embargo, ninguna de ellas derivó en sanciones por cohecho o de algún tipo.
Lo anterior, pese a que nuestro país suscribió en 1996, 1997 y 2004 sendos convenios internacionales para abatir la corrupción y el soborno en todas sus formas, ya que la firma de estos compromisos no ha sido acompañada por acciones concretas, incluso, algunos mecanismos de evaluación han advertido su incumplimiento en reiteradas ocasiones.
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“Durante décadas, los gobiernos mexicanos han prometido medidas contra la corrupción sin cumplir ni entregar resultados satisfactorios”, destaca el IMCO en un comunicado, en el que afirmó que “México no ha cumplido con sus compromisos en una década”.
En el marco del Día Internacional de la Corrupción, que se celebra este lunes, 9 de diciembre de 2019, el IMCO expuso que lo que ha sucedido en México contrasta con lo que ha sucedido en países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde Estados Unidos ha sancionado a 125 empresas por cohecho, Alemania 11 sanciones, así como los Países Bajos y el Reino Unido 7 sanciones.
La organización civil refirió datos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los que se señalan tres principales preocupaciones acerca de la manera en que las autoridades mexicanas efectúan sus compras públicas.
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En las cuales, “hasta noviembre de 2019 CompraNet reportó que la Administración actual adjudicó de manera directa el 77% de sus contratos.
Porcentaje superior al de sexenios anteriores, ya que entre 2010 y 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72%”.
Lo anterior contrasta con la recomendación de que la mayoría de las compras públicas se haga por licitación. Otro tema pendiente de México es reforzar los mecanismos de impugnación de los fallos, lo que incluye la posibilidad de impugnar en casos de adjudicación directa.
Es necesario que las empresas interesadas en venderle al Gobierno, y otros actores relevantes, puedan reclamar inconformidades en los procedimientos de compra, incluso cuando estas no hayan sido invitadas a participar en el proceso, destacó el IMCO.
Además, de dotar de más herramientas de evaluación y vigilancia de cumplimiento con la normatividad en todas las fases de contratación pública, desde la planeación hasta su ejecución.
Finalmente, el IMCO consideró necesario que se fortalezcan las instituciones destinándoles recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.
“No obstante, en los últimos años ha habido recortes de más del 20% en el presupuesto destinado al Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de que su creación es considerada una buena práctica por los organismos internacionales”.
