Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los cuatro integrantes del grupo de jóvenes conocido como Los Porkys, acusados de pederastia y abuso sexual en contra de la menor Daphne Fernández, el 3 de enero del 2015, podría quedar libre en breve, luego de que un juez de Veracruz desestimó las agravantes y le reclasificó el delito que le imputa la Fiscalía estatal, además de que le dio la sentencia más baja, de cinco años de prisión.
El pasado 8 de agosto, el joven Cruz Alonso y su abogado Edgar García Martínez se presentaron ante el juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Rubén Adrián Romero Maldonado, para solicitar que se le otorgue la sustitución de la pena privativa de libertad.
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Según la legislación vigente, una persona sentenciada a cinco años de prisión puede obtener algún beneficio sustitutivo de la pena de prisión, aplicable en el caso de Cruz Alonso, por lo que el juez podría conceder la sustitución de la pena privativa de libertad.
Cruz Alonso deberá exhibir lo correspondiente a un cuarto de un salario mínimo general vigente en la época de comisión del delito, por cada día de prisión, en este caso, la cantidad de 70 pesos con 10 centavos, según lo marca la ley.
El beneficio de la libertad bajo caución ya fue solicitado por la defensa de Cruz Alonso, por lo que se espera que en cualquier momento concluya el trámite correspondiente y el joven quede en libertad. Sin embargo, la Fiscalía encabezada por Jorge Winckler Ortiz, además del representante de la adolescente agraviada, presentaron un recurso de revisión.
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“La acusación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Diego “N”, fue por el delito de pederastia agravada, por lo que se solicitó le fuera impuesta la pena prevista por el Artículo 183 párrafo segundo, en íntima relación con el Artículo 182 párrafo segundo del Código Penal vigente en el momento en que sucedieron los hechos”, indicó la institución.
El Artículo 183 del Código Penal vigente en Veracruz señala una penalidad de doce a cuarenta años de prisión, así como una multa de hasta cinco mil días de salario, en virtud de que el inculpado quedó evidenciado en el delito.
La joven, de entonces 17 años de edad, acusó que fue introducida a la fuerza por una persona a quien identificó como Diego, que la jaló hacia el interior de un automóvil marca Mercedes Benz color negro, con placas de circulación YKR-53-08 del estado de Veracruz, el cual era conducido por otro de los inculpados.
“En el interior de vehículo, en donde Diego “N” y otro sujeto, hoy evadido de la justicia iban en el asiento trasero junto con ella, uno de cada lado, uno de ellos le quito su teléfono y realizaron diferentes actos eróticos en contra de la voluntad de la adolescente”, recordó la Fiscalía.
“Y, por tanto, en detrimento de su integridad sexual, física y psicológica, pues se ejecutaron dolosamente en partes íntimas de su cuerpo (senos y debajo de la falda), aunado que le jalonearon la blusa y le quitaron el brasier e incluso, los activos se reían de lo ocurrido; conducta con la que lesionaron su integridad y libertad física, sexual y psicológica de la víctima”, abundó la institución.
En marzo del 2017, el Juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, fue suspendido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por “notoria ineptitud”, al otorgarle un amparo a Cruz Alonso.
González Hemadi fue el primer Juez federal en ser suspendido para ser investigado en el país. Esto ocurrió dos días después de emitir una sentencia que fue cuestionada públicamente, luego de que concedió un amparo a Diego Cruz Alonso, al estimar que no existen elementos para sostener un juicio por el delito de pederastia en su contra.
Entre otros argumentos, el entonces juez manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual.
En aquella época, el CJF recalcó a través de un comunicado, que que la resolución dictada por el juez en el amparo 159/2017 concedido a Cruz Alonso, este podía ser aún sujeto de revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, y no implicaba la libertad del solicitante.
El 29 de marzo del 2017, González Hemadi había pedido dejar el caso de Enrique Capitaine Marín, otro de los involucrados en la violación de la menor de edad Daphne Fernández ocurrido en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, acontecida el 3 de enero de 2015.
El juzgador federal emitió una resolución para no continuar el amparo promovido por Capitaine Marín contra el auto de formal prisión, ya que manifestó su inconformidad por las referencias despectivas hacia él y su familia, ya que a través de las diversas redes sociales los usuarios lo han denominado “Juez Porky”
Además, en el documento que compartió González Hemadi detalló que: “Diversos medios de han hecho una exposición masiva no sólo de mi persona sino también hacia mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal”.
Asimismo, solicitó que el amparo de Capitaine Marín fuera turnado a otro impartidor de justicia, ya que estimaba que tras las críticas en redes sociales y medios de comunicación ya no podía garantizar la imparcialidad de su sentencia. El juez federal fue objeto del repudio e indignación en las diversas redes sociales a través hashtag #JuezPorky, que se mantuvo durante varios días como número uno en las tendencias impulsadas por los usuarios.
El 18 de enero del 2018, Marisol Barajas Cruz, Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz -quien en abril de 2017 reemplazó al juez González Hemadi tras ser suspendido-, resolvió que hay pruebas suficientes para mantener bajo proceso a Enrique Capitaine Marín, uno de los jóvenes acusados de pederastia en el caso de los llamados “Porkys”.
La impartidora de justicia negó a Capitaine Marín un amparo contra el auto de formal prisión en su contra y sostuvo que hay indicios de que “agredió sexualmente” a la menor Daphne Fernández, quien en el año 2015 tenía 17 años de edad.
Capitaine Marín había ganado un amparo que ordenó corregir defectos formales en el auto de prisión original, sin embargo, no fue suficiente para liberarlo de la acusación. Fue detenido el 11 de mayo en una cafetería de Torreón, Coahuila, donde se ocultaba para no ser localizado. El Juez Tercero de Primera Instancia resolvió el 18 de mayo del 2017 iniciar la etapa de instrucción en la causa que se le sigue por abuso sexual.
El joven procesado es acusado del delito de pederastia simple y podría purgar una pena de hasta 20 años de prisión. La detención ocurrió casi un mes después de que la Procuraduría General de Justicia (PGR) solicitara el apoyo de Interpol para emitir una ficha roja en 190 países, en contra de Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Gabriel Cruz Alonso quienes habían salido del país.
El 19 de febrero del 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por mayoría atraer la revisión del amparo otorgado por el juez González Hemadi en favor de Diego Gabriel Cruz Alonso, detenido en Madrid, España, en junio del 2016.
El amparo, que establece que no hay pruebas de que Cruz Alonso tocó a la menor “con intenciones lascivas”, ni alguna otra evidencia de que cometió delito, será resuelto en definitiva por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en Boca del Río.
El presunto abuso sexual sucedió el día 3 de enero de 2015, en Costa de Oro, ubicado en el municipio de Boca del Río, y según acusan Daphne Fernández y su padre, fue cometido por cuatro adultos mayores de edad: Capitaine Marín, Cotaita Cabrales -quien se encuentra prófugo de la justicia, a pesar de que cuenta con una orden de aprehensión en su contra-, y Gerardo Rodríguez Acosta.
El padre de la menor, Javier Arturo Fernández Torres, aseguró en mayo del 2016, que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad: “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.
Sin embargo, los implicados en la presunta violación, rechazan haber lastimado a la joven, y al contrario, acusan al padre de ella, de haber tergiversando la información “para sus intereses personales y ahora políticos”.
Los denominados “Porkys” acusaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acusaron a Fernández de intentar extorsionarlos a cambio del pago de 4 millones de pesos, y de que les obligó a grabar un video disculpándose por la presunta violación.
