En el centro del Sistema Estatal Anticorrupción, nada más que en la persona de su ex presidente, Jorge Topete, la sospecha de la corrupción y el abuso sucedió. Hace un par de semanas, en un reportaje de ZETA se evidenció la irregularidad, el abuso y tráfico de influencias de una compañía de manejo de alimentos –El Burro Loco-, de la cual Topete era apoderado legal, además de socio y compartir oficinas con el propietario. EBL firmó un contrato con el Ayuntamiento de Tijuana para prestar servicios financieros, una tarea de seis meses para cuadrar números. Empresas especializadas de abogados fiscalistas y financieros, cobran entre 600 mil y 750 mil pesos, y la firma de alimentos facturó a más de 9 millones de pesos. En documentos oficiales constó la participación de Topete como apoderado legal. En cualquier otro caso, el SEA en pleno hubiese exhortado al Ayuntamiento de Tijuana, a la Auditoría Superior y hasta al Congreso del Estado, a investigar la a todas luces abusiva transacción. Pero nada han realizado, dado que se trata de uno de los miembros del SEA, el señor Topete. A reserva que un consejero del SEA, Ricardo Zurita, se posicionó públicamente solicitando se investigue el millonario desaguisado, ningún otro miembro del Sistema se ha pronunciado al respecto. Vaya, el actual presidente, Francisco Fiorentini, ha defendido personalmente la figura de Jorge Topete, quien presentó una hechiza carta para “deslindarse” de la empresa en la que aparece como apoderado legal y que cobró casi 10 millones de pesos por un trabajo que sale, a lo mucho, en 750 mil pesos. Ahora sí que los anticorrupción se quedaron callados. Ni exhorto, ni duda, ni investigación, ni nada. Ahora sí que se hacen…
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