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jueves, febrero 15, 2024
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Ocultan cifras

El miedo en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para exhibir la problemática real de ciertos delitos es evidente. Uno de estos, quizá el más importante, es la violación equiparada, es decir, los agravios de carácter sexual a menores.

A nivel nacional, Baja California se encuentra en el lugar número 4, solo por debajo de Estado de México, Puebla y Nuevo León, los cuales superan -por mucho- la cantidad de habitantes de esta entidad.


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Solo en los primeros cinco meses del año, BC recibió 165 denuncias -prácticamente una al día-, siendo Tijuana el municipio donde más casos se registran. Pese al deshonroso dato, por parte de las autoridades no existen campañas reales para enfrentar este problema de invisibilidad; no hay voluntad política pues se considera un tema tabú.

A las autoridades les incomoda hablar del tema y prefieren mantener los datos en secreto. Como prueba de ello las violaciones contra menores son contabilizadas en el apartado Otros Delitos Sexuales, donde se vinculan los crímenes de menor impacto.

Curiosamente a la ciudadanía no le informan a detalle, pero al Gobierno Federal sí entregan los datos desglosados, y es a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde se puede acceder a esta información.


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Considerando el terrible crimen del que fue víctima una joven de 17 años en Ciudad de México, es importante recordar que Baja California también tiene una gran tarea por hacer en los crímenes sexuales cometidos contra menores, la mayoría perpetrados por familiares y amigos de las afectadas.

 

Alerta

El ex candidato a la gubernatura de Baja California, Enrique Acosta Fregoso, anunció que a raíz de dos publicaciones periodísticas, pretende presentar cargos contra la periodista Dora Elena Cortés y el periódico El Mexicano, pues asegura, existe una campaña de desprestigio en su contra.

En días pasados publicaron información donde hicieron referencia a que un casino clausurado en San Felipe pertenece a Acosta Fregoso, lo cual fue rechazado por el priista, ante lo cual denunciará ante la PGJE y por la vía civil. Lo que parece olvidar el ex diputado, es que los delitos contra el honor fueron derogados del Código Penal desde hace años, y a lo máximo que puede aspirar es a recibir una disculpa pública, que al parecer no ocurrirá.

Independientemente de las razones, la amenaza de Acosta Fregoso representa un atentado contra la libertad de expresión, pues pretende realizar prácticas intimidatorias para evitar publicaciones sobre su persona, cuando pudo solicitar una réplica en los mismos espacios informativos.

Ante los señalamientos, Dora Elena Cortés emitió un comunicado defendiendo sus publicaciones y precisó algunos datos externados por Acosta en una conferencia de prensa, como el préstamo de varios cientos de miles de dólares a una empresa atunera, o bien, su relación con el centro de apuestas.

Además de dar a conocer que su representante será el abogado Adolfo Solís Farías, aseveró que el ex candidato del PRI a la gubernatura tiene cuentas pendientes en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que defendió a Sunshine Rodríguez Peña, acusado por el anterior Gobierno Federal y el periodista Carlos Loret, de pertenecer a una red de tráfico de totoaba.

 

Circular

Foto: Cristian Torres

Resulta que a personal del Congreso del Estado se le olvida eso de llegar temprano a su lugar de trabajo, al grado que la administración colocó una circular en la entrada trasera para solicitarles llegar a la hora del inicio de la jornada laboral.

A la mayoría de las personas que trabajan en el sector privado -e incluso público-, el retrasarse un poco implica perder algunos beneficios laborales, pero en el Congreso, casi les tienen que pedir de favor que cumplan con su jornada y no lleguen 10, 15 o 60 minutos tarde.

También habrá que ver si todos los empleados cumplen con su horario a la hora de salida, pues muchos se van apenas ven un espacio libre.

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Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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