“El costo de una conducta ética, republicana decente, le llevaría a la pobreza de un político que sabía que el valor de la honestidad y su dedicación al servicio que prestó a su patria es la máxima presea de un mexicano”, escribió esta semana en su columna nuestro colaborador Ramón González Cuéllar al referirse a Enrique Bordes Mangel, diputado federal por Guanajuato en 1920, secretario particular de Francisco I. Madero y abuelo de la actriz Diana Bracho, fallecido en Tijuana en 1935, poseedor de una integridad poco común en las generaciones actuales de políticos mexicanos.
Probidad que evidentemente no ven en sus antecesores, ni Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo por Baja California, ni Arturo González Cruz, alcalde electo de Tijuana, y con un poco menos de énfasis, Marina del Pilar Ávila Olmedo, alcaldesa electa por Mexicali. Aracely Brown Figueredo en Rosarito y Zulema Adams Pereyra en Tecate se han mantenido menos belicosas respecto a la honorabilidad de las alcaldesas que suplirán.
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Los otros dos caballeros y la dama que serán personajes principales de la política bajacaliforniana por los próximos dos años, han dejado claro en sus declaraciones que perseguirán los actos de corrupción del gobernador y los alcaldes salientes.
Pero más allá de la verborrea golpeadora que les allanó el camino a sus próximos puestos ejecutivos, por Ley, están obligados a realizar auditorías e investigaciones serias como parte del acto de entrega-recepción, porque si existen actos ilegales o irregulares y no los denuncian, ante la justicia serían corresponsables e imputables.
Aunque no llega el momento oficial, es un hecho que el proceso de cambio de gobiernos ya inició. Y como siempre que se trata de relevos entre partidos distintos, el arranque ha sido un tanto accidentado. En el Poder Ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid citó a Jaime Bonilla Valdez un día para después irse de gira a Europa y dejar a su sucesor molesto para discutir la entrega con funcionarios de segundo nivel.
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Por Tijuana, el proceso entre Juan Manuel Gastélum Buenrostro y Arturo González Cruz fue más ríspido, entre la cerrazón del primero y los esfuerzos del segundo, quien sigue en campaña mediática para posicionar su nombre. Por lo que llegó como Sherlock Holmes, con lupa y todo, para advertir que todos los que hayan hecho negocios irregulares antes y estén haciéndolos de última hora, van a caer.
En ese contexto, el todavía alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez decidió vacunarse y anunció que el proceso de entrega-recepción iniciará como marcan los tiempos oficiales el 1 de agosto, y según él, para darle mayor transparencia, propuso que el trámite tenga testigos ciudadanos que den fe, y las actividades sean trasmitidas en vivo. Factores ciudadanos que de nada servirán si no se mantienen durante todo el proceso de fiscalización.
La Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California indica que una vez ganada la elección, los implicados tienen 60 días para constituir los comités de entrega.
El Artículo 6 ordena: “Los titulares de los poderes del Estado y Municipios y los servidores públicos que ocupen cargos hasta el nivel de director de área o su equivalente en el sector paraestatal o paramunicipal, están obligados en los términos de esta Ley a entregar al servidor público entrante un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, los asuntos y recursos a su cargo…”.
La veracidad del contenido deberá ser confirmada por los funcionarios entrantes en 45 días hábiles de acuerdo al Artículo 18, “… contados a partir de la fecha de entrega y recepción del despacho. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que le soliciten.
“En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades en los documentos y recursos recibidos, dentro del término señalado en esta Ley, deberá hacerlas del conocimiento del órgano de control a que corresponda la dependencia o entidad de que se trate, a fin de que el servidor público saliente pueda proceder a su aclaración dentro de los treinta días naturales siguientes, o en su caso, se proceda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”, y a denunciar, según instruye el Artículo 20 de la mencionada Ley.
“Si el servidor público entrante dejare de cumplir esta obligación, incurrirá en responsabilidad en los términos de la ley respectiva”, entonces, con lupa o sin ella, con descalificaciones o calladitas como las alcaldesas electas de Rosarito y Tecate, todos tienen que auditar cuidadosamente si no quieren terminar embarrados de la corrupción que acusan en los que se van. Y en este punto cabe mencionar que tratándose de una acción penal en contra de exfuncionarios, el tiempo para presentar la denuncia dependerá del delito y el tiempo de prescripción del mismo.
Lo bueno de la pasada campaña y las acusaciones, es que tanto el gobernador como los alcaldes electos tienen una idea bastante clara de los problemas e irregularidades financieras que van encontrar, así que no podrán decirse sorprendidos y pasar dos años señalando a sus antecesores. Deberán trabajar desde el primer día para sanear las finanzas y para investigar a sus antecesores con rigor y buscar que se restituyan los recursos públicos que se hayan malgastado, porque lo que se necesitan son acciones.
Todavía mejor, es que en esa tarea no estarán solos, porque como consigna en la nota nuestro compañero Eduardo Villa Lugo (página 22), el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ya “concretó y definió una serie de recomendaciones obligatorias para dar certeza a la próxima entrega-recepción” de los gobiernos que incluyen una supervisión puntual de los gastos injustificados de los poderes ejecutivos, pero también de diputados y regidores.
Entonces, más investigados no podrán estar, y ahora suele faltar lo de siempre en este país y en Baja California: resultados.
