El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó el 8 de julio de 2026 haber mentido respecto a la participación de agencias estadounidenses en la detención y traslado de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La respuesta del exdiplomático se produjo un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionara públicamente si Salazar había dicho la verdad sobre el caso.
A través de sus redes sociales, el exembajador afirmó que él y el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al Gobierno mexicano, tanto en declaraciones públicas como de manera directa el 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones de Zambada García y Guzmán López. Salazar sostuvo que la aeronave utilizada en el traslado no pertenecía a su gobierno, que el piloto no era estadounidense y que la operación no fue ejecutada por autoridades de Estados Unidos.
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El exembajador aprovechó el mensaje para promocionar su próximo libro ‘Borderlands: My Fight for an Inclusive America’, en el que aborda el episodio en un capítulo titulado “La puerta se cierra”. Salazar explicó que la obra plantea la necesidad de una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá frente a los retos económicos, de seguridad y climáticos de la región.
El cuestionamiento de la mandataria nacional surgió el 7 de julio de 2026 durante su conferencia de prensa matutina, cuando recordó que, durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó en varias ocasiones a la embajada estadounidense información sobre cómo salieron del país los dos miembros del Cártel de Sinaloa. Según Sheinbaum Pardo, la respuesta del entonces embajador Salazar fue que ninguna agencia de Estados Unidos había participado en el operativo.
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La presidenta de la República señaló que, días después, se conoció a través de una nota periodística que la aeronave utilizada en el traslado de Zambada García y Guzmán López fue exhibida en una feria en la que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se atribuyó el operativo. Ante esa contradicción, Sheinbaum Pardo cuestionó directamente si Salazar había mentido, y advirtió que la participación de una agencia estadounidense en la captura implicaría una violación a tratados internacionales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Horas antes de la respuesta de Salazar, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exembajador de haber incurrido en falsedad y de haber violentado el marco del derecho internacional al negar en 2024 la participación de agencias estadounidenses en el caso. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que existen versiones periodísticas recientes que atribuyen la operación al FBI, en contraste con lo declarado por Salazar en su momento. Godoy Ramos aclaró que la FGR no puede investigar ni sancionar penalmente al exembajador debido a la inmunidad diplomática de la que gozó durante su encargo.
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El Fiscal Especializado de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, precisó que el reproche contra Salazar es de carácter diplomático y no conlleva atribuirle responsabilidad penal como copartícipe del presunto operativo del FBI. “Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad”, señaló el funcionario, quien agregó que dicha conducta contravino el marco regulatorio de la diplomacia internacional.
Godoy Ramos informó que, por el secuestro y traslado de Zambada García y hechos relacionados, la FGR mantiene abiertas siete carpetas de investigación, entre ellas por el homicidio de Héctor Melesio Cuén y por presuntas irregularidades de funcionarios de la fiscalía de Sinaloa. La titular de la dependencia añadió que existen 32 investigaciones abiertas contra “El Mayo” Zambada y que se han enviado 16 requerimientos al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), de los cuales cinco puntos permanecen sin respuesta.
El intercambio entre Sheinbaum Pardo y Salazar se suma a la controversia diplomática que ha rodeado el caso desde la detención de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense en julio de 2024, y anticipa un posible escalamiento en la exigencia de información entre ambos gobiernos respecto al operativo.
