El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, faltó a la verdad al negar la participación de su gobierno en el operativo que culminó con el traslado de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, a territorio estadounidense, acusó la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de julio de 2026.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, recordó que el 9 de agosto de 2024 el entonces embajador sostuvo que el gobierno de su país no participó en la operación, que no se trató de una aeronave estadounidense y que no intervinieron pilotos ni agentes de esa nación, sino que fue una operación entre integrantes del Cártel de Sinaloa. Esa versión, indicó, resulta incompatible con los elementos obtenidos durante la investigación y con el reconocimiento posterior del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de que se trató de una operación exitosa planeada y ejecutada por esa agencia.
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Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, afirmó que las declaraciones del exdiplomático fueron “falsas de toda falsedad” y que se está “en presencia de un caso de violación grave a los deberes de un diplomático” en México.
Según la institución, la conducta del exembajador contravendría el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y diversas disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, al violentar el principio de buena fe, regla de observancia obligatoria en las relaciones diplomáticas y consulares internacionales.
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No obstante, la FGR aclaró que, debido a la inmunidad diplomática de la que gozan los embajadores, Salazar no puede ser investigado, perseguido ni sancionado penalmente en México por estos hechos, por lo que cualquier consecuencia correspondería exclusivamente al ámbito del derecho internacional. Precisó, además, que considerar falsas sus declaraciones no implica atribuirle participación directa en el operativo.
