La reforma político electoral aprobada en 2014 eliminó la prohibición total de la reelección consecutiva plasmada en la Constitución de México a partir de 1933.
En 2017, en los estados de Coahuila y Nayarit, empezó el ensayo reeleccionista; en el primer caso de los tres diputados que intentaron reelegirse, sólo una priista lo logró, mientras que en Nayarit la reelección benefició a dos legisladores.
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Las elecciones de 2018 estaban consideradas como la gran prueba de fuego para esta modalidad electoral, con mil 380 alcaldías en 25 entidades relegibles. Ya encaminados, los munícipes de los diversos ayuntamientos empezaron anunciar sus intenciones de permanencia en el poder: 40 en Chihuahua, 28 en Chiapas, 20 en Yucatán, 18 en San Luis Potosí, 29 en Jalisco y la lista continuó.
Pero el tsunami guinda de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, frustró las ambiciones políticas de estos centenares de reeleccionistas. Los morenistas se quedaron con la avasallante mayoría de votos en 31 de los 32 estados -Guanajuato fue la excepción-. Tan sólo en Ciudad de México, once de las dieciséis alcaldías fuero para el partido del popular “Peje”
En esas condiciones, los comicios que el próximo 2 de junio se desarrollarán de manera ordinaria en cinco de los 32 estados -elección extraordinaria en Puebla para suceder a la fallecida gobernadora Martha Erika Alonso- se convierten en un nuevo laboratorio electoral.
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Durango renovará 39 ayuntamientos, Aguascalientes once, Tamaulipas 36 diputaciones, Quintana Roo 25 diputaciones y BC, además de elegir gobernador -por dos años-, se abre a la posibilidad de rechazar o reelegir a 25 diputados y cinco alcaldes, también por dos años, por única vez.
Prontos, apenas se cumplió el plazo jurídico para manifestar aspiraciones ante el público, los alcaldes panistas Mirna Rincón en Rosarito, Gustavo Sánchez en Mexicali y Juan Manuel Gastélum en Tijuana, se dijeron puestos para la reelección; mientras que la priista Nereida Fuentes en Tecate, “no lo descarta”; en Ensenada, Marco Novelo fue congruente ante la deficiencia de su administración, y con anticipación avisó que él no va.
De entre los 25 diputados, los que no aspiran serían los panistas Miguel Osuna y Andrés de la Rosa, al no entregar su carta de intención -Torres la entregó y se arrepintió-. Tampoco lo hicieron los priistas Bernardo Padilla, Alejandro Arregui y Marco Corona, y de Movimiento Ciudadano, Job Montoya.
Los que deseen repetir, dependiendo de sus logros o desastres, de sus capacidades o incapacidades, tendrán la ventaja de hacer campaña al mismo tiempo que continúan sus labores y cobran sueldo.
En ese contexto, corresponde al ciudadano elector calificar si las aspiraciones de los antes mencionados son un evidente cinismo que le apuesta a la mala memoria ciudadana, o una aspiración legítima.
Valorar si han sido exitosos, si cumplieron sus programas, sostuvieron sus promesas, analizar qué avances lograron en materia social, cultural, deportiva, salud, obras desarrollo económico; si fueron capaces de escuchar a la sociedad e integrar sus propuestas; si abusaron del poder, hicieron crecer sus patrimonios y sus negocios, si trabajaron a favor de sus partidos y contra el pueblo, si transitaron en la cómoda medianía, si compraron o cooptaron a la prensa.
Se trata de poner en juicio las administraciones de los que se quieren relegir, porque ellos esperarán el veredicto en las urnas. Y si no han sabido administrar, ser creativos. O si se han dedicado a endeudar y únicamente le agarraron gusto al poder, al autoritarismo, al mayoriteo, a disminuir a la oposición y la alternancia.
En este análisis no se puede soslayar que los principales interesados por permanecer suman prácticamente 30 años en el poder, convertidos en la cara de una institución política que pasó de representar la esperanza del cambio y la alternancia, a ser un partido en franca involución, marcado por la corrupción.
Tampoco se debe eludir la responsabilidad de pensar más allá del caudillismo impulsado por Morena, la ventaja de una elección intermedia es precisamente que los ciudadanos tienen oportunidad de ver a cada candidato más allá del partido, la persona y sus antecedentes éticos, morales, sea en su vida profesional o cotidiana, y sobre todo considerar sus resultados.
Baja California necesita políticos informados, analíticos, críticos, capaces de tomar decisiones difíciles- incluso impopulares-, de contribuir al desarrollo, de no ahuyentar la inversión. Y la sociedad debe ser capaz de informarse para rechazar la simulación oportunista, la ausencia de convicciones, la compraventa de posiciones, la propaganda y los discursos vacíos
Porque esta vez, también corresponde al electorado sopesar las ventajas y desventajas de la reelección, la posibilidad de tener mayor gobernabilidad, más tiempo para ejecutar los planes y programas, lograr cabildos promover reformas con mayor trascendencia. Encontrar al personaje que no se aproveche para generar mayor corrupción, autoritarismo y populismo.
Al final, lo requiere este laboratorio electoral con ciudadanos más informados y menos apáticos para lograr una distribución del poder más saludable para la democracia.
