Policías estatales preventivos investigados por las áreas de inteligencia debido a sus ligas con el crimen organizado siguen activos. En Tijuana, la tropa vincula los ataques armados contra uniformados a parejas de agentes que participan en actividades ilícitas con el Cártel de Sinaloa y ponen en riesgo a las corporaciones. Los 500 exámenes de Control y Confianza realizados al mes por el C3, rinden resultados limitados
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Por lo menos tres elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California, en nómina y activos, son investigados por las áreas de inteligencia por sus nexos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa y la célula encabezada por René Arzate “La Rana”.
Un agente de investigación reveló a ZETA los nombres de los investigados: Edmos Sánchez Lizárraga “El Elmos”, Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba “Burgoin”, y uno más al que sólo refirió como “El Leo”, pues no han logrado identificar cuál de dos elementos se trata, si Leobardo Ramírez González o Leonardo Triay Blandón.
De acuerdo a las indagaciones, los tres elementos de la PEP estarían ligados a un grupo de vendedores de droga que el 1 de junio de 2018 asesinaron a Francisco Ibarra González, jefe del área Técnica de la PEP en Ensenada.
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Pero ese no sería el único ataque de los criminales contra oficiales. Son acusados e investigados luego que se presume que el 6 de noviembre de 2018 atacaron y dejaron heridos a dos agentes estatales en Punta Colonet, mientras realizaban investigaciones precisamente para capturar al homicida de Ibarra González.
Veinticuatro días después del ataque a los oficiales y de la fuga del homicida, el 30 de noviembre, en el puente peatonal frente a la guarnición militar y el Centro de Gobierno en Ensenada, fue colgada una manta con un mensaje criminal que involucraba directamente a los policías hoy investigados: “A toda la gente que anda trabajando para el cártel de La Rana (Mercenario) y (90) y policías estatales de nombre ´Elmo´, ´Leo´, ´Burgon´, municipales y min. Ya les cayó la barredora, nosotros somos gente de trabajo, no asesinos, ni rateros atte: Cártel de Ensenada”.
La afrenta epistolar confirmó lo que ya se investigaba sobre los estatales: su colusión con el narcotráfico.
En las mesas de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, los mandos operativos de las corporaciones municipales, estatales y federales conocen del tema, aunque la indagatoria oficial es un misterio y los tres presuntos agentes deshonestos siguen activos pese a la sospecha de que proporcionaron información para el asesinato del agente Ibarra.
Los agentes de la PEP investigados tienen un largo historial de delitos:
Foto: Cortesía.- Juan Hernández Quintero, “El Tortas” / Adrián Homero Hernández Quintero, “El Gordo” / Raúl Adrián Macías Rodríguez, Raúl Adrián Aceves, Milton jiménez, “El Tigre”, “El Rulo”
Edmos Sánchez Lizárraga aparece en el sistema penitenciario en 2009 por comercio y posesión de dragas, y en 2011 por posesión. En 2010 fue acusado de allanamiento de morada y abuso de autoridad, delitos de orden federal y lesiones; en 2012 y 2016 por abuso de autoridad y amenazas, mientras que en 2013 se le investigó por homicidio calificado.
Desde agosto de 2016 se le había mencionado oficialmente como un agente infiltrado del Cártel de Sinaloa, en aquel entonces al servicio de Hugo Iván Rivera Gómez “El Padrino”, trasegador de los hermanos Arzate. Sin embargo, tal información no tuvo repercusiones.
Respeto a Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba, su nombre ha sido incluido en tres averiguaciones previas: una por robo en 2006, otra por abuso de autoridad en 2014 y una más por el mismo delito en 2017. Fue amenazado en diciembre de 2014, cuando criminales dejaron una caja con la cabeza de un cerdo y un cartucho de fusil en la frente del animal, en las inmediaciones de la casa del uniformado. En 2017 recibió otra amenaza, curiosamente del Cártel de Sinaloa, con el cual presuntamente tiene acuerdos.
En cuanto al agente apodado “El Leo”, éste aún no ha sido identificado.
De manera extraoficial se informó a ZETA que en las investigaciones se refiere que estos policías estatales sirven de apoyo a una célula de Sinaloa que desciende avionetas en el sur de Ensenada. Que tienen influencia criminal en colonias como Los Laureles, Villa Residencial del Prado segunda sección, Valle Verde, Encinos, Laureles y Villas del Sol.
“La plaza” la pelearían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a las células identificadas como La Barredora, Cártel de Ensenada y los hermanos Castro Mendoza en Isla de Cedros.
Con relación a René Arzate “La Rana”, quien de acuerdo a los investigadores tiene orden de aprehensión para efectos de extradición a Estados Unidos, le han identificado en calidad de lugartenientes criminales a:
* Alfonso Niebla Vega “El 90”, de 37 años de edad, operador en Ensenada. Lo capturaron por daño en propiedad ajena en 2005, y por posesión y comercio de droga en 2009 y 2011.
* Carlos Adrián Casas Reyes “El 8” y/o “Mercenario”, sinaloense y “segundo al mando”, con dos residencias en Ensenada. Desde 2016 se le atribuye ser parte del Cártel de Sinaloa y de mantener pugnas a balazos por el control de la venta de narcomenudeo en el puerto.
* Jesús Salvador Villavicencio Meza “El Venado” y/o “El Rayder”, de 24 años; detenido, investigado y liberado por los delitos de lesiones, homicidio en grado de tentativa en tres ocasiones, posesión de droga (capturado y puesto en libertad dos veces) y una más por corrupción.en marzo de 2017.
* Ufrano Alberto Beltrán Romero “El Betillo”, presuntamente dedicado al narcomenudeo y ubicado en el ataque al palenque Póker en enero de 2016.
* Manuel Enciso “El Gordo”, ubicado por el grupo de fuerzas coordinadas como elemento que transporta droga de Ensenada a Tijuana para “El Niebla”.
EL ASESINO DE IBARRA
Raúl Adrián Macías Rodríguez tiene 20 años y por lo menos dos apodos. Unos le dicen “El Tigre”, otros lo ubican como “El Rulo”. Cuando contaba con 12 años fue testigo de un homicidio agravado por parentesco. Su madre solía trabajar en el Sistema Penitenciario del Estado y un agentes estatal era su pareja.
Hoy día, a su corta edad, “El Rulo” es investigado por homicidio. Particularmente por el asesinato de Francisco Ibarra González, quien fuera director del área técnica de la PEP en Ensenada.
En las investigaciones han logrado identificar que la red entre el señalado asesino Raúl Macías y el Cártel de Sinaloa, es con Alberto Beltrán Romero y Manuel Enciso. Además, Ibarra, el oficial asesinado, había encabezado varios aseguramientos de Fraga al sur de Ensenada.
De acuerdo a las indagatorias, Macías Rodríguez y su grupo criminal son señalados de atacar a balazos a los policías estatales -incluido un mando- que el 6 de noviembre de 2018, pasadas las cinco de la tarde en las inmediaciones de un expendio de gasolina en el Ejido México en Punta Colonet al sur de Ensenada, buscaban detener a Raúl Macías.
El ataque fue producto de una traición interna, cuando de las filas de la PEP informaron a la célula de Sinaloa que el grupo de agentes iba por ellos para detener a “El Rulo”.
151 ejecutados en BC en 2019
De los 151 ejecutados en Baja California en menos de veinte días de iniciado el año, 127 corresponden a Tijuana, 12 a Ensenada, Mexicali y Tecate contabilizan cinco cada uno y dos en Rosarito.
Entre los últimos hechos violentos en Tijuana, destaca el asesinato de 46 personas en los recientes seis días.
Lunes 14 de enero. Dos hombres fueron asesinados a tiros en la colonia Los Reyes, una de las víctimas fue identificada como Miguel Elbert Paulino Solís Franco, de 62 años de edad. En las Delicias III, un hombre fue acribillado. De igual manera, un joven murió en Tres de Octubre. Antonio Camacho Cortez, de 39 años, fue privado de la vida a balazos en Nueva Esperanza. En la Clínica 1 del IMSS, a consecuencia de heridas de arma de fuego, falleció David Castellanos Zurita, de 45 años.
Martes 15.- En el interior de un domicilio en la Amparo Sánchez, fueron asesinados de tiros en la cabeza Mauricio Alejandro Zamora Rayo y Rodrigo Calvillo Méndez, de 34 años. Testigos refieren que los presuntos responsables huyeron a bordo de la camioneta tipo pick-up color negro. Joaquín Norzagaray Castro, de 28 años, murió en el Hospital General tras recibir un tiro en el cráneo. Óscar Daniel Trujillo Grajeda, de 40 años, murió en la Cruz Roja, víctima de dos tiros en el tórax.
Miércoles 16. Brayan Adán Zarate Ochoa, de 25 años, fue asesinado a balazos en Las Torres parte alta. Ricardo Sarmiento Hernández, de 37 años fue ultimado en Burócratas Ruiz Cortines. Una mujer, aún sin identificar, falleció en la Clínica 18 del IMSS a consecuencia de tiros que recibió. En el Ejido Francisco Villa 2, un sujeto fue privado de la vida con un arma de fuego. Y en una vivienda de la colonia Alemán se localizó el cadáver putrefacto de un masculino.
Jueves 17. El cuerpo de un desconocido de alrededor de 35 años fue encontrado envuelto en un tapete color gris en la carretera Tijuana-San Miguel, a la altura del puente Punta Bandera. En la colonia Reacomodo Sánchez Taboada fue asesinado un joven de 25 años.
Caen 4 por privación de la libertad
Sergio Jesús Hernández Herrera “El Tío”, de 51 años; Romeo Rafael Hernández Moreno “El Chino”, de 39; Misael Alexis Velázquez Verdusco “El Chiquitín”, de 23 años; y Hugo Alexander León Almada, de 16, fueron detenidos el sábado 12 de enero por la autoridad municipal tras rescatar a quince personas que los mencionados mantenían privadas de su libertad en la colonia La Morita de Tijuana. Se les decomisó un arma calibre 3.57 con cinco cartuchos útiles, un revólver 38 especial con seis cartuchos y 16 envoltorios de la droga conocida como “cristal”.
Las víctimas rescatadas fueron identificadas con los nombres de Kavir de Jesús Maya Pelcastre “El Kavir”; Jesús Palacios Valenzuela “El Morral”; José de la Cruz Ávalos “El Crucito”; Mario Alberto Soto Villanueva “El Gordo”; Héctor Antonio Soto Villanueva “El Facundo”; Leonel Muñoz Bermúdez “El Leonel”; Diana Karina Magaña Zavala,; Daniel López Sánchez “El Dani”; Juan Carlos Longines Miranda “El Pluto”; Cristana Vada Reyes; Luis Eduardo Flores Leyva; además de Bertha Sánchez Barajas y dos de sus hijos y hermano: Cristian Alejandro Pérez Sánchez, Axel Nava Sánchez (menor de edad) y Abraham Macías Hernández.
“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”
Cuando llegaron los policías, ya los estaban esperando.
En el ataque donde se accionaron armas largas, a uno de los elementos le destrozaron la mano derecha y a otro el bazo y la rodilla derecha.
A la fecha, Raúl Adrián Macías Rodríguez sigue prófugo, por lo que autoridades del Estado de Sinaloa en coordinación con las de Baja California, lo buscan en Mazatlán.
CÉLULA DE “EL 50” EN DOS ATAQUES A POLICÍAS
Alrededor de las nueve de la noche del domingo 13 de enero, en el C4 recibieron el reporte de un ataque armado en la privada Aniz de Villas del Prado, zona donde varios policías recibieron crédito habitacional.
Allí se localizó el cuerpo de Aldo Garibaldi Rodríguez, y en calidad de herido, al policía municipal René Solís Alor.
Testigos refieren que el ataque fue directo contra Garibaldi. Cinco tiros le dieron de frente al joven hijo de Mónica Rodríguez, una agente municipal asignada a Los Pinos. A Solís le dispararon después. Las balas le llegaron por la espalda mientras vestía de civil y acompañaba a su vecino. No estaba trabajando como lo hace en la Zona Centro.
Solís y su familia habrían estado conviviendo con la víctima frente a una fogata cuando llegaron dos hombres. Uno vestía sudadera negra con capucha y portaba un arma corta, el otro estaba cubierto con una chamarra azul y empuñaba un arma larga; una de las sudaderas tenía la leyenda Aero.
La oficial Rodríguez explicó ante las autoridades que ella vivía en la casa en la que su hijo fue atacado, pero se había mudado una semana atrás, luego de recibir “amenazas de un sicario que vive afuera de la privada”, al cual no identificó.
Otros testigos advirtieron que una pareja de policías que viven en la misma privada “aseguraron una droga” e ignoraban con cuánta se quedaron, pero la estaban “vendiendo”, los criminales se enteraron y estaban amenazando.
En la búsqueda del homicida, la Policía Municipal capturó a Cristian Reynoso Ordaz, de 32 años, en posesión de un fusil. Anteriormente había reconocido vender droga para el CJNG.
El presunto delincuente detalló que el domingo del ataque, le habló “El Homero” para darle instrucciones para recoger un auto y después pasar por “El Virus”, quien se había quedado sin gasolina, lo esperó durante veinte minutos pero no apareció, y cuando bajó a buscarlo, después de los balazos lo detuvieron.
A pesar que “El Homero” fue identificado por uno de los testigos de la balacera en Villas del Prado, donde asesinaron al hijo de la policía Rodríguez, éste diría más adelante que sólo había manejado el carro.
“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”.- Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba, “El Burgón”
Pese a que no admitió haber participado en el ataque de manera extraoficial, Reynoso Ordaz sí dijo que llevaba tres meses trabajando con “El Homero”, de quien sabe, es hermano de “El Tortas” y que los dos habían sido detenidos recientemente. Dio detalles sobre su participación en el operativo criminal de la célula del CJNG: surtir de droga tres “tienditas” en la colonia Sánchez Taboada, a cambio de entre mil y 2 mil pesos por semana, aunque en ocasiones le pagaban con la droga conocida como “cristal”.
Los referidos como “El Tortas” y “El Homero”, son los hermanos Hernández Quintero, Juan y Homero, aprehendidos alrededor de las cinco de la tarde del jueves 10 de enero en las inmediaciones de su casa, entre las calles Biznaga y Cactus de la colonia Sánchez Taboada. Llevaban consigo una pistola calibre .22, una escopeta y 33 envoltorios de “cristal”. El reporte oficial indica que dieron con ellos por una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de hombres armados. “El Tortas” tenía orden de aprehensión por homicidio calificado, otorgada el 11 de mayo de 2018.
Los policías que los detuvieron, incluyeron en el reporte una leyenda: “No omitimos informar que los hoy asegurados son sospechosos directos de participación del homicidio de los policías en Sánchez Taboada hace una semana”, sin embargo, no aportaron elementos de prueba.
De manera extraoficial, ZETA pudo conocer que tanto la leyenda en el Informe Policial Homologado, como la versión del secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, en la que acusó a los líderes del CJNG del asesinato de los agentes Omar Araujo y Fidencio Figueroa la noche del 3 de enero en un restaurante de comida china, deriva de la captura de por los menos tres grupos delictivos que de manera unánime delataron como responsables al matón Juan Hernández Quintero “El Tortas”; al cabecilla de sicarios Jorge Luis Quezada “El Veloz”; y al líder de célula criminal, Alejandro Vázquez Vázquez “El 50”.
Sin embargo, tales delaciones no fueron integradas al expediente del homicidio de los oficiales Araujo y Figueroa, por lo menos al cierre de esta edición, no había mayores elementos para vincularlos con el crimen de la colonia Sánchez Taboada y se les investigaba por el asesinato cometido de Villas del Prado.
SOTOMAYOR: SEGUNDO ATAQUE NO FUE CONTRA POLICÍAS
“Yo me preocupé cuando llegó la primera versión de que los habían atacado de civil y en su casa, porque eso era escalar, pero después de hablar con nuestra gente, vimos que fue un ataque directo al muchacho, y que no era la casa del policía. Me puedo equivocar, no soy poseedor de la verdad, la investigación está en proceso, pero pienso que va a ser por los antecedentes del occiso”, afirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor.
Entre 2012 y 2017, el joven Aldo Garibay, quien trabajaba como guardia en una escuela, había sido detenido en seis ocasiones por la Policía Municipal por delitos contra la salud, portación de armas, daños en propiedad ajena y por ingerir bebidas en vía pública.
— ¿Cómo se entiende que los agresores sean del mismo grupo de “El Tortas”?
“Son parte del grupo que opera criminalmente en esa zona, pero no tendría sentido que atacaran a un policía de la Zona Centro o a una policía de Los Pinos que ni siquiera trabajan, ni hacen detenciones ni aseguramientos en Sánchez Taboada”.
— ¿Qué saben entre los mandos de la amenaza a la mujer policía madre de la víctima y de la denuncia de un supuesto robo de droga?
“No tenemos informe al respecto, pero todo se va a investigar”.
NARCOS TAMBIÉN LO NIEGAN
Mientras en las instalaciones de la Comandancia Regional Sur “Margarito Saldaña Rivera“ se realizaba la reunión semanal de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, a unos metros, en el puente peatonal que va de norte a sur, delincuentes colgaron otra narcomanta que fue retirada inmediatamente por elementos del Grupo de Operaciones Tácticas.
Consultadas las autoridades municipales, reconocieron el hecho y, además de no dar parte al Ministerio Público, decidieron reservarse el contenido del mensaje de los criminales, limitándose a declarar que palabras más o menos, el CJNG se deslindó del segundo ataque, en el que un policía resultó herido y el joven Aldo fue acribillado.
“EL TORTAS”, POR NARCOMENUDEO Y HOMICIDIO
En cuanto a Juan Hernández, cabeza del grupo presuntamente responsable de ambos operativos criminales donde policías fueron victimados, fue presentado ante el Ministerio Público por narcomenudeo, y una vez detenido, se le ejecutó orden de aprehensión por homicidio que tenía vigente. El apodado “El Tortas” negó los cargos recientes. Dijo que estuvo interno en un centro de desintoxicación del que salió hace poco.
En el homicidio por el que será juzgado, uno de sus cómplices, Manuel Santiago Navarro Silva “El Minimí”, fue condenado a 27 años y seis meses de prisión, y al pago de reparación del daño por 734 mil 782.40 pesos a favor de la ofendida, esposa de la víctima.
El expediente que sirvió para condenar a Navarro indica que el 22 de septiembre de 2016, “El Minimí” recibió llamado de “El Tortas”, quien le dio instrucciones, arma, foto de la víctima y lo trasladó hasta la casa del objetivo, incluso le avisó cuando iba saliendo su presa. Entre las calles Huapango y Niágara de Lomas de la Presa, dieron muerte a Juan Manuel Aguilar Villa, vendedor de droga de 53 años.
Acusó que además participaron en el asesinato Juan Hernández Quintero, su esposa, otro hombre al que sólo identificó como Giovany, la esposa de éste, Daniel Misael Murillo Gastélum “El H” y él. Por ese homicidio le pagaron 3 mil pesos, y a Murillo, 5 mil.
Quejas, denunncias y depuración
Durante 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 102 quejas contra elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP); 41 fueron presentadas en Mexicali, 38 en Tijuana, 20 en Ensenada y tres en Tecate
Los principales derechos vulnerados, fueron a la seguridad jurídica, a la legalidad, al trato digno, a la integridad y seguridad personal. Mientras los principales hechos violatorios fueron detenciones arbitrarias, violencia desproporcionada, falta a la legalidad, a la honradez y parcialidad en el desempeño de sus funciones, así como imputar indebidamente hechos.
El total de quejas contra policías municipales en los cinco ayuntamientos de Baja California fueron 492 el año pasado: 279 en Tijuana, 90 en Mexicali, 79 en Ensenada, 26 en Rosarito y 18 en Tecate. Los hechos violatorios acusados son detenciones arbitrarias y falta de legalidad y honradez en el servicio.
En cuanto a denuncias presentadas contra agentes de las diversas corporaciones ante el Ministerio Público, en septiembre de 2018 la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que de enero de 2016 a la fecha la fiscalía recibió 3 mil 811 denuncias contra policías en todo el Estado, sin precisar la corporación. Los delitos más denunciados fueron abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y lesiones; en tanto los menos denunciados fueron cohecho y privación de la libertad.
Sólo en Tijuana, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, entre junio y diciembre de 2017 se presentaron 450 denuncias contra policías, mientras que durante 2018, la cifra ascendió a 610 denuncias.
En la mayoría de los casos la víctima fue incapaz de identificar a cuál corporación pertenecía el policía que abusó de la autoridad, con acciones que fueron desde el maltrato hasta el robo, la agresión física y la privación de la libertad.
De hecho, de las 450 denuncias de 2017, sólo 88 fueron interpuestas específicamente en contra de agentes municipales y 77 en contra de agentes estatales.
Tales estadísticas están incompletas, ya que la PGJE decidió proteger a los uniformados y evadieron entregar la información de manera detallada y oficial.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que actualmente cuenta con un promedio de 660 elementos activos, detalla su combate a la corrupción en el reporte publicado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC): entre 2013 y noviembre de 2018, inició 710 investigaciones administrativas a elementos de la Policía Estatal Preventiva, de los cuales 108 han resultado en procedimientos de remoción contra los uniformados, pero sólo 32 han sido removidos. En los últimos cinco años, 41 agentes renunciaron, once han sido suspendidos y tres fueron detenidos.
En su última entrevista con ZETA, concedida en junio de 2018, la directora del C3 en Baja California, Brenda Valdez Jaramillo, mencionó como datos estadísticos que realizan un promedio de 500 evaluaciones de Control de Confianza al mes, y en los últimos ocho años, mil 080 agentes reprobaron el examen de permanencia, con un promedio de 135 por año.
