Para cubrir adeudo con el Issstecali,
el gobierno pretende vender siete
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inmuebles. Vecinos de fraccionamientos
aledaños se oponen, argumentando que
no se respetó el régimen de condóminos
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Al intentar disminuir los severos síntomas de un añejo y gran problema, el Ayuntamiento de Ensenada ha creado otro: el del enojo y encono de residentes de la delegación El Sauzal.
Para obtener recursos y así empezar a solventar parte de la enorme deuda que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), que asciende a más de mil millones de pesos, el XXII Ayuntamiento de esta localidad ha puesto a subasta siete inmuebles de su propiedad.
Si bien la decisión del gobierno encabezado por el priista Marco Antonio Novelo Osuna ha pasado de largo para la mayoría de los ensenadenses, no ha tenido el mismo efecto para los residentes de la zona aledaña a uno de los predios incluidos en la subasta. Conflictuados, los colonos han interpuesto un recurso de amparo para detener su enajenación.
A la par, estos residentes también presentaron una denuncia ante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente de Ensenada, por haber autorizado el Proyecto Ejecutivo denominado Fraccionamiento Colinas del Sauzal.
La venta de estos siete terrenos permitirá al Ayuntamiento iniciar negociaciones de pago con el Issstecali, para que alrededor de 180 trabajadores del Ayuntamiento puedan lograr la jubilación, a la que no han podido tener acceso, explica Mónica Vargas Núñez, titular de Oficialía Mayor.
El precio base por los siete predios -según se propone en la Convocatoria Pública XXII/001/2017 Enajenación de Bienes Inmuebles de Dominio Privado- suma unos 115 millones de pesos, lo que significaría apenas alrededor del 10 por ciento de la deuda total del gobierno municipal con la instancia estatal.
En contraparte, vecinos de los fraccionamientos Colinas del Mar, Colinas del Sauzal y Cuatro Milpas presentaron un amparo solicitando la suspensión del acuerdo que autoriza la enajenación del predio con clave catastral KR-002-030, con un área de casi ocho hectáreas, ubicado en el fraccionamiento Colinas del Sauzal, con un precio base en la subasta de 35 millones 998 mil 508 pesos.
Ello, argumentan, “en virtud de que no se garantizó la participación de la ciudadanía dentro del proceso de desincorporación del régimen de dominio público de bienes municipales, especialmente por tratarse de un área destinada para equipamiento urbano”.
Pero la oficial mayor del XXII Ayuntamiento de Ensenada insiste: “Estos predios que se están vendiendo ya cumplieron con todo un proceso de revisión. No estamos vendiendo para nada áreas verdes ni vialidades, por lo que no estamos afectando los derechos humanos de los ciudadanos, ¡para nada! Son predios para usos y destinos, son predios que, con su venta, van a beneficiar a los trabajadores del Ayuntamiento, pues van a permitir una disminución de la deuda que tenemos con Issstecali, que es una deuda histórica, y ahorita estamos tomando acciones para regularizarla”.
Discrepancia
En su convocatoria, el gobierno municipal señala que las posturas por los terrenos susceptibles a enajenación hubieron de ser recibidas hasta las tres de la tarde del 30 de octubre. Unos días después, el 2 de noviembre, se abrirían las posturas recibidas en tiempo y forma. Y el fallo se conocerá a las 3:00 pm del 6 de noviembre, en la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ensenada.
Dos de los predios de esta convocatoria están ubicados en Valle Dorado -atrás de Villa Colonial-, dos más en Las Palmas -cerca de CETYS Universidad-, uno más en El Aguajito -atrás del Centro de Readaptación Social- y el otro en Puerta del Mar.
Es el citado predio con clave catastral KR-002-030, localizado en Colinas de El Sauzal, justo detrás de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, en la delegación El Sauzal, vecinos desean sacarlo de la subasta, pues sostienen, “no se garantizó la participación de la ciudadanía dentro del proceso de desincorporación del régimen de dominio público de bienes municipales, especialmente por tratarse de un área destinada para equipamiento urbano”.
Lo cual no es cierto, según lo explicado por la oficial mayor Vargas Núñez, así como Sergio Palacios Plasencia, jefe del Departamento de Bienes Patrimoniales, quienes arguyen que este predio fue otorgado por Ley al Municipio de Ensenada como una obligación por parte del fraccionador, en este caso el Instituto Para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi) y no se están tocando áreas verdes, vialidades, equipamientos y servicios.
Por estas razones, después de un estudio que realizó el Departamento de Administración de Bienes Patrimoniales, el Cabildo tomó la decisión -por unanimidad- de que no existía utilidad pública y optó por designar este predio como un Bien Inmueble de Dominio Privado, lo que permite su venta.
Desde luego, los vecinos inconformes no opinan lo mismo. En su demanda de amparo, presentada el miércoles 25 de octubre, establecen que el acto llevado a cabo por el Ayuntamiento es inconstitucional, puesto que la desincorporación de bienes municipales, solo puede llevarse a cabo cuando por algún motivo dejen de ser susceptibles de aprovechamiento en beneficio de la comunidad.
“La interpretación de la legislación indica que el Municipio no puede disponer de sus bienes cuando éstos tengan algún fin contrario al beneficio social”, pues el citado terreno se trata, para los fraccionamientos Colinas del Mar, Colinas del Sauzal y Cuatro Milpas, “de un bien inmueble destinado como área de equipamiento urbano”.
De tal suerte que exigen la suspensión provisional, y en su momento la definitiva, respecto del acuerdo del 2 de octubre de 2017 tomado por el Pleno del Cabildo ensenadense, a efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado, por lo que, reiteran, debe ordenarse a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Ensenada suspender la subasta pública relativa al predio de Colinas de El Sauzal.
Aída Navarro, residente de la zona, dice que “aunque el Ayuntamiento es efectivamente propietario de dichos predios, su función es la de administrar, únicamente”.
Y agregó que de negarse esta suspensión, se pondría en riesgo el patrimonio municipal y se permitiría un probable daño o perjuicio a terceros involucrados en la subasta pública.
Pero, ¿qué pasaría con el pretendido abono a la deuda con el Issstecali por parte del Municipio, si ninguno de los terrenos subastados despertara el interés de los compradores? El presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna ha declarado que de no efectuarse la venta, continuarían los trabajos de reestructuración financiera del Ayuntamiento, lo que permitiría poder atender, según él, algunos de los pagos más inmediatos.
En ese sentido, el regidor Teodoro Araiza Castaños, de Movimiento Regeneración Nacional, menciona que si bien promover los medios necesarios para que los trabajadores del gobierno municipal puedan tener acceso a su jubilación, es reconocer sus aportes y realizar un acto de justicia laboral, no se pueden estar vendiendo los activos del Ayuntamiento para solucionar problemas que requieren de ahorros y un ajuste en los gastos directos, principalmente la eliminación de gastos innecesarios, a fin de buscar con ello no una solución coyuntural, sino a largo plazo.
Otro fraccionamiento irregular
Al mismo tiempo de la demanda de amparo que busca que el acto llevado a cabo por el Ayuntamiento sea señalado como inconstitucional, el mismo grupo de vecinos de los fraccionamientos Colinas del Mar, Colinas del Sauzal y Cuatro Milpas presentó una denuncia por irregularidades en el acuerdo de creación del fraccionamiento Colinas del Sauzal, ante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Ensenada, por haber autorizado dicho proyecto publicado en el Periódico Oficial del Estado (Número 24, Tomo CXVI, 22 de mayo de 2009).
Como parte de esta denuncia, solicitan detener las obras y actividades -en el citado fraccionamiento- que se encuentren en ejecución, por “exceder significativamente la densidad de viviendas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada”, y por “no tomar en consideración estudios de impacto urbano e impacto vial”, así como por “no contar con una evaluación de impacto ambiental” y “por no contar con estudios de factibilidades de servicios públicos”.
Tras advertir que no están en contra del desarrollo, pues entienden que la ciudad está creciendo y por lo tanto es necesario aumentar y mejorar la infraestructura, su exigencia consiste en que las cosas se hagan conforme a las normas, garantizando en primer lugar el abasto de servicios como agua, vialidades adecuadas, seguridad y protección al medio ambiente, pues al permitirse una densidad mayor en la construcción de viviendas, es evidente que el impacto ambiental, urbano, social y económico sería grave.
“Aprobar un fraccionamiento como el que se está planteando, sin haber elaborado los estudios de impacto ambiental, urbano y vial, que son instrumentos técnicos con que cuenta el Municipio para la planeación del desarrollo de la ciudad, y cuyos objetivos son medir y mitigar el impacto que generará en su entorno un proyecto de tales magnitudes, traerá consigo caos y desorden en la zona, en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes”, expuso Arenka Camargo, especialista en planeación territorial.
Al permitir la construcción del proyecto ejecutivo denominado Fraccionamiento Colinas del Sauzal, “tendrá como consecuencia la pérdida de áreas naturales, así como la disminución de la superficie de recarga de los acuíferos”, algo crucial, concluyó, ante la declaratoria de emergencia por la escasez de agua emitida en Ensenada. Además, es uno de los dos únicos pulmones de la ciudad, y “queremos que sobreviva”.
“Pero esto no se va a resolver en los medios, será de acuerdo a la Ley, y nos sujetaremos a lo que esta diga”, advierte Leopoldo Esteban Huerta, abogado que lleva el caso por parte de los colonos.
Respecto a los predios en subasta, adelanta el litigante, así como Aída Navarro, que el proceso es anticonstitucional, pues para poder desincorporarlo debieron demostrar que ya no son de utilidad, “y no nos preguntaron como comunidad”.
Recuerdan los quejosos que un conflicto similar ocurrió en su momento con Bajamar, “se tardaron seis años, pero fue exactamente el mismo caso”.
Sergio Palacios, de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento, dice comprender la preocupación y molestia de los colonos, pero apela a la comprensión de aquellos, pues deben entender que está primero el bien mayor, que es el de la comunidad.
“De acuerdo, que se haga por ‘el bien mayor’, pero ni siquiera consultan a los residentes, cómo podemos pensar que es un proceso transparente si no hacen bien la cosas”, rematan los sauzaleños.
