Los hechos violentos registrados este año han tocado a una generación de ciudadanos entre 20 y 40 años de edad, quienes suelen estar relacionados con el narcomenudeo y viven en zonas de alta marginación. El descuido de los tres órdenes de gobierno en infraestructura educativa-deportiva, aunado a la poca vigilancia policiaca, ha contribuido al problema
José Guadalupe Hernández Álvarez, conocido como “El Lupe”, tenía 31 años de edad, cuatro hijos, era viudo y se dedicaba a la venta de drogas al menudeo, hasta que el 18 de septiembre de 2017 lo asesinaron dentro de su vivienda, una construcción improvisada con tablones.
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El hombre era residente de la Invasión Villa de los Reyes, o asentamiento conocido como “la pila”, que se ubicada en la ampliación El Sauzal, comunidad marginal con alto consumo de drogas describieron pobladores.
Al no contar con estudios, José optó por entrar al mundo del narcomenudeo a través de la venta de “cristal”. Más de una vez le advirtieron que se retirara del negocio, pero prefirió el peligro.
“El Lupe” vivía con su madre y una de sus hijas, de seis años de edad. Tenían poco de haber llegado a la zona cuando un comando se apersonó en la cuartería. Fue sometido y después recibió dos balazos: uno en el brazo y otro en la cabeza.
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Varios vecinos fueron testigos, pero prefirieron no dar detalles del crimen. Mejor se dedicaron a acompañar a la madre e hija, quienes estaban desconsoladas.
“Llegaron los judiciales en la noche y nos gritaban ‘¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¡Digan qué vieron!”, recordó un tío del fallecido.
“Los judiciales me pusieron la luz (en la cara). No dije nada porque estaba más preocupada por mi hijo. No llegaba, era tarde. Le rezaba a Dios que volviera pronto y sí… así fue”, comentó una mujer que vive dentro de la misma colonia.
El ambiente tenso de la invasión es como el de muchos otros en el municipio, de descomposición social, debido a los cuadros de pobreza que se pueden ver.
Villas del Campo: masacre los puso en el mapa
Para los residentes de la calle Agricultores, dentro del fraccionamiento de Villas del Campo, el panorama es casi el mismo: casas de interés social de apenas 40 metros cuadrados.
Es una comunidad rezagada, arrinconada al sureste de la ciudad, de la que muy pocos sabían hasta la noche del miércoles 16 de octubre, luego que una masacre los puso en el mapa de crímenes de la ciudad.
A ese distante lugar llegaron tres camionetas a la vivienda marcada con el número 314. Según la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estados (PGJE), todos los habitantes del domicilio estaban consumiendo droga, el cual operaba como “picadero”.
De los ocho ocupantes, seis eran hombres y dos mujeres. Todos fueron “levantados”, a excepción de una menor de 14 años de edad, la cual presenció el hecho violento. Horas después los cuerpos sin vida aparecieron en distintas colonias totalmente desnudos, torturados.
El hecho ocurrió a las ocho de la noche, pero no fue hasta cinco horas después que una familiar reportó la desaparición. Los vecinos también fueron testigos, pero están en shock, no quieren hablar sobre lo sucedido esa noche.
“La verdad solo sé que una de las mujeres vivía en una tráiler aquí al lado, pero ya se la destrozaron”, se limitó a responder una desconfiada transeúnte.
En lo que va del año se han registrado 161 homicidios en Ensenada, de los cuales 76 se registraron en San Quintín, es decir, tres veces más que en la misma fecha pero de 2016; la mayoría de los atacados fueron hombres y mujeres de entre 20 y 40 años de edad.
En el tablero delictivo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), tanto El Sauzal (invasión) como Villas del Campo no aparecen como polígonos de alta incidencia delictiva, sino con reportes ocasionales de robo y lesiones.
Primer lugar en pobreza en BC
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2017, con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y firmado por el alcalde Marco Novelo Osuna, Ensenada tiene el primer lugar en pobreza moderada y extrema con 36.1 por ciento en pobreza y 5.7% en pobreza extrema.
Textualmente, se señala que el fenómeno de la inseguridad por medio de la delincuencia, crimen organizado, narcomenudeo y la adicción, ha sido una problemática en aumento, tanto en las zonas más urbanizadas como en las rurales, “golpeando a la juventud y a las familias en general, con un fuerte impacto en su tranquilidad, su patrimonio y las actividades económicas, constituyéndose en un freno al desarrollo y el bienestar de la población”.
Los condenados a vivir en la miseria
Este año, el gobierno municipal ha recibido 500 solicitudes para la construcción de obra pública en zonas de alta marginación, de las cuales, con dinero del Ramo 33, se desarrollarán 115, con un techo financiero de 106 millones de pesos.
Para el regidor Orlando Agapito Toscano Montaño, la gestión para aprobar las obras es “titánica”, pues gran cantidad de estas se encuentran en zonas irregulares que, según el manual, son imposibles de ejecutar en esas áreas.
Lamentó que más de cien obras programadas en la administración de Gilberto Hirata Chico no se hayan podido reprogramar debido a que están en autoría por tratarse de fondos posiblemente desviados.
Del universo de solicitudes, más de 500, la mayoría estará sin atención por distintas razones, pero la más común es por encontrarse en zonas irregulares donde está prohibida la inversión pública, otras porque no hay factibilidad técnica o red agua potable por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), o de plano carecen de obra de cabecera que les permita conectarse de drenaje.
Todos los solicitantes de obras, residentes en zonas irregulares aun con 20 años viviendo en esa tierra, están condenados a vivir sin servicios públicos.
Sin duda, dijo el edil, su experiencia lo lleva a considerar que la zona rural es la más subdesarrollada en comparación con la urbana, pues a pesar que hay carencias en servicios públicos, en la ciudad existe el apoyo a través de pipas de agua, las cuales desfilan por las colonias, además de transporte público. Esto marca una diferencia con las delegaciones donde no hay servicios que aligeren la carga.
“Pero en la zona rural no solo falta de agua y luz, sino hay situaciones de desventajas salud, vivienda, transporte y otros factores que agudizan este tipo de carencias que quisiéramos atender mejor”, lamentó Toscano.
Puso el ejemplo de colonias cuyo poste más cercano está a 25 kilómetros, lo cual se traduce en un problema de carácter técnico o jurídico, donde es necesario pedir derecho de vía a propietarios de terrenos, quienes no siempre están en la mejor disposición. “Cosas de esas son las que no permiten la inversión”, destacó.
Y encima de que el recurso de 106 millones de pesos es poco, de esa cantidad hay que separar 5 millones para el programa Mejora de Vivienda, otro para el de equipamiento -2 millones- y gastos indirectos en apoyo como materiales, equipo y vehículos para hacer la supervisión -3.5 millones-.
Si a esto se suma que en 2018 se esperan recortes presupuestales a programas federales por los desastres naturales que se registraron en septiembre en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, será aún más complicado cubrir el rezago, “pero estamos intentado llegar a los lugares más lejanos, ojalá no nos castiguen”, remató el diputado.
Policía debe coadyuvar en investigación
Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Jorge Íñiguez Díaz, comentó que el papel de la Policía Municipal en las acciones de coordinación con la Policía Estatal, Ejército, Gendarmería y Marina, es compartir información que recogen los agentes en las calles de la ciudad que pueda llevar al resto de las corporaciones a una posible detención.
Si bien la Policía Municipal es solo preventiva, tienen la obligación moral de indicar la ubicación o puntos exactos donde se está vendiendo la droga al menudeo.
De hecho, el funcionario no negó que los oficiales a su cargo tenían conocimiento de que la casa marcada con el número 314 del fraccionamiento Villas del Campo, era una “tiendita”.
A tan solo dos semanas al frente de la corporación, Íñiguez indicó que la estrategia es la vigilancia en los diferentes sectores donde hay alto índice delictivo y se aumentó la fuerza operativa, incluyendo los altos mandos.
Corporaciones no convencen a IP
A la fecha no se puede hablar de una nueva Policía “solo porque hubo un cambio de mandos”, aseveró Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en alusión al reciente cambio de mandos.
Aunque asegura creer en el profesionalismo y capacidad de los elementos de seguridad, aclaró que no hay claridad en el plan de acción, menos aún en la coordinación entre los distintos cuerpos policiacos.
“Nos han informado que las tendencias van a la baja, sin embargo, sabemos que con el poco tiempo que tienen al frente (dos semanas) no pueden hablar de tendencias, ni que hayan revertido la inseguridad”, reclamó.
La realidad es que “hoy por hoy el clima de inseguridad es malo, tenemos problemas graves con serias consecuencias, y sin duda ocupamos resultados visibles. No estamos satisfechos con los resultados de las policías, ni Estatal, Federal, incluyendo la Municipal”, advirtió el líder empresarial.
