Juez federal en materia de amparo apercibió al gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro a enviar informes que justifiquen el contrato otorgado a Turbofin para la renta de camiones recolectores de basura y patrulla, caso contrario será multado, dieron a conocer este viernes los integrantes de la Comisión de Organismos Ciudadanos Independientes –COCI-
Ignacio Anaya, abogado e integrante de la organización, informó que la semana pasada fueron presentados 2 amparos a título personal, uno por la licenciada Ofelia Vázquez, que ya fue admitido y por el que se notificó a la autoridad municipal, y otro por el mismo, el cual sigue ser recibido.
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“Lo que se está alegando en los amparos es que los contratos de arrendamiento a una empresa llamada Turbofin se otorgaron de manera ilegal, además de que establece cláusulas ruinosas para la ciudad, hubo violación a varios principios establecidos en la Constitución federal, en el artículo 134, que no se observaron al momento de otorgar el contrato para satisfacer un servicio público”, dijo.
La audiencia incidental se celebra la próxima semana, en donde el conglomerado de organizaciones ciudadanas espera se concede la suspensión para que el municipio no siga pagando a Turbofin la renta mensual de 5 millones de pesos pactadas en el contrato.
La audiencia constitucional, donde se resolvería en definitiva si se concede o no el amparo para efecto de que se suspenda ese contrato, tendrá verificativo a finales de agosto, precisó.
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Para los integrantes de COCI, representados por los abogados Carlos Atilano, Ignacio Anaya y Román Antonio Aboytes, el convenio de casi 80 millones de pesos y entregado sin licitar a Grupo Turbofin, viola el código civil, “no se entiende cómo es que lo avaló el alcalde quien se dice perito en derecho, es absurdo lo que hizo con ese contrato, es una simulación para desviar recursos a una empresa particular”, consideraron.
El contrato se celebró el 31 de marzo, en ese acto se pagó a Turbofin 26 millones de pesos y al día siguiente, el 1 de abril, el municipio ya tenía que pagar la primera mensualidad de 5 millones de pesos. “En un contrato de arrendamiento no se paga un enganche, esa es una situación bastante oscura y que tiene que justificar la administración de la ciudad, subrayó Ignacio Anaya.
A la par de los 2 amparos, COCI da seguimiento a la denuncia penal interpuesta contra el alcalde Juan Manuel Gastélum, la Síndico procuradora Ana Marcela Guzmán, y los funcionarios que participaron en la asignación del contrato de arrendamiento con Grupo Turbofin, “actuamos en distintas vías para lograr la cancelación de ese convenio”, expuso el abogado.
Anaya Barriguete anotó que “a través de los años nunca se había celebrado un contrato de manera tan escandalosa, tan obvia, tan cínica y burda; ningún presidente municipal había tenido esa desfachatez de decir no se los muestro –el contrato- porque lo voy a mandar a reserva”
“Jamás ningún presidente municipal había salido a burlarse de esa manera ante los medios y de cara a la ciudadanía, diciendo soy abogado y yo me defiendo, estamos desilusionados de esta administración municipal que ni siquiera tiene un año y ya mostró todo el cobre que tenía”, concluyó. Isabel Mercado
