Ciudadanos, representantes empresariales y la Secretaría de Turismo de Baja California exigieron al gobierno municipal de Tijuana regularizar la operación de taxi con plataforma digital, resolver el caos en el transporte y la falta de sincronización de los semáforos, antes de emprender cualquier acción contra Uber, servicio que calificaron como “un valor agregado al turismo”.
Desde el inicio de la actual administración municipal, el 1 de diciembre de 2016, el XXI Ayuntamiento que preside Juan Manuel Gastélum Buenrostro, instaló puntos de revisiones en Tijuana, “para la verificación de las unidades de transporte público”, se lee en el reporte que la Dirección Municipal de Transporte Público remitió a Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario de gobierno municipal.
El informe, fechado el 14 de diciembre de 2016, da cuenta del operativo emprendido del 1 al 13 de diciembre contra unidades de las diversas modalidades de transporte que fueron dejadas fuera de circulación, cuyas cantidades son las que dio a conocer Luévano Ruiz en la conferencia a la que convocó el sábado 17 de diciembre.
Si bien es cierto que en el oficio precisa que de taxis libres se sancionaron a propietarios de 145 unidades, 90 de taxis con itinerario fijo, 262 de transporte masivo, 14 de transporte de carga y 33 de Uber, en este reporte no se da cuenta de la embestida emprendida por el gobierno municipal el viernes 16 de diciembre.
Fue precisamente el operativo del fin de semana el que detonó la inconformidad de los choferes y propietarios de Uber, lo que obligó al gobierno municipal a reconocer la acción bajo el argumento que las empresas de taxi que trabajan bajo la plataforma de tecnología digital “operan sin una regularización”.
El funcionario admitió que fue precisamente el anterior gobierno el que no concluyó con el proceso de regularización programado para el mes de octubre, pero no mencionó tener la intención de retomar ese pendiente.
De inmediato las voces de rechazo de ciudadanos y representantes de los sectores productivos como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana –CANACO–, presidido por Gilberto Leyva; el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana –CCE, que lidera Humberto Jaramillo–, y hasta la Secretaría de Turismo de gobierno del estado, representada por Óscar Escobedo Carignan, se dijeron a favor de Uber y en contra de la medida persecutoria emprendida por el gobierno municipal.
“Definitivamente, Uber es un valor agregado turístico, es importante que exista en Baja California, pero también es importantes que se regularice, que cumplan con los requisitos de transporte”, algo que se debe promover, dijo, desde la autoridad municipal.
Gilberto Leyva y Humberto Jaramillo, por su parte, indicaron que urge un real ordenamiento del transporte, en el cual se incluya el servicio de taxis con tecnología, como Uber. De igual forma demandaron organizar el BRT y la sincronización de semáforos, la cual calificaron como “caótica” en la actualidad.
Ante el rechazo generalizado, el lunes 19 de diciembre, el regidor panista y presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación del Cabildo de Tijuana, Arnulfo Guerrero León, anunció que el municipio pondría fin al remolque de unidades de Uber y daría inicio, ahora sí, con el proceso de regularización, convocando a los interesados en la prestación de ese servicio a acudir a registrarse. A las empresas basadas en plataforma digital les aseguró que participarían en la conformación del reglamento que regulará su actividad.
Será en los primeros días de enero cuando concluya este proceso que efectúa la Comisión de Transporte, la cual se encargará de turnarlo al pleno del Cabildo para su aprobación.
