A través de un punto de acuerdo, la diputada priista Nancy Sánchez Arredondo exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la denuncia pública que un grupo de periodistas bajacalifornianos presentó en contra de Jorge Alberto Cornejo Manzo, director de Imagen y Publicidad del Gobierno del Estado, por am amenazas y presiones.
La legisladora federal expuso estas denuncias “relativas al acoso, intimidación y chantaje que han sido objeto las destacadas periodistas Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortés Juárez, directoras del Semanario ZETA y Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente” en el documento presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados.
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Pidió que la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión atienda el caso que unió a 42 periodistas de la entidad en una carta dirigida al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para que realice las investigaciones correspondientes por estos hechos, así como a campañas de desprestigio en contra de varios comunicadores, publicada en este medio y otros, el viernes 11 de noviembre.
“Con profunda irritación y vergüenza, vengo hasta esta tribuna a denunciar lo que está ocurriendo en Baja California, un estado donde la libertad de expresión coexiste actualmente con la coacción y la promesa, entre los favores y la corrupción, entre la opacidad y el silencio, entre el miedo y la amenaza”, expuso Sánchez Arredondo ante los diputados federales.
La priista hizo referencia a Cornejo Manzo, por estar “señalado por directivos y periodistas de diversos medios de comunicación de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado”.
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Con la misma determinación, señaló al gobernador Kiko Vega mostrar “insensibilidad, indolencia y falta de respeto para la libertad de expresión y de pensamiento, al ignorar a 42 periodistas en su solicitud de investigación”.
Sánchez Arredondo recordó que en esta denuncia se hace referencia a un uso indebido de recursos públicos, por lo que es de vital importancia, tomar con seriedad lo expuesto por los periodistas, quienes son víctimas de “campañas sucias, de desprestigio y ataque a la moral con el fin de afectar la credibilidad de un medio”.
De forma, recordó que “las agresiones intimidatorias a quienes ejercen el digno ejercicio del periodismo no deben pasar de un simple desmentido oficial porque ignorarlas o minimizarlas solo vendrá a fortalecer la política intimidatoria”.
Por lo que destacó que “el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se suma a la indignación de los comunicadores de Baja California y a su exigencia para poner un alto a las acciones intimidatorias del gobierno del Estado que representa Francisco Vega de Lamadrid”.
