Gilberto Hirata Chico deja la presidencia municipal de Ensenada con una demanda penal en contra de su administración, por un presunto desvío de recursos del Ramo 33, lo mismo que ocurrió con su antecesor, Enrique Pelayo Torres.
A Hirata, como pasó con Pelayo y no prosperó, hay también la intención de promoverle un juicio político, ante lo que consideran un grave desfalco para las familias más vulnerables de Ensenada.
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Fue el síndico social Félix Ojeda Ortega, quien ventiló que no se han ejecutado gran parte de las 89 obras del Ramo 33 autorizadas en su momento en sesión de Cabildo y que representan un monto de 89 millones 163 mil 348 pesos, provenientes del fondo federal estiquetados precisamente para el combate a la pobreza. Y eso nada más correspondiente al ejercicio 2016.
Sindicatura social partió de un muestreo de 16 obras programadas en dos sectores del noroeste del municipio donde se aglutinan algunas de las colonias más pobres como la Ampliación Popular 89, Ex Ejido Ruiz Cortines, La Joyita y Lomitas, donde tan solo en cuatro obras se especula hay un desfalco de 4 millones 600 mil pesos.
Mientras tanto Hirata Chico en su tercer y último informe de gobierno presumió 450 millones de pesos del Ramo 33 invertidos durante toda su gestión, resaltando su aplicación en escuelas, bibliotecas, gimnasios y unidades deportivas. En el rubro de Desarrollo Social, el alcalde resaltó 278 obras ejecutadas, con 95 mil habitantes beneficiados, con una inversión de 250 millones de pesos, también del Ramo 33.
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En primera instancia Félix menciona como responsables al secretario de Desarrollo Social Samuel Albestrain, y al tesorero municipal Samuel Jaime Aguilar, aunque precisó que serán las autoridades las que deberán esclarecer qué pasó con ese recurso y quiénes son los culpables.
Una vez ejercida la presión por parte del síndico social, panista, dio vista al síndico procurador Iván Barobosa, priista, quien a su vez interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público, la cual confirmó el subprocurador Marco Antonio Chavarría fue recibida bajo el expediente 02001-2016-10594, por el delito de abuso de autoridad en contra del funcionario municipal Samuel Jaime Aquilar, titular de Tesorería Municipal.
El subprocurador informó a ZETA que el expediente se encuentra en la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, donde están recabando documentos y más información que hace falta para integrar la carpeta de investigación, y aseguró que se procederá de acuerdo a la Ley y con justicia para los afectados.
En esta coyuntura el ex vendedor de jamocillos y ex diputado local extraído del Partido del Trabajo, Armando Reyes Ledesma, alborotó a cerca de 500 colonos y líderes de la Colonia 89, precisamente donde el ex legislador ha fincado su faceta de activista social, armaron una manifestación al edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, el pasado martes 22 de noviembre, exigiendo al subprocurador que le dé cumplimiento a la Ley lo más pronto posible.
Mientras tanto ejidatarios del poblado El Porvernir, en el Valle de Guadalupe, también contemplan proceder legalmente, pues en dos predios que donaron al Ayuntamiento de Ensenada para construir un pozo, en un caso, y una biblioteca en otro, igualmente no han sido concretadas.
En el transcurso de los días, Sindicatura Muncipal ha acumulado 12 denuncias más, hechas en lo invividual por ciudadanos residentes de diversas colonias en las que no se realizaron obras o donde las dejaron a medias.
Se prevé que lleguen más denuncias a unos cuantos días de que concluya la administración de Hirata, repudiado ya en algunos sectores y en las redes ante el presunto desfalco que, opinan, no se diferencia mucho al de Enrique Pelayo.
