Tras serles negado un amparo para poder operar el casino Grand Arenia, los operadores de la sala de apuestas, propiedad del ex alcalde Carlos Bustamante, demandaron al presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, y a siete funcionarios de su gabinete.
“Por mentir en el informe previo presentado ante el Juez Primero de Distrito en materia de Amparo”, se demandó al alcalde del XXI Ayuntamiento, ante la Agencia de Ministerio Público Federal, precisó José Eduardo Barragán Paredes, abogado procurador de Juegos y Sorteos de BC, la operadora del Grand Arenia.
Publicidad
En conferencia de prensa, el apoderado legal del negocio de juegos de azar hizo un relato de los hechos que llevaron a su representada a denunciar al presidente municipal, así como a Carlos Mejía López, secretario de Gobierno Municipal; Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y ecología y Arturo Ledesma Romo, Síndico Procurador, entre otros.
Previo a la re clausura el jueves 29 de septiembre, la empresa había requerido al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo, una suspensión contra cualquier “orden y ejecución de cualquier acto tendiente a la desposesión o impedimento de aprovechamiento lícito de 365 máquinas tragamonedas…”.
El juzgado solicitó a las autoridades municipales involucradas en el posible proceso rendir un informe previo y otro justificado.
Publicidad
Fue hasta la tarde del 29 de septiembre, después de que autoridades de la Dirección de Inspección y Verificación municipal se apersonaron a clausurar la sala de apuestas que había sido reabierta 6 horas atrás, cuando el Juzgado Primero de Distrito recibió la respuesta de las 8 autoridades requeridas en su solicitud de informe. La respuesta de todos fue general, “no eran ciertos los actos reclamados”.
Para el abogado Barragán Paredes el hecho de que el informe justificado lo estuvieran presentando las autoridades municipales después de iniciar la inspección y nueva clausura del establecimiento de apuestas instalado en la plaza comercial Agua Caliente, “constituye un delito, ya que faltaron a la verdad”.
Detalló que el proceso de clausura del establecimiento ubicado en Plaza Agua Caliente dio inicio a las 4:45 de la tarde de esa fecha, se presentó personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal; “sí se liberó y ejecutó una orden para impedir cualquier uso lícito de 365 máquinas tragamonedas, precisamente el actos reclamado”, señaló Barragán Paredes.
45 minutos más tarde de iniciado el proceso, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo se comenzaron a recibir los informes previos de los funcionarios requeridos. En todo se negaba como cierto el acto reclamado y se demandaba negar la suspensión definitiva al quejoso.
Ante la respuesta generalizada, “el Juez se vio obligado a negar la suspensión”, indicó el abogado, al externar que, si la autoridad se hubiera conducido con la verdad, el estatus jurídico del caso podría ser distinto.
“Por esa razón se interpuso la demanda, no por ejecutar la clausura, sino por haber mentido en el informe previo”, enfatizó, al abundar que la querella se interpuso y ratificó el marte 11 de octubre ante la Agencia de Ministerio público Federal.
Los otros funcionarios denunciados son: Ana Lilia Loaiza, directora de Desarrollo Urbano; José Antonio Olivas Heredia, director de Inspección y Verificación, así como los inspectores Blanca Estela Araujo y Omar Tavares Magaña.
Jesús Velasco, director de Comunicación Social del XXI Ayuntamiento, indicó que respecto a esta demanda y a cualquier asunto legal relacionado con el juicio que se sigue contra el casino Grand Arenia, oficialmente “no se tiene ningún posicionamiento público”, “está en manos del juez y el juez es el que decidirá al respecto”.
