Columna Invitada
Publicidad
Publicidad
En la última semana, nos hemos estado dado cuenta, en la ciudad de Tijuana, cómo en este fin de semana, tanto en Ensenada como en Rosarito, taxistas agresores, junto con las autoridades municipales, quieren sepultar a Uber a como dé lugar, sin importar los medios, valiéndose de agresiones, intercepciones de autos, incautación de unidades; valiéndose de trampas e inventando multas que no existen. Pareciera que las autoridades están trabajando arduamente para bloquear la plataforma Uber aunque sea por medio judicial.
Cada vez que Uber arriba a una ciudad mexicana, aparecen uno o varios regidores y también uno que otro diputado que, a través de la reforma de leyes estatales y de reglamentos municipales buscan cerrar filas contra servicios como Uber… “porque son servicios ilegales”, dicen ellos, pero… ¿en serio es un servicio ilegal que deban de reglamentar los munícipes?
El debate sobre Uber es importante no porque haya dudas sobre si su servicio es mejor que el de los taxis tradicionales. No, de eso no cabe duda. La preferencia de los usuarios y las acciones contra la libre empresa, así lo demuestran. Es importante, porque en la actuación de las autoridades municipales frente al tema, hay implícito un rol del Estado que tiene negativos efectos en la construcción de una sociedad libre.
Nuestros gobernantes exigen a Uber, regulaciones similares a las aplicables a los taxis tradicionales, fundado en la supuesta necesidad de proteger al público del desamparo que éste enfrentaría cuando pacta un traslado en automóvil a través de su plataforma. Esa concepción del Estado supone que las personas no estamos en condiciones de negociar una transacción de mutuo beneficio como la que ocurre entre un pasajero y algún chofer de Uber, y requieren que éste asegure que en esa transacción no se produzcan perjuicios. Bajo esa mirada, las personas no tendríamos la capacidad para hacernos responsables de nuestras propias decisiones, que requieren estar bajo el escrutinio del Estado, el que se constituiría así en nuestro guardián protector, trasladando a su propia esfera la responsabilidad de las decisiones con que éstas conducen nuestras vidas.
No sobra recordar que en la Convención Americana de Derechos Humanos se habla de que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión”, que comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, sin consideración a su medio de elección. Resalta, además, que el derecho a la libertad de expresión no se puede restringir por vías o medios indirectos, “tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel periódico, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación”.
Así que, señores servidores públicos del área de Transporte, sugerir que se bloqueará una actividad que ofrece contenidos o servicios digitales a los usuarios, es un exabrupto jurídico. Solucionen las cosas como debe ser: con propuestas, y adecuación de la regulación a la realidad económica mundial, y no con afectaciones a derechos de los usuarios o de las empresas. Acciones oficiales de los encargados del transporte, podría generar que ustedes respondan por decisiones mal tomadas, y lo que es peor, responderán por decisiones adoptadas con motivación por fuera del ordenamiento jurídico.
Los regidores, funcionarios y autoridades municipales que realicen acciones punitivas como las que estamos viviendo, están violando la Constitución no solo por invadir la competencia del Legislativo Federal, sino que están forzando a todo el ayuntamiento a renunciar a su rol como autoridad garante, en el ámbito de su competencia, de los derechos humanos entre los que se encuentran las libertades de trabajo y de comercio lícitos.
Por favor, funcionarios municipales, mejor ocúpense en que el servicio público de transporte sea de calidad, y no en hacer quebrar a empresas privadas que generan empleos.
Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. andale941@gmail.com
