Aun cuando en conferencias de prensa y actos públicos, funcionarios del área de seguridad de Federación, Estado y Municipio, presumen que mantienen una coordinación para el combate al crimen organizado y el narcotráfico, la realidad es que ni en ellos confían. Mientras en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hay mandos “castigados” y una buena parte de la base se dedica a actos de deshonestidad, en la Policía Municipal de Tijuana se meten zancadillas todos los días. O ya destituyen a la directora, Patricia Olivas, o ya cambian mandos medios para beneficiar a extraños y no a ciudadanos. Pero en la Procuraduría General de la República, la cosa está muy mal. Resulta que cuando agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) deben acudir a Baja California para realizar diligencias ministeriales, investigaciones, notificaciones, aprehensiones y otras tareas propias de su sector, no ponen un pie en el edificio de la PGR, donde el delegado es Pedro Jesús Torres Salazar. Para ahorrarse enconos, vendettas o delaciones, mejor se coordinan desde Ciudad de México con otras corporaciones locales y trabajan con ellos. De acercarse a la delegación de Torres, nada… nada. ¿Por qué será?
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