Ante la problemática generada en el Golfo de Ulloa por la veda pesquera que se pretende imponer a partir del 1 de junio y hasta el 31 de septiembre, prevalece la desconfianza. Todo empezó a raíz de que el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Saúl Colín Ortiz, intentó desacreditar el trabajo de inspección realizado por personal de la misma institución, a través de una supuesta confabulación con Grupo Tortuguero de las Californias, al decir que sólo salieron en dos ocasiones a inspeccionar el área de influencia del Golfo de Ulloa.
Sin embargo, dicha alianza fue comprobada al corroborar con al menos 38 reportes firmados por el propio grupo, el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) y la PROFEPA.
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Graves problemas de avecinan, primero la sospecha creada por el mismo delegado al intentar descalificar a su propio personal, lo cual sembró la duda sobre la credibilidad de los datos dados a conocer sobre la mortandad y la pesca.
El secretario del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Pesqueras (FEDECOP) en Baja California Sur, Salvador Verdugo, se mostró preocupado por el tema, pues al interior del gremio pesquero están anonadados por el accionar de Colín y esperan que no exista mano negra en la información que ocultó el funcionario.
“Nos preocupa lo que hemos escuchado recientemente, donde la propia delegación está demandando a tres personas, donde no realizaron su trabajo de verificar o supervisar y realizar las acciones a las que están realmente obligados. Realmente nos genera mucha duda, si los números que puso la organización son los reales; dos, cómo le vamos a creer si la autoridades debieran ser quienes den esa certeza de que se hicieron bien las cosas, pero partiendo de ahí, ya el pescador dice si no habrá mano negra en este asunto, si no, hay otro interés”, lamentó.
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Además de este problema de credibilidad, saltan a la luz otros cuestionamientos entre los cuales persiste el qué va a pasar con los pescadores sin trabajo, una fuerte cantidad económica se estará perdiendo en producción, ya que desde “la zona de Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, son arriba de 100 organizaciones”.
Para solventar la paralización de la actividad pesquera, el Gobierno de la República destinará “alrededor de 60 millones de pesos de compensaciones que se darían en toda la zona”, pero a comparación de la producción normal “estamos hablando de un precio de venta, un precio de arribo, pues seguramente ya el valor real sería el doble o el triple de esa cantidad, quizá un poco más”, confirmó Salvador Verdugo.
Otro de los escenarios que se esperan, son las repercusiones en el tejido social por la falta de empleo y recursos económicos, “básicamente se cerró la actividad y esperen sentados en sus casas por cuatro meses, si el productor tiene ese tiempo libre, no tiene en qué realizar, el tejido social me preocupa cómo se va a comportar, qué problemas se van a generar en nuestras comunidades, si empieza a faltar el dinero, qué va a pasar con nuestros padres de familia a la hora de llevar sus sustento a sus casas”, finalizó Verdugo.
Cerca de mil trabajadores quedarán desempleados sin tener una fecha de regreso, lo cual conllevará a invadir sectores de pesca de otras cooperativas, éste es otro de los problemas que pescadores de La Paz ven en la víspera de esta medida promovida principalmente por ambientalistas.
“Estamos en contra de las autoridades porque permiten que esta gente esté brincando al Golfo de California, si ahorita son 20 pescadores, mañana van a ser 50, pasado van a ser 100 y es un problema que yo lo considero como una bomba de tiempo en el sector pesquero, de que nadie lo va a poder controlar porque es mucha la gente que no va trabajar”, expuso Miguel Méndez Sánchez, presidente de Cooperativa Pesquera Esterito.
Pescadores del Golfo de California revelaron que no es la primera vez que PROFEPA afecta al gremio pesquero, ya que en otras ocasiones han salido a relucir problemas internos que se reflejan en sus actividades. Señalaron que además de “crear” dichos problemas, deberían resolverlos.
“Todo el tiempo tuvimos problemas con los inspectores de PROFEPA, porque PROFEPA tenía que ver en la cuestión pesquera, entonces nosotros en la actualidad no creemos en nada, porque el grupo de ambientalistas, que es el que crea los problemas, no los resuelve de fondo, como los están ocasionando con esta cooperativa del barrio del Esterito”, puntualizó el pescador.
Sin embargo, ven con buenos ojos la iniciativa “3 de 3”, ya que de estar vigente esta disposición, los funcionarios estarían bajo un juicio ante el mal uso de un cargo público, en este caso, por la confabulación entre Saúl Colín Ortiz y Grupo Tortuguero de las Californias.
“Ojalá entre la Ley de ‘3 de 3’ para denunciar a esos funcionarios corruptos, esa es la inconformidad que traemos como pescadores”, denunció.
Al parecer el delegado de PROFEPA no ha tomado acciones para resolver el conflicto que generó y se la limitado a emitir un comunicado donde confirma su desconocimiento en el tema de los recorridos, lo cual reafirma la información de Grupo Tortuguero, respecto a que “no reconocían las firmas’, pero en ZETA presentamos 13 documentos más donde se confirma que hay una transa y se está afectando al sector por un posible mal manejo de funciones.
Este Semanario acudió por segunda ocasión para solicitar entrevista, la cual fue negada “hasta que tenga autorización a nivel central”, se informó; sin embargo, envió un comunicado de prensa, en el cual se omitió a esta redacción.
