La agencia estadounidense The Associated Press reveló documentos, hasta hoy inéditos, en los que los varios sujetos narran cómo fueron detenidos, torturados, y obligados a declarar a favor de la versión gubernamental, varias semanas después de que los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
“[…]las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso. […] En una apresurada conferencia de prensa la Procuraduría General de la República (PGR) mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río”, recuerda AP.
Sin embargo, indica la agencia, dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. “Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura”, cometida por elementos de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, quienes arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el cártel Guerreros Unidos, grupo del crimen organizado, que según la PGR, mataron a los estudiantes después de que se los entregó la Policía, que los había arrestado en Iguala.
“10 de los sospechosos relataron un guion casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno. Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.”, señala AP.
Además, indica la agencia estadounidense, los informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) parecen confirmar las versiones de que hubo torturas.
De los diez archivos conseguidos por AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos, señala el medio.
Entre los sospechosos se encuentra Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes, y que fue torturado, entre otras cosas, durante horas con toques eléctricos en los testículos.
“La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan. Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas”, señala la agencia, que también enfatiza que bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.
“Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso”, le dijo a AP, Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana.
Otro de los testimonios obtenidos por AP, es el del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la PGR lo asfixió y violó, horas después de su detención en febrero del 2015.
Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que supervisa el caso del gobierno, le dijo a AP que no podía comentar las denuncias de torturas y “que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados”.
Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran “mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR”, dijo el funcionario, quien a la vez aseguró que la dependencia inició nueve investigaciones de torturas y que la mayoría de las denuncias abarcan “heridas que dejan huella”, como moretones, cortes y esquimosis o moretones.
Últimamente, dice la agencia, la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) expresó dudas sobre su testimonio luego de que circularan fotos y videos en los que García Reyes aparece caminando junto al río con Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, el día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.
“Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se lo ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de los procuradores, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos”, señala AP.
En los documentos obtenidos por la agencia, García Reyes dice que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.
A pesar de la denuncia de que fue torturado, no obstante, a García Reyes se lo ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.
Todos los detenidos que acusan tortura, también aseguran que fueron amenazados, que de no ratifcar la versión oficial, la llamada “verdad histórica”, serían asesinados todos los miembros de su familia.
