Impunidad


 
Cartaz lunes, 25 abril, 2016 12:00 PM

 

El caso de Daphne Fernández de Boca del Río, Veracruz, y el de Sara Benazir Chavolla, trágico suceso que conmovió en el año 2005 a toda la sociedad tijuanense, están unidos por la tragedia y, lo más triste, la impunidad.

Los dos casos presentan exactamente las mismas características. Las dos fueron violadas por varios sujetos. Lamentablemente en el caso de Sara Benazir Chavolla, una niña de 15 años, ésta murió a causa de un traumatismo craneoencefálico cuando fue arrojada, atada de pies y manos, de una camioneta en movimiento. Fue atropellada y posteriormente muere en el hospital el 13 de diciembre de 2005.

En el caso de Daphne Fernández, sus agresores, Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, mejor conocidos como “los porkys de Costa de Oro”, hijos de funcionarios públicos y de familias adineradas de Veracruz; por medio de un video reconocieron públicamente ser los autores del crimen cometido. Existe evidencia.

En el caso de Sara Benazir Chavolla, se detuvo al presunto responsable de nombre Fernando Emmanuel Valencia Pérez, alias “El Blackstreet”, sobrino de un funcionario público consejero de la judicatura de B. C.

En la camioneta que se cometió el delito, fueron encontrados cinco trozos de pelo, que poseían características microscópicas idénticas al cabello de la menor, pruebas de ADN como evidencia.

Los padres de la menor aseguraron que la Administración del entonces Gobernador Eugenio Elorduy Walther, permitió el tráfico de influencias. Pues el sospechoso Fernando Emmanuel Valencia Pérez, fue detenido para posteriormente ser liberado por falta de pruebas y presuntamente huyó a los Estados Unidos.

En el caso de Daphne Fernández, uno de los implicados, de nombre Diego Cruz Alonso, voló (o huyó) a España el pasado 28 de marzo en el vuelo 021 de Aeroméxico. En este caso también se presume el tráfico de influencias por parte del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El caso de Daphne Fernández, lo hacen ver con tintes políticos y pretenden hacer creer que a la familia de Daphne le daban dinero porque ésta los extorsionaba.

En el caso de Sara Benazir, según la Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) fueron las mismas autoridades encargadas de llevar a cabo las investigaciones las que incurrieron en varias irregularidades y negligencia en el proceso. Incluyendo el desvío de las investigaciones hacia la “conducta” de Sara Benazir, tratando de desvirtuarla, sin que esto fuera relevante para fortalecer la investigación principal. Dichas irregularidades resultan violatorias al derecho de su integridad personal y el derecho a la protección judicial en perjuicio tanto de Sara Benazir como de su familia.

En los dos casos, tanto de Daphne como de Sara Benazir, se viola el artículo 11 (que comprende protección de la honra y dignidad), reconocidos por la Comisión Americana de Derechos Humanos, y que éstos a su vez fallaron en su deber de garantía, Artículo 1.1, al no adoptar medidas adecuadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Aunado a la protección especial que se debía garantizar a Sara Benazir, por su condición de niña (Artículo 19), pues toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (Artículo 4).

En estos dos casos existen pruebas suficientes y evidencias para juzgar y consignar a los responsables de tan aberrantes crímenes.

Éstos son nada más dos ejemplos de los cientos de casos que permanecen en el anonimato, y que también tienen por parte de las autoridades encargadas de la impartición de justicia el mismo patrón y el mismo modus operandi. Un gran vacío de justicia en los tres poderes de la nación, tanto a nivel Ejecutivo, como Legislativo y Judicial.

Estoy completamente segura de que si estos lamentables hechos les hubiesen ocurrido a las hijas de algún alto funcionario, estos crímenes ya estuvieran resueltos y juzgados. Pero desgraciadamente los mismos encargados de la impartición de justicia, son los mismos que se encargan de violarla. Solo promueven “la ley del espantapájaros”. Espantando en sus pedestales, pero sin moverse ni hacer nada.

P.D. Acompaño a las víctimas y a sus familiares en su indignación, pesar e impotencia, en tan lamentables acontecimientos.

 

Atentamente:

Armida Saralegui

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