El Congreso del Estado de México (Edomex) aprobó ayer la “Ley Atenco”, como fue llamada por los legisladores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), misma que regula el uso de la fuerza pública en la entidad para controlar disturbios y marchas.
La iniciativa,¿ enviada por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas en enero de este año, fue avalada ayer por el pleno del Congreso local, con el voto en contra de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT).
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La nueva legislación justifica que su objetivo es “restablecer el orden y evitar actos de violencia” en detenciones, desalojos o embargos, así como en los centros de readaptación social.
Establece también que una reunión o asamblea ciudadana será ilegal cuando las personas se encuentren armadas y cuando la protesta se realice con amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver un tema.
Por otra parte, concede a los elementos policiacos la posibilidad de usar armas letales en casos excepcionales, como cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento.
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Con ello se permitirá el uso de esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos, así como armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente.
“Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”, indica la Ley.
Además se permiten dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas.
El uso de la fuerza durante manifestaciones o protestas será una decisión que tomará el mando responsable del operativo.
Los diputados de Morena y el PT argumentaron que “se criminaliza la protesta, que es un derecho ciudadano, y se legitiman excesos”, por lo que adelantaron que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impulse una acción de inconstitucionalidad contra la norma.
