En toda sociedad se cometen delitos de diferente índole. Imposible sería vivir en un lugar donde no se presentaran robos, asaltos, fraudes, etc. Esta aspiración es como vivir en un mundo irreal pero lo que sí debemos mínimamente intentar es castigar a quien cometa cualquier ilícito.
Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros nos hemos encontrado con la desafortunada situación de vivir en carne propia un robo, asalto a mano armada, clonación de una tarjeta, un secuestro o ser testigos de una fatalidad. Hay que decirlo con todas sus letras el acudir ante la autoridad competente a denunciar lo que nos sucedió o fuimos testigos genera una enorme desconfianza por varias razones como el saber que será complicadísimo que capturen al responsable o porque la misma autoridad está coludida con la delincuencia. Cuando un delito sea de la magnitud que sea no se castiga decimos que se mantiene impune.
Consciente de este gravísimo problema la Universidad de las Américas en Puebla mide y evalúa el Índice de Impunidad en México y otros países. Es de reconocer el trabajo de su Rector Luis Ernesto Derbez e investigadores, gente profesional que han hecho una gran labor junto con los estudiantes de esa prestigiada Universidad que nada tiene que ver el gobierno local.
Hace unos días presentaron los resultados 2016 donde la información más allá de ser por demás ilustrativa debiera ser tomada en cuenta por las diferentes autoridades responsables de la seguridad e impartición de justicia.
El estudio presenta un comparativo de la situación de México con el resto del mundo y después realiza un trabajo muy valioso por cada entidad federativa.
México se ubica en el lugar 58 de 59 países evaluados, es decir los niveles de impunidad son de los más altos del mundo. Solo superamos a Filipinas.
Uno de los datos más desgarradores es que de 100 delitos que se cometen solo 7 son denunciados, es decir el 93% nunca sabremos qué fue lo que pasó, esto es lo que se conoce como la “cifra negra”. De los delitos denunciados y a los cuales se les sigue su respectivo proceso desde inicio hasta que concluye solo el 1% se castiga por increíble que así sea.
Las principales razones por las que no se denuncia por los ciudadanos es que se considera una pérdida de tiempo acudir a la autoridad y la enorme desconfianza que hay en la misma, sea del orden de gobierno que sea.
Cuando el Índice de Impunidad 2016 evalúa las entidades federativas y llegamos a Baja California nos encontramos con datos muy preocupantes.
Nuestro estado se ubica entre de los 3 últimos lugares en la escala nacional, en último lugar se ubica Quintana Roo, después el Estado de México e inmediatamente después Baja California. Lo anterior revela que no necesariamente los estados con mayor pobreza son los más impunes.
Los principales delitos que se cometen en el estado y que no se castigan son: robo a vehículos, robos a casa habitación, lesiones y robo a negocios. De cada 100 ilícitos solo 10 se denuncian. En comparación con el resto del país estamos ligeramente arriba de la media nacional que es 7.
Baja California es el estado con el segundo mayor número de delitos registrados por cada 100 mil habitantes
De 43 mil inculpados en averiguación previas solo 943 son sentenciados. Lo anterior según el índice demuestra la incapacidad institucional en la impartición de justicia que deriva en impunidad.
Otro dato muy relevante es que las agencias de ministerio público con el mismo personal atienden el doble de carga laboral por el mismo sueldo. Lo anterior habla de una terrible planeación del gobierno el cual solo demuestra que a la hora de hacer su diagnóstico lo hace de manera equivocada o simplemente no le importa.
Las conclusiones que realiza la Universidad de las Américas son variadas, puntuales y valiosas pero de nada sirve si no son tomadas en cuenta por los gobernantes, esperemos que por un momento dejen de lado su indiferencia y en algunos casos su soberbia… en verdad se los agradeceríamos.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas, comunicación y campañas; se ha desempeñado como vocero en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno Federal así como como Director de medios en la Presidencia de la República. También fungió como Director de Comunicación Social en el Gobierno del Estado de Baja California. Correo: alejandro@caudae.com @CasoAlejandro
