En el Valle de San Quintín, mientras los jornaleros siguen pugnando para que les cumplan los compromisos contraídos por el Gobierno Federal, al mismo tiempo los patrones agrícolas acusan hostigamiento y arbitrariedad por parte de autoridades de la Secretaría del Trabajo a la hora de inspeccionar y categorizar a las empresas, como también se acordó. En medio de ellos, y a raíz del polvorín que brotó el 17 de marzo de 2015, existe un tercer sector: el de los comerciantes, principalmente el famoso mercado El Reloj en Camalú, que podrían llamarse “víctimas colaterales” y de las que todos se han desentendido, por lo menos hasta hace unos días, pues se dice, pero no se confirma, de una reposición de las pérdidas por parte de la Federación. Aquella mañana, alertada la población sobre los levantamientos, los establecimientos comerciales no abrieron o ya estaban tapiando sus entradas ante los latentes actos de vandalismo por parte de jornaleros y demás pobladores que aprovecharon la trifulca. El mercado El Reloj, establecido desde hace 25 años en el poblado de Camalú -entre Ensenada y San Quintín- y que representa el principal centro de abastecimiento para los residentes de la zona, fue saqueado y destruido con toda calma por jóvenes, niños, adultos y familias completas que entraban al local prácticamente a “hacer el súper”, sacando alimentos, cervezas, artículos de limpieza, botellas de alcohol, todo ante la mirada aterrada de su propietario Basilio Berrelleza, y ante los testigos mudos que eran los policías municipales que observaban desde la delegación de Camalú, ubicada casi enfrente el comercio. 
En horas posteriores fueron detenidas alrededor de 300 personas ligadas al acto vandálico, de esos fueron liberándose la mayoría, hasta que quedaron 40 para seguir el proceso. Finalmente quedaron 14 formalmente detenidos bajo la figura jurídica de “prisión preventiva”. La liberación de éstos fue punto más entre las exigencias de la Alianza de Organizaciones nacional, estatal y municipal por la Justicia Social durante las distintas mesas que sostuvieron con autoridades de los tres niveles de gobierno, mismos que poco a poco se fueron deslindando del asunto. Hubo un compromiso por parte del Gobierno Federal, que prometió resarcir los daños a los propietarios del mercado El Reloj. Los daños ascendieron a 25 millones de pesos y fue lo que pidieron los dueños del mercado para resarcir los daños y otorgar el perdón a los detenidos. El subsecretario de Gobernación, Enrique Miranda Nava, incluso aseguró que esa instancia pagaría los daños al empresario para concretar la liberación inmediata de los 14 ensenadenses encerrados. Inicialmente se mencionó que el gobierno estatal apoyaría con el 80 por ciento del monto perdido mediante alguna partida a “fondo perdido”, pero después se retractaron y ofrecieron un apoyo de solo 300 mil pesos, según declararía en su momento el delegado municipal de San Quintín, Alfredo Aviña Gaytán, que por otra parte es el nivel gubernamental que más ajeno ha estado del devenir de los acontecimientos. “Son millones de pesos en pérdidas de la empresa, y tanto gobierno estatal, Federal y municipal están haciendo caso omiso”, declararon los dueños de El Reloj el 18 de junio, tres meses después de los disturbios. Gobierno municipal: Hacemos acto de presencia El asunto se trató exclusivamente entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Gobernación a nivel federal, se deslinda la autoridad municipal, en lo que ha sido el tenor de su actuación desde el momento mismo del levantamiento jornalero, y que en el caso concreto de El Reloj, reiteran, son aquellas instancias las que se comprometieron a apoyar a los comerciantes afectados. “Se ha tratado el tema en las mesas donde nosotros hemos estado presentes, pero nuestro ejercicio del recurso no tiene manera o una partida para que podamos resarcir veintitantos millones de pesos que ellos perdieron”, aclara José Jaime González Agúndez, secretario general de Gobierno en el Ayuntamiento de Ensenada, quien agregó que para entregar despensas, pintura, techos o becas, sí tienen dinero, “pero no aquellas cantidades”. Respecto a la intervención de la autoridad municipal el día de los saqueos y los subsiguientes, el funcionario precisa que participó en algunas detenciones, así como en careos y declaraciones ante el Juzgado, dado que algunos agentes de esa corporación realizaron detenciones en flagrancia. Basilio Barrelleza, de 71 años, ha reclamado en diversas ocasiones que cuando ocurría el atentado a su negocio, ninguna autoridad, incluyendo la militar, hizo caso a su llamada de auxilio, e incluso ante la desesperación y angustia se llegó a afirmar que había sufrido un infarto. ZETA fue testigo de cómo esa mañana el saqueo se prolongó por muchas horas mientras algunos policías municipales solamente veían desde afuera de la delegación, o de plano se escondieron. “La realidad es que el cúmulo de gente rebasó por mucho la capacidad de respuesta de la autoridad municipal”, justifica González Agúndez. “Tendría que ser una respuesta hombre a hombre, no era con armas ni con instrumentos que pudieran lesionar, sino era contención, y las barricadas de contención se pusieron desde Vicente Guerrero hasta Camalú, y era imposible que un grupo de 15 elementos pudiera acercarse a esa zona”. 
Precisa el secretario general del gobierno municipal que tuvieron 120 policías repartidos en la zona, pero con las barricadas quedó seccionada la zona, “por lo que fue imposible llegar al Reloj al momento”. Por otra parte no consideraron pertinente el uso de la fuerza pública, y en cambio, en los días subsiguientes reforzaron la presencia policiaca con 300 elementos, cuando regularmente cuentan con alrededor de 25 policías en cada delegación del sur. Patrullas no hay muchas. “San Quintín y la Guerrero tienen cinco, Camalú debe tener tres unidades, Colonet tiene cuatro, pero dos están descompuestas”, declaró el funcionario. Gobierno estatal: Coadyuvamos Por parte del gobierno estatal, reiteran que nada más han coadyuvado -como en el resto del conflicto- en el caso de los dueños de El Reloj y 14 detenidos. Pablo Alejo Núñez, subsecretario de Gobierno en Ensenada, precisó que en cuanto al ofendido se limitaron a informar y orientar a la parte ofendida sobre los pasos a seguir para buscar la reparación del daño ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), cómo ofrecer los peritajes correspondientes y contactarlos con diferentes instancias del Gobierno Federal para buscar financiamientos a fin de reabrir su negocio. “No sabemos finalmente cuál fue, si lo hubo, el acuerdo con las instancias federales, o el acuerdo con los familiares, o con los líderes, o con Gobernación como para que hayan apoyo y que eso los motivara para el otorgamiento del perdón”, explica. En el caso de los indígenas detenidos por tal acto y la exigencia de la Alianza para liberarlos, la participación de la administración de Francisco Vega de Lamadrid se enfocó a la orientación, asesoría y acompañamiento de la Defensoría de Oficio a través de la Juez de Primera Instancia en San Quintín, Martha Flores Trejo. Solucionado poco a poco el caso de los 14 detenidos en el Centro de Readaptación Social de Ensenada, fuera del perdón concedido por los comerciantes afectados en Camalú, en el Gobierno del Estado no saben más: “La última comunicación que tuve con el representante legal de la empresa, es que no querían saber nada, absolutamente nada. Entiendo que ellos deben haber conseguido algo de la Federación o del algún programa, es un asunto que no estuvo en la mesa de diálogo”, remarca Núñez. CDI: Pagamos la multa La delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), representada por Juan José Malagamba Zentella, tuvo una participación primordial en la asistencia y defensa, así como la promoción de traductores y abogados desde la detención hasta la liberación de los 14 enjuiciados por del delito contra El Reloj.
A la instancia finalmente lo que le importa es que soltaron a los detenidos después que los ofendidos retiraron el perdón, pero niegan saber cualquier detalle del presunto arreglo o acuerdo entre dueños del mercado y Gobierno Federal. “Desconocemos eso”, afirmó Isidro Pérez Hernández, jefe del departamento jurídico de la delegación del CDI. Apenas el 8 de septiembre se logró la liberación de Rufino Marcial Zaragoza Altamirano, mediante el pago de una multa por 3 mil 402 pesos, absorbida por esa instancia y su Programa de Derechos Indígenas para Personas en Procesos Penales y Penitenciarios. El resto de los detenidos -Raúl Bravo Peralta, Pedro Reyes Gaspar, Jonathan Ortega Martínez, Fernando Tetitlán Luisa, Israel Pérez Hernández, Jesús Hernández Santiago, Isidro Enrique Pérez Ramírez, Apolinario de la Cruz Morales, Rafael Luis Velázquez de León, Mauro Juan de la Cruz, Mario Díaz Ibáñez José Ángel López Pacheco, Abraham Soto Sepúlveda- fueron dejados en libertad la noche del 14 de septiembre, con un pago de 44 mil 226 pesos que hizo la CDI bajo el término de sanción pecuniaria, “es decir, la pena corporal se paga con dinero”, detalló un litigante. La causa penal estuvo bajo el expediente 7677/2015, por el delito de robo a lugar cerrado, agravado porque hubo daño patrimonial severo, y porque los “agarraron” en flagrancia, aunque los inculpados siempre lo negaron. Tras el perdón de los dueños, y al no haber la exigencia de reponer los daños, se facilitó su salida, de otra forma hubieran alcanzado de cinco hasta once años de cárcel. “El parte informativo fue clave, donde se decía que los detuvieron dentro del mercado y a determinada hora. Además, no hubo denuncia del dueño”, aclara un abogado consultado por ZETA. Las esposas de los detenidos y sus abogados alegaron en todo momento que no hubo flagrancia, toda vez que a algunos los capturaron 12 horas después de los hechos, igualmente acusan que fueron “civiles” y no uniformados los que hicieron la detención, por lo que llegaron a pensar que era un levantón, para después decirse “presos políticos”. Por su parte, la CDI constató que tres de los hombres arrestados presentaban rasgos de tortura, y que cuatro de ellos, en efecto tenían mercancía robada en su poder. Las víctimas callan Desde el principio los dueños de El Reloj reclamaban una reparación del daño por 25 millones de pesos. En junio, tres meses después del saqueo, se quejaban de que ninguna autoridad les estaba respondiendo. En agosto, los propios familiares de los detenidos revelaron que el Gobierno Federal les había comprometido a pagar “de perdida” 14 millones de pesos -de los 25 que pedían- a los propietarios del mercado, con lo que se garantizaba la salida de sus familiares de un momento a otro. Gobierno estatal y municipal, Secretaría del Trabajo en Baja California, CDI, Procuraduría de Justicia, todos dan por hecho que la Federación respondió a los dueños y dio cumplimiento a la reparación del daño, es decir, que les dio fuerte cantidad de dinero, pero nadie sabe más; ni cuánto, ni cómo, ni en qué términos. Los mismos propietarios Basilio Berrelleza, dueño, y Basilio Berrelleza junior, hijo del dueño y apoderado legal, también han evadido el tema o se han escondido para aclarar el hecho. ZETA los buscó por tres semanas, 10 días antes de que se diera la primera liberación de los presuntos ladrones. De 15 llamadas, solo en la primera respondió Berrelleza junior, quien argumentó que andaba en la Ciudad de México, viendo precisamente esos asuntos, que después regresaba la llamada. El resto solo las respondió su padre y dueño del mercado, argumentando que su hijo es el que conocía bien a bien todo el proceso del asunto y si el Gobierno Federal estaba respondiendo o no, pero su hijo andaba en Mexicali. En otras llamadas, informó que andaba en Tijuana, que no tenía su teléfono para avisarle que lo buscaban, que había cambiado el número recientemente. En fin, puros pretextos y hermetismo. “Sí, solamente él porque yo no sé nada, él es el que ha andado vueltas y vueltas, él es el que va y viene, ha 
ido a diferentes lugares, no para”, comentó Berrelleza padre. “Ignoro yo todo eso, yo me dedico acá a otras actividades, mientras él está al frente de todo”, repitió en otras llamadas. A cuenta dientes reiteró que son 25 años los que llevaban establecidos en Camalú, “para que en 12 horas haya quedado todo desaparecido. “Fui el más dañado del Valle, pero hay que echarle ganas, los proveedores me están hablando, me dicen que abra el mercado, que ellos me ayudan, que no me preocupe por la deuda. Se debe bastante…”. Contó que nada más a los proveedores se les deben 2 millones de pesos, mientras que la cantidad de mercancía perdida asciende a 200 toneladas. “Ellos dicen que me ayudan para que vaya pagando poco a poco mientras se soluciona eso por parte del gobierno”. Respecto a que la misma gente de Camalú extraña el mercado, pues era su principal fuente de abastecimiento, expresa: “Sí, pero es el mismo pueblo que está clamando después que ellos mismos hicieron el desorden… pero como dicen, ´borrón y cuenta nueva’, hay que tener valor, echarle ganas, seguir trabajando y empezar de nuevo”. — ¿Ustedes otorgaron el perdón a los detenidos? “Sí, pues no están diciendo que si nosotros perdonamos a la gente, más fácil nos ayudan. De la forma que sea, la cuestión es que se reactive el negocio”. — ¿Que le había dado un infarto a Usted por el impacto? “Sí, pero gracias a Dios estoy vivito y coleando. No es para menos, para eso se necesita mucho valor, no cualquiera aguanta un trancazo de esa índole, son 25 años de sacrificios para perderlo todo en 12 horas. Pero tenemos la esperanza… Y queremos trabajar, no atenerlos a promesas”. A Berrelleza se le escuchó cansado, y sin conceder formalmente entrevista para esclarecer cómo van los arreglos con el Gobierno Federal, en la última llamada, días antes de la liberación del total de los reos, expresaría: “Nosotros nos hemos entrevistado con todas las autoridades y los medios de comunicación se han dado cuenta, todo se ha publicado, no ha quedado nada oculto, y va seguir igual, todo va salir a relucir. No hemos tenido respuesta definitiva, pero sí va a haberla, poco a poco se va arreglar todo, hay miles de pruebas, si el Gobierno quiere pruebas, pues qué más pruebas quiere…”. La noche del 14 de septiembre de 2015, Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones, festejó la liberación de los trabajadores indígenas de Camalú y declaró -al igual cuando firmaron los acuerdos con Gobernación- que ese era un día histórico para el movimiento y para las condiciones humanas de los trabadores del campo. Sánchez Gabriel precisó que la última reunión exprés que sostuvieron apenas el 10 de septiembre con el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, fue crucial para concretar la liberación de los 14 enjuiciados, pero en el mismo tenor del resto de los involucrados, no aclaró qué arreglo hubo entre gobierno y afectados para conseguir tal logro.
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