Señalado como cómplice de robo, Mario Alberto Rodríguez Arenas fue detenido por la Policía Municipal de Playas de Rosarito; dentro de la patrulla sufrió lesiones que podrían impedirle caminar de nuevo. El joven de 18 años se dice inocente. Explica su versión: la noche del 18 de enero de 2014, salió de su casa, en la delegación Primo Tapia, para comprar leche. Conversaba con amigos frente a una tienda de abarrotes cuando la unidad 1956 de la Municipal se detuvo. Los agentes Díaz Estrada y Quintero, bajaron y revisaron a Mario Alberto, lo introdujeron al cajón de la patrulla, señalándolo como cómplice en el robo al establecimiento Video La Misión; hecho denunciado minutos antes, como cometido por dos hombres con arma punzocortante que se llevaron un estéreo, un rin de aluminio y algunas películas. Tras la descripción de los atacantes, los agentes dieron con Ángel Ramón Villalobos García, quien seguía en posesión de los objetos robados y la navaja. El detenido dijo conocer el paradero de su cómplice. Mario Alberto aceptaría conocer a Villalobos “solo de vista”. En el parte oficial se indica que al momento de subir a Mario Alberto a la unidad, Villalobos tomó control de la patrulla “de manera inexplicable” y se estrelló en una barda de piedra. Después del accidente, a Mario Alberto se le ordenó bajar de la unidad, pero sus piernas no respondían. Sus amigos que presenciaron el accidente corrieron a darle la noticia a su madre, la señora Blanca Arenas. Agentes y detenidos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Mario Alberto fue trasladado del Hospital General de Rosarito al de Tijuana, “por gestión del presidente municipal, Silvano Abarca, ante el secretario de Salud del Estado, Miguel Osuna Millán”. El 23 de enero, el gobierno municipal informó que el síndico procurador, Tomás de la Rosa, supervisaba la atención médica de Mario Alberto. Sin embargo, la madre del joven niega cualquier acercamiento, y precisa que si bien el Ayuntamiento de Rosarito se hizo cargo de los gastos la noche del accidente, no acepta responsabilidad en el caso de Mario Alberto Rodríguez. Serán las autoridades penales, las encargadas de deslindar responsabilidades. Blanca Arenas declaró a ZETA que Mario Alberto pasó varios días en el Hospital General de Tijuana sin ser atendido. Los primeros gastos sumaron casi 5 mil 800 pesos por una tomografía y una resonancia magnética. La madre apenas deja el hospital para conseguir el dinero necesario para que su hijo no sea dado de alta, como se le ha amenazado. Así consiguió que el Ayuntamiento de Rosarito le extendiera un cheque para cubrir parte de los estudios, pero los resultados médicos no son alentadores. Mario Alberto tiene daño en la médula espinal, y cabe la posibilidad de que no vuelva a caminar. De acuerdo al cirujano, hay dos opciones para restaurar su salud: una cirugía de alto riesgo -ante el rechazo de un trasplante-, a un costo de 100 mil pesos; o el uso de un corsé -costo de 6 mil pesos- durante un periodo determinado, pero sin garantía de que recupere la movilidad. Ante la injusticia con que autoridades manejan el caso de su hijo, Blanca Arenas plantea que de seguir así las cosas, demandará, ya que su hijo, asegura, no está acusado ante el Ministerio Público. Mientras tanto, la agencia del seguro que debe amparar el traslado se niega a cubrir los gastos de la atención, ya que el cajón de la unidad 1956 no está contemplado como parte de la misma. Héctor Ortiz
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