Nuevo Sistema de Justica Penal: Tres años de controversia Caro, ineficiente, inequitativo, favorecedor de delincuentes, plagado de errores, es como lo califican los detractores del Nuevo Sistema de Justicia Penal que en Mexicali, el 8 de agosto cumplió tres años en vigor. Juan Montejano, diputado y presidente de la Comisión de Legislación de la cámara en Baja California, lo califica así: “Le doy un cinco”. En contraparte, los promotores del Nuevo Sistema lo defienden: (es) transparente, avanzado, defensor de los derechos humanos –de víctimas e imputados. “El trabajo del juez se ve de mucha mejor calidad”, sostiene el administrador judicial Marcos Pérez, mientras Salvador Morones, Juez de Garantías, asegura que se trata de un cambio fundamental, “el más importante en cuanto al sistema de justicia, cambia inclusive la metodología”. Desde junio del 2008 su publicó en el Diario Oficial de la Federación la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, con el año 2016 como fecha tope para su total vigencia. En Baja California se empezó con Mexicali en el 2010, y en el orden seguía Ensenada para febrero del 2011 y Tijuana, Rosarito y Tecate para febrero del 2012. Hasta ahora solo funciona –y parece atorado– en la ciudad capital. De hecho aún no hay claridad si el siguiente municipio en adoptar el sistema sería Ensenada –hay quienes consideran que por su menor dimensión debían ser Tecate y Playas de Rosarito–, en lo que hay coincidencia es que la verdadera prueba de fuego para el controvertido Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad será Tijuana, por su población tan diversa, por la alta incidencia delictiva, por la dinámica de la ciudad. Tres años: malo y caro “Desde la vigencia del 11 de agosto del 2010 a la fecha, Baja California se ha colocado a nivel nacional como un referente”, expone el abogado Fernando Rosales, ex dirigente del grupo de Abogados Penalistas, quien amplía: “Pero referente en cuanto a la instalación, a la infraestructura, de la logística de la atención al público, de los recursos materiales que se han implementado y el apoyo a la dirección de servicios periciales”. Asegura Rosales que “no hay sistema de justicia que compita con el que tenemos actualmente” en cuanto a la infraestructura de todo este sistema en Mexicali. Pero los resultados parecen no ser proporcionales al equipo instalado. Rosales considera que se trata de una justicia muy cara y con pocos resultados. Muestra que desde agosto de hace tres años se han radicado 160 mil NUC (Números Únicos de Caso), lo que significan 160 mil denuncias presentadas formalmente. Aparte habría que considerar las que no se presentaron por razones extraordinarias, las llamadas “cifras negras”, delitos que no se denunciaron. El abogado refiere que de esos 160 mil delitos cometidos y denunciados han llegado al Tribunal de juicio Oral solo 57. Con un ejercicio matemático Rosales calcula el sueldo de los 18 jueces al año, lo multiplica por los tres de vigencia y resulta la cifra de 42 millones de pesos. De ahí derivan otros gastos desde la presentación de la denuncia –todo el trabajo de la procuraduría, periciales ministeriales– para llegar a un juicio oral que tendría un costo de 738 mil pesos cada uno. “Es una justicia muy cara”, insiste el abogado, aunque menciona que los jueces tienen otras actividades como audiencias intermedias, vinculaciones, flagrancias. “Pero en porcentaje no es ni al 1 por ciento el que llega a un juicio oral”, refiere en contraposición al “éxito” con que han calificado la implementación de ese nuevo sistema por los pocos casos que llegan al final. De esas 57 solo tres han sido absolutorias, y 54 de condena. Esto en función de las llamadas “salidas alternas”, como los acuerdos reparatorios, conciliaciones, o las mediaciones o –en un momento dado– los procedimientos abreviados, estos últimos contabilizados 794 en los últimos tres años. Se refiere al mecanismo utilizado para aceptar la culpa y reducir la pena de la mínima hasta un tercio, aunque al inicio era el Ministerio Público el que los proponía, ello provocó cuestionamientos de víctimas y familiares, por lo que recientemente de aplicarse el Juez tiene que tomar en cuenta la opinión del sector agredido. “Desafortunadamente durante la vigencia del sistema se concedieron beneficios de sustitución de la pena y condena condicional incluyendo a personas por violación, robo de vehículo o robo a casa habitación, porque la pena mínima era 6 años, le quitabas un tercio, te quedaban dos años e ingresabas a la hipótesis de obtener un beneficio de sustitución de la pena”, expone Rosales, aunque recientemente el Código fue modificado y ahora el ofendido debe dar su consentimiento. El abogado refiere que desde antes de la vigencia del Nuevo Sistema se han reformado 196 artículos del Código de Procedimientos Penales, lo que significa cerca del 48 por ciento del total. “Cuando se publicó el Código aquí en Baja California, en el 2007, fue una copia fiel y exacta del Código de Chihuahua, lo que hicieron los diputados fue copiar ese Código, hasta con errores ortográficos”, dice el abogado Rosales, quien junto con un grupo de especialistas ha estado proponiendo reformas para adecuar el marco legal, aunque donde no les hicieron caso fue en el tema de la acción penal privada. De hecho esa reforma fue aprobada por el Congreso pero vetada por el Ejecutivo. Rosales menciona otro dato: En el Cereso de Mexicali hay 550 imputados relacionados con el NSJP. “Es lo único que el sistema tiene de las personas que cometieron delitos, lo que se ha generado con esto es una gran impunidad. Aun cuando llegues a un acuerdo reparatorio, el delito existió”, además: en esta vigencia el Ministerio Público ha solicitado solo 879 órdenes de aprehensión. El abogado comenta que desde la PGJE han estado capacitando personal, “pero desafortunadamente esa capacitación vino tarde”, cuando ya estaba en marcha el sistema. En cuanto a la expansión del nuevo sistema a las otras ciudades del estado, refiere que no deben cometerse los errores que ya se hicieron en Mexicali, “para que esto tenga éxito debe permear a la sociedad, a los empresarios, a los medios, a los académicos”, y reflexiona en relación con Tijuana, “tendrán un gran problema”, ejemplifica con el tema de las medidas cautelares. Prisión, la excepción “La actividad antes se hacía en un solo juzgado, ahora se comparte, la responsabilidad se divide en dos áreas importantes, la jurisdiccional (a cargo de los jueces) y la parte administrativa, organizativa”, explica el administrador judicial Marcos Pérez y asegura que ese cambio se ha traducido en que el trabajo del juez sea de mayor calidad. Salvador Morones Pichardo, Juez de Garantías considera que se trata de dos metodologías (la tradicional y el nuevo sistema) completamente diferentes. “En el sistema tradicional el juez era el responsable único y absoluto del juzgado. Con la entrada del nuevo sistema es un cambio fundamental, es el cambio más importante en cuanto al sistema de justicia”, refiere el juez, quien hizo carrera en el sistema anterior. “En el contexto de la academia yo digo que ha nacido un nuevo juez, un juez con habilidades, capacidades, con características muy distintas al sistema tradicional”. En cuanto a lo oneroso, Morones Pichardo opina que ningún sistema es caro cuando se trata del respeto a los derechos humanos. “Vamos transitando hacia eso, lo que ocurre es que mucha gente no entiende cómo funciona. Éste no es un sistema para abatir la delincuencia, es un sistema para procesar de manera diferente a las personas, pero partiendo de una premisa, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos”. El juez de garantías menciona un elemento importante –adoptado internacionalmente– en el sentido que la prisión debe ser la excepción y que la regla sea el que los procesados lleven su proceso en libertad. Rechaza el juzgador que con esta modalidad se proteja a los delincuentes. “La gente debe de saber que las víctimas tienen derechos fundamentales, que hay una Ley General de Víctimas, debe de saber que en las audiencias cuando el juez resuelve, lo hace haciendo juicios de ponderación para proteger tanto derechos del imputado como de las víctimas”. Marcos Pérez alude el comentario de que el nuevo sistema es una “puerta giratoria” para los imputados –que así como entran, salen– recalcando que 61 por ciento de medidas cautelares dictadas por los jueces ha sido la prisión preventiva, lo cual incluso se incrementó cuando el congreso local agravó el robo con violencia. En el caso de los juicios abreviados, la gente supone que es sinónimo de libertad, lo cual es erróneo, y que un abreviado es una medida para acelerar el proceso, pero sin necesariamente dejarlo en libertad. 
“Todo este contexto de información no se ha manejado debidamente y publicitado para que la gente lo pueda conocer y a través de los años”, dice Marcos Pérez añadiendo que la reforma penal es un cambio trascendental. “Cuando este proceso madure, y no van a ser tres, cuatro, estamos hablando mínimamente de una década, diez años para que la gente de la sociedad, si empezamos a informarle bien, empieza a familiarizarse”. Sobre lo que se ha manejado públicamente en cuanto a la ineficiencia del sistema, el juez Morones menciona casos internacionales, como el del corredor Óscar Pistorius en Sudáfrica, acusado del asesinato de su novia, donde el atleta enfrenta el proceso en libertad, o el del chofer del tren en España, acusado de la negligencia que causó 37 muertes, igual está libre pero en proceso judicial. “Así funcionan los sistemas, México es parte del concierto internacional y tiene que cambiar”. Reprobados “Yo le daría un cinco”, dice sin recelo Juan Montejano, el diputado priista, quien encabeza la Comisión de Legislación y que antes estuvo al frente en la de justicia. “Tres años es tiempo insuficiente para cambiar toda la inercia de un sistema tradicional, agotado”, y resume: a las autoridades, a los operadores de este nuevo sistema “los agarraron fuera de base, a todos los poncharon”. Justifica el legislador: “A tres años lo que ha causado en Mexicali es una crisis terrible, sobre todo de credibilidad por parte de los ciudadanos quienes sienten que el nuevo sistema de justicia penal es garantista, pero no para ellos, sino para quienes delinquen”. Además que ha habido una gran inversión, pero “a la operación, ya funcionando, no se le aceitó, no se le inyectó el recurso”, recuerda incluso que en 2011 propuso aumentar 250 millones a la Procuraduría para destinar todo al nuevo sistema, pero el estado solo aprobó 30 millones. Para Montejano, fue el Gobierno del Estado el que “soltó” el tema y lo dejó a la suerte de la Procuraduría. “Es el eslabón que tiene el cuello de botella, aunque las autoridades no lo reconocen”, reflexionó y agregó: Que en el caso de las policías preventivas –estatal y municipal– en estos tres años se puede decir que ya están inmersos en el nuevo sistema, pero sigue fallando el tema de la investigación; y que en la justicia alternativa de 100 casos, 99 no son resueltos, por lo que considera que la conciliación no ha funcionado. Municipales “Nos tocó mucho batallar desde un principio, la Policía Municipal no estaba capacitada para el nuevo sistema”, comenta Francisco Pérez Tejada, alcalde de Mexicali. Recuerda al inicio de su administración en 2010, que los policías se toparon con un procedimiento nuevo, documentos, formatos, que significaba tardarse hasta 8 horas para llenarlos. “Hoy puedo decir que ya hay una policía diferente, coordinada con la Procuraduría, hoy sí podemos presumir pero ya a tres años. Ha sido un aprendizaje muy retardado. “Gracias al tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal los índices delictivos se elevaron, sin embargo hoy creo que podemos presumir que ya tenemos un sistema donde trabajan coordinadamente con la Procuraduría. Creo que para Tijuana va a ser un riesgo la implementación, se tiene que ir preparando desde ahora, no esperar a que llegue”. Por su parte el Director de Seguridad Pública en Mexicali, Marco Antonio Carrillo, considera que ha habido avances importantes, que el nuevo sistema “no ha sido bien difundido, explicado”, e insiste en la base fundamental de la coordinación con la Procuraduría. Sentencia Rommel Moreno Manjarrez, el Procurador, en alusión a las críticas al nuevo sistema penal: “hay mucha gente desinformada, opina por opinar y es obvio que este nuevo sistema hay que ponerlo en contexto, en razón de los otros estados. “El diseño del sistema no fue creado para resolver rezagos, en México lo que estamos haciendo es que la fiscalía está recibiendo todas las denuncias, robos de celulares, robos de pelotas, robos de alambre…sería imposible estar resolviendo asuntos de esa naturaleza en juicios orales. Por supuesto que siempre será perfectible y siempre faltará presupuesto para resolver este tipo de asuntos”. El Fiscal del Estado menciona el necesario fortalecimiento institucional, poder contar con más fiscales, más presupuesto para la investigación, “lo que estamos haciendo ahora es ir hacia lo que es penalmente relevante”. Por lo pronto a partir del lunes 26 inician en el estado una serie de eventos para festejar el tercer aniversario del cuestionado Nuevo Sistema de Justicia Penal. Trece personas con brazalete electrónico en Mexicali Medidas cautelares De acuerdo al nuevo Código de Procedimientos Penales, existe una docena de medidas cautelares, como la prohibición para salir del país, el no acercamiento a la víctima, presentaciones periódicas, prisión preventiva, y destaca, la liberación condicionada a la colocación de un brazalete electrónico. Estas medidas son para personas que cometieron un delito no grave y que el juez determina que mientras sigue el proceso pueden seguirlo en libertad, “a todos nos conviene que no haya tanto imputado en las cárceles”, sostiene Felipe Méndez titular de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento de Medidas Judiciales y Evaluación de Riesgo, que depende de la SSP. El brazalete es un aparato con un sistema electrónico GSM –similar al de los celulares– tiene un costo de 10 mil pesos, está enlazado a un par de satélites que mandan la señal a un receptor que a su vez lo envía por internet a la red de esa Unidad, donde se monitorea. El funcionario refiere que se han aplicado 3 mil 998 medidas cautelares, de las cuales 556 fueron prisión preventiva. De los que quedaron fuera 267 incumplieron su medida y a 58 se les ha colocado el brazalete electrónico –junto con otras medidas– y de éstos media docena han tenido problemas con el aparato, lo han dañado o han tratado de quitárselo. Actualmente 13 imputados en Mexicali portan el brazalete electrónico con el cual pueden recibir llamadas del juez y el aparato lo deben de cargar eléctricamente –igual que un celular– cada cierto tiempo, pero sin quitárselo.
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