A días de que el PRI declarara en voz de su presidenta estatal, Nancy Sánchez, que existían “todos los elementos” para impugnar las elecciones del 7 de julio de 2013, Fernando Castro Trenti convocó a prensa para admitir su derrota. El paso de aceptar resultados por parte del candidato perdedor tendría una moneda de cambio con miras a la integración del Congreso del Estado. El sábado 13 de julio, a cinco días de la elección, en medio de acusaciones y dudas sobre los resultados oficiales y los conteos finales, Castro tuvo que reconocer: “No nos alcanzaron los votos, hay que reconocerlo con madurez política. Estuvimos así… sí, así de cerquititas del triunfo”. Para consuelo de Castro Trenti y el de los suyos, unas palabras más en el aciago mensaje de despedida: “Sé que hay corazones tristes, amigos, así es la vida, no siempre todos los días tendremos sonrisas”. Entonces, el equipo de Castro abandonó la “defensa” de su elección y se concentró en negociar y pelear las posiciones que aún estaban en juego, sobre todo las de Representación Proporcional. La primera estrategia fue él, como ejemplo encarnado: no impugnar. No alegar ni un ápice en los números posteriores a los conteos distritales. Por ende, a los candidatos que se sintieron vulnerados en el conteo final o en el proceso electoral, no se les permitió impugnar. Con la Ley entonces a un lado, fue solo para el recuerdo del “hubiera”. Candidatos perdedores se cuadraron a la orden de su partido. La decisión del PRI llegó desde los vuelos presidenciales, pero fue adoptada por los partidos contrarios, PAN y PRD. Desde sus dirigencias nacionales fueron ordenados a seguir la misma línea. Un acuerdo mutuo. Para los candidatos de las dos coaliciones en el Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, particularmente en su “libro octavo”, que establece los detalles “de las nulidades y del sistema de impugnación”, se quedó empolvada al menos para tres años más.
Fuera de los acuerdos nacionales, Juan Manuel Molina, candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano en el Distrito 1, impugnó los resultados finales en la demarcación 16. Los números lo dejaron fuera de la diputación plurinominal y beneficiaron a su compañera de partido, Claudia Casas. El ex panista impugnó en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado y denunció un “fraude electoral absurdo”, con “cifras infladas” a favor de la virtual diputada. Ella responde: “(Molina) Es un loquito desesperado”. Pero hay más acusaciones no menos graves. Roberto Dávalos, perredista ganador en el Distrito 12 sostiene que el Consejo Distrital manipuló las actas y el conteo de su elección para beneficiar al candidato del PRI, David Ruvalcaba. Dávalos denunció que el PRI “operó” para hacer diputado (plurinominal) a su contrincante e, incluso, en su red social señala “delincuencia organizada por parte de algunos consejeros”. Así el presagio: la XXI Legislatura entrará en funciones hasta el primero de octubre, y ya entre sus integrantes y los que se quedaron en el camino, se aplicaron las decisiones que maniatan y ordenan desde arriba. El pacto para el resultado de la elección A dos días de la elección, pero antes de que comenzaran los conteos distritales, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado para que los partidos políticos aceptaran los resultados, los cuales aún ni siquiera eran oficiales. El 9 de julio, sin referirse a casos en particular, el inquilino de Los Pinos dio la orden: “Corresponde ahora a todos los candidatos y partidos políticos, acatar la decisión ciudadana expresada en las urnas”. Los conteos distritales, es decir, el cómputo oficial, comenzaron el miércoles 10 de julio, Castro fue llamado a la Ciudad de México un día después. Poco se supo de quién y para qué se le citó el jueves 11. Pero el sábado 13, el candidato perdedor dimitió a impugnar y a seguir alegando su posible victoria en la gubernatura del Estado. La instrucción la bajó Castro con su mensaje del sábado en Hotel Lucerna: “Ya no vamos a impugnar porque requerimos una cultura responsable, acudir al Tribunal es negar que en la competencia se gana y se pierde. En esta competencia perdimos… el PREP fue totalmente inconsistente, actuamos al argot de la discusión y la política. Hay un partido ganador, una alianza ganadora, nadie gana todo, nadie pierde todo”. Los ganadores: inamovibles Los resultados que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) la noche del 7 de julio se mantuvieron. Los virtuales ganadores en los 17 distritos fueron finalmente los vencedores en los cómputos distritales. Cambiaron los números, pero no las tendencias. Los cantados el domingo por el PREP fueron los que obtuvieron la mayor votación en sus distritos. El PRI y sus aliados obtuvieron 12 curules, la alianza del PAN, 11, y Movimiento Ciudadano, 2. El Congreso se compone de 25 diputados; 17 de ellos son los ganadores en cada uno de los distritos que conforman el Estado. El resto (8), se asignan de manera “proporcional” en base a su votación entre los candidatos “mejores perdedores” y los registrados en las listas. Los mejores perdedores: manipulados Terminado el conteo y cómputo distrital, los números arrojados -salvo que se impugnen- son los finales. De ahí, la segunda batalla es ver quién de los candidatos perdedores obtuvo el mejor porcentaje. Los primeros, si su partido o alianza obtuvo un porcentaje alto, obtendrán una diputación. Por parte de la coalición “Unidos por Baja California”, Gerardo Álvarez, perdedor del Distrito 9, fue el más alto, seguido por José Luis Pérez Canchola, perredista perdedor del Distrito 8. De “Compromiso por Baja California”, David Ruvalcaba, del 12; Laura Torres, del 17; y Jorge Tsutsumi, del 13. El detalle es que antes del conteo distrital, Ruvalcaba estaría fuera de la diputación pluri y Tsutsumi dentro. Hoy, es al revés. 
Roberto Dávalos, quien fue su competidor ganador en el Distrito 12 y estuvo presente en el reconteo, afirma que para que David Ruvalcaba quedara como mejor perdedor, “hubo mano negra… claro fue muy obvio”. Cita el ejemplo de cómo en el PREP aventajó con 688 votos al abanderado priista, y después, “el viernes (12 de julio) nos citaron para darnos la constancia de mayoría, pero cuando llegamos al Consejo ya nos habían cambiado el resultados, ya estaban manipuladas las actas”. De los 688 votos que tuvo de ventaja preliminar, únicamente 30 sufragios lo separaron de David Ruvalcaba. Dávalos alega que “fue tan evidente el manipuleo”, que en algunas casillas donde aventajaba con más de 100 votos, “de pronto” estaban casi empatados. Según el futuro diputado, René Mendívil, René Molina y Héctor Yunes se apersonaron ese viernes a “jalarle las orejas” a los consejeros, e “instruirlos” para hacer la trampa. Gracias al cambio de números, Ruvalcaba alcanzó diputación, y Tsutsumi, no. Dávalos se lo atribuye a cómo “operaron” los priistas los consejos distritales. El análisis de Dávalos va más allá. En el Distrito 13, con Tsutsumi “fue al revés, el PRI operó pero en contra de su candidato”. Dávalos recuerda como en el Distrito 13 “no hubo el mismo criterio, ahí era según les favorecía a ellos, si los candidatos eran gente de Fernando (Castro Trenti), ahí el candidato pidió abrir veinte paquetes (en el reconteo), y le abrieron solo uno”. Identificado más al equipo de Jorge Hank Rhon, Jorge Tsutsumi prefirió no dar declaraciones a ZETA sobre el tema. A su decir, estaba evaluando impugnar los resultados que no le favorecieron después de hacer un análisis, y así alcanzar la diputación plurinominal o la de mayoría y desplazar a Laura Torres. Hasta el cierre de esta edición, Ttutsumi no interpuso el recurso de revisión. Otro fraude Juan Manuel Molina, candidato de Movimiento Ciudadano en el Distrito 1, no tiene otra explicación: existe “fraude electoral” en el Distrito 16 a favor de Claudia Casas. Incluso, hasta el cierre de edición, fue el único que interpuso un recurso de impugnación. Molina, ex diputado local por Acción Nacional, impugnó el conteo en el 16, puesto que Casas, abanderada del MC en esa demarcación, obtuvo lo que él califica como una sumatoria de votos “anormal”. Gracias a ello, él quedó fuera de la diputación del “mejor perdedor” y Casas se acomodó. En los resultados preliminares, con el 97.57 por ciento de actas computadas, Claudia Casas tenía 4 mil 495 votos. Faltaban 34 paquetes que contabilizar. El conteo distrital, lo cambió todo: Casas remontó a los 6 mil 538 votos, una diferencia de 2 mil 43 votos, con ello obtuvo el mejor porcentaje y la segunda diputación proporcional del Movimiento Ciudadano. Molina señala que el Consejo Distrital actuó indebidamente para modificar las actas en favor de la candidata, y cuando él y su equipo se presentaron en el Distrito 16, los funcionarios del Instituto Electoral desprendieron las sábanas de resultados, así como el acta del cómputo final.
ZETA tuvo acceso a imágenes de las sábanas en el Distrito 16. La suma de los resultados no concuerda con la sumatoria del acta final. Las sábanas arrojan un total de 51 mil 567 votos en la elección de diputado, y en el acta, 48 mil 940. Molina alega que otro comportamiento irregular es que en el PREP, los votos nulos eran de mil 378; en el computo distrital se redujeron a 895. La explicación de Molina es que se sumaron a Casas entre otros restados al candidato del PRI, y otros, simplemente “inflados”. La impugnación Molina hizo su denuncia al 089 el sábado 13 ante el “delito electoral”, pues la consejera presidenta distrital, María Guadalupe Durazo Reyes, desprendió las sábanas y actas del conteo al ser confrontada con las irregularidades que él detectó. Por ello, el 16 de julio interpuso un recurso de impugnación en el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado. Acompañada la impugnación de imágenes y videos que tomó el mismo Molina el sábado 13 de julio, donde se aprecia cómo llega un hombre identificado como Guillermo Aldrete Casarín y Salvador Gómez, representantes del Movimiento Ciudadano y del PRI, respectivamente, para ordenar y desalojar a los presentes en el Consejo Distrital. Ante la cámara de Molina, la presidenta del Consejo y Aldrete despegan las actas de la pared para introducirlas a una oficina. Las pruebas que utilizan Molina y su equipo para sostener la acusación de fraude es uno de los videos que se trasmitieron en vivo durante los cómputos distritales. Este reportero pudo reproducirlo y escucharlo. En él aparece un hombre identificado como secretario fedatario, Rodolfo Elías Alarcón, quien analiza los resultados con la presidenta consejera. En la conversación se escucha cuando Alarcón le sugiere a la consejera Durazo: “Vamos a tener que acomodar todas las actas para corroborar lo que dice ahí (señala a las sábanas de resultados), con lo que dice en el sistema, porque ahí parecen otros datos”. ZETA no pudo comunicarse con la presidenta consejera, dado que desde el sábado 13 de julio, las oficinas han estado sin funcionar. Está “loquito”: Casas En entrevista, Claudia Casas asegura que “los votos que salieron (a su favor) son los que tenían que salir”. Que ella no le teme a la impugnación de Molina ni a un reconteo, pues afirma, los votos que obtuvo ella, los ganó con “mucho esfuerzo”: “Este señor se la pasa diciendo que va impugnar”. La abanderada en el Distrito 16, dice que lo que Molina está haciendo es solo retrasar la entrega de su constancia como diputada: “Es el político de siempre que probó las mieles del poder y está loquito, desesperado por querer ser diputado”. En su opinión, la acusación de Molina es muy grave, puesto implicaría que los consejeros y representantes de los partidos, incluyendo el de Movimiento Ciudadano, se prestaron para una “trampa”. Claudia argumenta que Molina solamente obtuvo 3 mil 881 votos, teniendo ya la experiencia de ser diputado. Que si hubiera sido un buen legislador, cuando menos la gente se lo hubiera reconocido con su voto. En porcentajes y tras el conteo distrital, Molina obtuvo el 11.92% de la votación efectiva, y Casas el 13.76%. Se resolverá en el Tribunal. La Ley marca el 15 de agosto como tope para que se resuelvan las impugnaciones, después de cuatro días, el 19 de agosto -si es que no hay otra impugnación en la Sala regional del Tribunal Federal-, el Consejo Electoral estará haciendo el cálculo oficial para asignar diputados de representación proporcional y dejar, ahora sí, integrado el nuevo Congreso de Baja California, señalado a la fecha de fraudulento y maniatado por las decisiones cupulares. Quieren “acomodar” a Síndico Social con regidores Aunque la figura de Síndico Social nació como una contraparte dentro de Sindicatura Municipal, los síndicos procuradores de Tijuana, Mexicali y Ensenada, buscan enviar a los todavía no estrenados funcionarios públicos con los regidores. Así, no solamente expulsarían a un miembro de oposición de sus oficinas, sino que evitarían el trabajo que requiere, en cuatro meses, dejar las condiciones listas para que asuma funciones. La reforma constitucional, publicada el 26 de octubre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, aprueba la adhesión de un “intermediario entre el pueblo y las autoridades” en ayuntamientos con más de 250 mil habitantes. El cargo será concedido al candidato a síndico procurador de la planilla que obtuvo el segundo lugar en el número de votos. Por lo que en Tijuana, será Antonio Valladolid (panista); en Mexicali, Francisco Fimbres (priista), y en Ensenada, Félix Ojeda (panista). El primero salió del Estado y “no tenía forma de comunicarse” con ZETA, mientras Francisco Fimbres y Félix Ojeda compartieron sus impresiones de lo que será el nuevo cargo. Ninguno de los dos estaba enterado de las reuniones, como la del 12 de julio, sostenidas por la Red de Síndicos para delinear no solamente el reglamento, estructura orgánica y presupuesto del nuevo miembro de Cabildo, sino cómo colocarlo -hasta físicamente- con los regidores; incluso, cederle el espacio del primer regidor de minoría. “Lo que percibimos es la Ley que el primero que se va a escoger es el Síndico Social, entonces nosotros entendemos que de los espacios a los regidores, escojas al síndico y luego vengan los demás”, explicó la síndica Yolanda Enríquez. Junto a sus homólogos de Ensenada y Mexicali, acordaron compartir sus propuestas de reglamento para equipararlo, tentativamente del 22 al 26 de julio, para después presentarlo ante sus respectivos Cabildos para su votación. De lograr convencer a los regidores, entonces acudirán al Congreso del Estado -muy probablemente, ya que entre en funciones la siguiente Legislatura, puesto que aún no han sido concretados los proyectos- para pedir que el lugar del primer regidor de oposición, sea cedido al Síndico Social. Cuestionada sobre cuándo se realizará la presentación ante Cabildo, Enríquez respondió: “Eso ya no está en mis manos, voy a sacar una propuesta, la voy a presentar en Cabildo, algún otro regidor podría presentar otra propuesta”. De hecho, desde el 2 de abril, el regidor priista Francisco Alberto Gómez Medina presentó su iniciativa ante la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, la propuesta no ha sido votada en sesión de Cabildo. El documento hace referencia a las modificaciones necesarias en ciertos códigos municipales para dar carácter al nuevo funcionario, incluye también el que sería el reglamento interno de Sindicatura Social. Disposiciones generales y estructura son abordadas, no así el presupuesto y el organigrama. La actual Sindicatura se compone de cinco direcciones: Responsabilidades, Contraloría, Asuntos Internos, Normatividad y Sindicatura Social, esta última, la seleccionada para ser separada de las responsabilidades del síndico procurador y otorgada a su contraparte. Sin atribuciones ni responsabilidades nuevas en beneficio de la comunidad, quien despache en el nuevo cargo llevará una elemental ventaja sobre el actual director del área, por el mismo trabajo. Seguramente pasará de un salario mensual de 43 mil pesos, a uno aproximado a los más de 75 mil pesos que percibe Yolanda Enríquez. Con nuevo personal a su cargo, la existencia del Síndico Social representará un gasto mayor a los 40.5 millones de pesos anuales destinados a la dependencia, aunque queda por definir cómo quedará estructurada en cada administración municipal. De acuerdo al reglamento interno a votarse en Tijuana, el Síndico Social “participará en la formulación y ejecución de los programas y políticas públicas de desarrollo social”, además de ser receptor de quejas y sugerencias de la población, en relación a la prestación de servicios públicos. Para ello, contará con cuatro coordinaciones adicionales: Desarrollo Social, Quejas de Servicios Públicos Municipales, Vinculación Social, así como las coordinaciones Técnica y Administrativa. La síndico disiente: “La función de Sindicatura Social es una función social de apoyo para temas de servicios y de obra pública, pero no para responsabilidades de ningún tipo”. Bajo su interpretación de la reforma, Enríquez continúa: “La Ley dice que el primero que se nombraría sería el Síndico Social, entonces (los síndicos procuradores) decimos que de las siete de minoría, solamente quedarían seis en espacios de representación popular y habría que armarle una estructura”. De esta forma, los síndicos procuradores actuales, Alfredo Ascolani (Mexicali) y Carlos Escobar (Ensenada), coinciden con su homóloga en Tijuana: convertir al Síndico Social en uno de los 15 regidores que, junto al síndico procurador y al presidente municipal, integrarían los 17 espacios en Cabildo. Entrevistada en abril de 2013 sobre el tema, la síndico procuradora de Tijuana apeló el intercambio de espacios con uno de los ediles de oposición, como una forma de “mantener el número par en el Cabildo, al mantener votaciones en las sesiones”. Sin embargo, cuatro meses después respondió que su espacio corresponde con regidores, “porque la función de ellos es muy diferente a la de nosotros. Sindicatura Social va a recibir quejas de servicios y de obra pública, estás hablando de acciones de gobierno y no de acciones, en lo particular, de servidores”. Insistente, asegura: “Eso es lo que nosotros vemos en la Ley”, y que el Síndico Social, quien según lo discutido entre síndicos procuradores, despacharía desde el espacio de regidores, atendería quejas ciudadanas sobre servicios municipales. “Luminarias, obra pública, recolección de basura, ésa es su función”, argumentó Yolanda Enríquez de la Fuente. “Mi sueño era ser síndico procurador”: Francisco Fimbres Entrevistado sobre el cargo que ocupará a partir del 1 de diciembre, Francisco Fimbres, de la planilla derrotada de Elí Topete, de la coalición “Compromiso por Baja California”, se ha mantenido ocupado “juntando la información para hacer un buen análisis de qué trata exactamente la Sindicatura Social”. Entre sus ideas, destaca el establecer un call center para atender, vía telefónica, las quejas ciudadanas. “Tendré un papel importante, no lo veo como oposición, pero como una oportunidad para que tenga un balance importante la próxima administración, desde mi trinchera, siendo de otro partido”, justifica quien fuera tesorero del XX Ayuntamiento de Mexicali, hasta su renuncia para registrarse en la planilla de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional. “Mi sueño era entrar como síndico procurador con la administración que pudo haber encabezado el candidato Elí Topete, desgraciadamente no se dieron las cosas, pero veo una gran oportunidad de trabajar con el gobierno entrante de Jaime Díaz Ochoa”, dice optimista. Después de manejar las finanzas públicas durante dos años y dos meses, el próximo síndico social considera el excesivo gasto en servicios personales, como la principal causa de los “muchos problemas financieros” del Ayuntamiento. El 72 por ciento del presupuesto anual destinado a Mexicali, se requiere para pagar la nómina municipal, a la cual, por segundo trienio consecutivo, se sumará Francisco Fimbres en un cargo nuevo. Por su parte, el panista Félix Ojeda no se considera de oposición, “hay que quitarnos la camiseta del partido al que pertenecemos”. Abogado de profesión, refiere conocer muy bien la Ley del Régimen Municipal, en la cual se establecen las funciones de su nuevo cargo. “Me atrae el puesto, se me hace una función muy padre”, comenta, para añadir que las únicas dos distinciones entre las figuras de Síndico Procurador y Síndico Social, son: “El síndico procurador es el representante del Ayuntamiento, el síndico social no. Quien sanciona es el síndico procurador, no el social”. Al igual que su homólogo mexicalense, Ojeda indica que contrario a la lectura de la síndico tijuanense Yolanda Enríquez de la Fuente -, el síndico social “recibe quejas, y para ello tiene que haber un departamento de quejas sobre las quejas de los funcionarios”. Por su parte, Enríquez manifestó que la actual Dirección Social de Sindicatura Municipal no será eliminada ni se le restarán empleados, simplemente se le buscarán nuevas funciones y un nombre diferente para conservar el departamento. Así se perfila no el nuevo cargo público. A cuatro meses de la llegada de los tres funcionarios públicos, sin reglamentos, estructura ni presupuesto, mucho menos oficinas. Sin espacio ni funciones claras o precisas, ni iniciativas votadas en los Cabildos de Tijuana, Mexicali ni Ensenada. El puesto de Síndico Social será el consuelo de los derrotados en las urnas el 7 de julio. Garantiza como verdaderos ganadores no a los ciudadanos, sino a quienes, a falta de votos necesarios para colocarse en un puesto, se conformarán con otro. Inés García Ramos
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